El Gobierno propone restringir los permisos de trabajo de rumanos en España

Según ha explicado su departamento, la medida sería de carácter temporal, se revisará al cabo de un año y no afectará a los rumanos que ya se encuentran en el mercado laboral español, ya sea trabajando, cobrando el paro o en búsqueda activa de empleo a través del servicio público estatal. Esta decisión se adopta teniendo en cuenta tres factores principalmente: que la población rumana ha seguido creciendo a un ritmo cercano al once por ciento interanual durante la época de crisis, que el paro entre esta comunidad ronda el 38 por ciento y que la situación económica española no admite nuevos trabajadores.

Por eso, a partir de ahora los rumanos que quieran incorporarse al mercado laboral español tendrán que presentar primero un contrato laboral en firme que les dará acceso a una autorización de la Administración para ser contratados por cuenta ajena. En su caso no será tenida en cuenta la situación nacional de empleo, como se hace con las nacionalidades de fuera de la Unión Europea, sólo la existencia de dicha oferta contractual en firme. Cuando Rumanía y Bulgaria se adhirieron a la Unión Europea, el tratado de adhesión permitía a los Estados miembros establecer un periodo de un máximo de siete años durante el que limitar la entrada de ciudadanos de estos países en sus mercados laborales. España levantó esta moratoria en enero de 2009, mediante una resolución que le reservaba el derecho de volver a implantar las restricciones en caso de que su mercado laboral atravesase dificultades.

Este es el derecho que ejerce ahora el Gobierno para restringir la entrada de nuevos trabajadores rumanos al mercado laboral, que no al territorio nacional, ya que como europeos, tienen reconocido el derecho a la libre circulación por el espacio Schengen. De este modo, podrán trasladarse a España si lo desean, pero no trabajar sin una autorización oficial previa.

En Alemania, Francia e Italia, donde no se llegó a levantar la moratoria, rumanos y búlgaros siguen necesitando un permiso de trabajo para ser contratados por cuenta ajena. En el caso de los búlgaros, España mantendrá la libertad para trabajar sin necesidad de autorización previa. La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, ha incidido esta semana en que la decisión no apunta a los rumanos por el hecho de serlo, ya que se trata de una población «bien integrada» en España, sino porque es la única nacionalidad inmigrante con crecimiento poblacional en los últimos tres años a la que no se exige este permiso. «Ésta es una decisión estrictamente técnica, basada en consideraciones internas generadas por la situación del mercado laboral en España, y se enmarca en la política migratoria general adoptada por el Gobierno», ha acotado el Ministerio de Trabajo de Inmigración, para incidir en que «la comunidad rumana tiene una alta tasa de actividad y una plena integración en la sociedad española».