La salida de Iglesias no resuelve las disputas entre PSOE y Podemos

Hicieron mal pronóstico. Este martes se cumplieron tres meses del abandono de la política por parte de Pablo Iglesias, tras su derrota en las elecciones en la Comunidad de Madrid. Y casi nada ha cambiado. Fuentes de Unidas Podemos aseguran a ABC que mantendrán su «cabezonería» porque «son propuestas firmadas y el PSOE se comprometió a cumplirlas». Precisamente, la pasada semana, Díaz aseguró en una reunión del grupo parlamentario que irán «fuertes» a negociar los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para cumplir con el acuerdo de Gobierno. Compromisos firmados que además son apoyados y reclamados por los socios de la investidura. Lo que añade más presión.

Las reuniones entre los equipos de PSOE y Unidas Podemos para las próximas cuentas empezaron hace una semana con María Jesús Montero y Nacho Álvarez cara a cara. Por su parte, la vicepresidenta Díaz se adelantó al PSOE y se reunió con los portavoces del ‘bloque plurinacional’ que soldó Iglesias el año pasado. «Una toma de contacto». Sí. Pero también un arma. Blindar esa relación en el Congreso le garantiza su influencia sobre el PSOE mientras éstos no tengan alternativa.

Desde que ya hace tres meses el exlíder de Podemos dejase radicalmente la política por su batacazo en Madrid , la coalición ha mejorado la gestión pública de sus discrepancias: sin tanto cuerpo a cuerpo ni presión a golpe de filtraciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Yolanda Díaz se reúnen cada semana. Óscar López y Josep Vendrell, respectivos jefes de Gabinete, hacen lo mismo. Pero cuesta avanzar en las reuniones de siempre. La vivienda es una de los materias que más les obstruye.

El miércoles de la pasada semana fue la primera reunión entre la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para retomar contactos. No fue como esperaban los morados; explican a este diario. La nueva ministra tampoco contempla limitar los alquileres, a pesar de que creían que, «por lo menos», tendría voluntad de escuchar ya que siendo alcaldesa de Gavà (Barcelona) sí lo defendió.

La intervención de los precios del alquiler no solo está firmada en el acuerdo de investidura. En el marco de la negociación de las cuentas vigentes, el PSOEse volvió a comprometer a que el Consejo de Ministros aprobara la norma en enero para que se tramitara en febrero en el Congreso. Nunca se cumplió. El PSOE insiste en los incentivos fiscales a los propietarios que bajen los precios, mientras Unidas Podemos se enroca en intervenir . Un retraso de siete meses sin apariencia de que vaya encaminarse pronto.

En la misma situación de atasco está la subida del SMI que defiende la vicepresidenta Díaz. Unidas Podemos no tiene garantías de que vaya a producirse este año, pero es cierto que las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, apuntando a la posibilidad de subir el SMI en septiembre, sitúan esta negociación en un estadio más positivo que en los últimos meses. Se verá.

Esta es otra de las grandes batallas del socio minoritario en el Ejecutivo. Díaz y Calviño protagonizaron a final del año pasado un pulso soterrado muy intenso. Iglesias y la vicepresidenta Díaz apretaron para aprobarlo, pero las reticencias de Nadia Calviño, alegando que en la situación económica derivada de la pandemia la medida perjudicaría a la recuperación, bloquearon todo. Unidas Podemos terminó por asumir la negativa socialista, pero el equipo de Díaz empezó a trabajar para que fuera posible hacerlo antes de finalizar 2021. Así, el Ministerio de Trabajo reunió a un grupo de expertos donde se representaban diferentes sensibilidades del Gobierno y agentes sociales para desarrollar una estrategia. El comité planteó en junio la posibilidad de subir el salario mínimo de los 950 euros actuales hasta 1.050 al final de la legislatura. El planteamiento es mediante un aumento escalonado que empiece en 2021 y sus mayores saltos sean en 2022 y 2023. Sin embargo, en el Gobierno de coalición todavía no hay ningún acuerdo.

La reforma fiscal se anticipa ya como otro generador de conflictos para el segundo trimestre del año en La Moncloa. El curso pasado, la pandemia y las cuentas excepcionales centradas en frenar el declive bloquearon cualquier opción. Aunque Unidas Podemos lo luchó, no lo consiguió. Su minoría en el Gobierno se lo impide. Ahora reclaman recuperar el debate en la coalición para una reforma fiscal «verdaderamente progresiva y ambiciosa» en los Presupuestos de 2022.

El presidente del Gobierno quiere presentarlos en «tiempo y forma» y que entren en vigor el 1 de enero. El PSOE insiste en que no es el momento de la reforma fiscal y emplaza esta negociación para 2023. Pero Podemos advierte de que no se plegarán fácilmente. Al margen de estas batallas, en esta nueva etapa hay un claro esfuerzo por ambas partes de promocionar el buen funcionamiento de los mecanismos de coordinación. Sánchez y Díaz quieren evitar polémicas que enturbian los debates internos y priman la discreción. Así, por ejemplo, en el balance que hizo el presidente del Gobierno del primer semestre del año éste señaló que se han cumplido un 33,4% de los compromisos adquiridos en el pacto de la coalición.

Así, Sánchez estimó que a finales de 2021 PSOE y Unidas Podemos habrán cumplido con un 41,6%. «El Gobierno avanza», consideró. En Unidas Podemos no son tan triunfalistas y dicen que si no estuvieran en minoría irían a por mucho más. El PSOE, reconocen, les frena.