Rivera logra su plan social y educativo pero cede en las reformas institucionales

En el pacto con el PSOE se dedicaba bastante espacio a la reforma constitucional, se enunciaban los principios básicos y se hablaba del procedimiento: «creación, en el plazo de un mes, de una Subcomisión para la reforma en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso. Al finalizar los trabajos de la Subcomisión, se procederá al nombramiento de una Ponencia Constitucional para que pueda iniciar la redacción de un proyecto a inicios del año 2017». Incluso había espacio para hablar de una reforma urgente. Rivera solo ha logrado arrancarle a Rajoy el compromiso para iniciar «una mesa de trabajo para impulsar la reforma constitucional». Una vez exista consenso sobre los principios básicos de la reforma se abrirá una ponencia constitucional.

El acuerdo recoge el compromiso de «rebajar el IRPF en 2 puntos hasta dejarlo entre el 18% y el 43,5% una vez que España haya alcanzado el objetivo europeo de reducir el déficit público por debajo del 3%. Hasta entonces, en ningún caso se subirá el IRPF». El pacto con el PSOE era menos preciso y se comprometía a bajarlo «cuando la situación lo permita».

Compromiso para transformar el Senado en estricta cámara territorial. Entre sus futuras competencias figurarán la determinación del sistema de financiación autonómica, los planes estatales de infraestructuras de transporte o la determinación de niveles comunes en los grandes servicios públicos. Ambos partidos se comprometen a apoyar la reducción sustancial del número de senadores, pero sin especificar la cifra. En el pacto con el PSOE se hablaba de pasar de 266 a 100 senadores.

Sí logró Rivera que en el pacto con el PSOE se hablase de «suprimir» las diputaciones y sustituirlas por un consejo de alcaldes. Aquí no lo ha conseguido. Se conforma con un compromiso para eliminar duplicidades administrativas y promover reformas para una prestación eficiente. Pretenden ahorrar 1.000 millones en 2017 y 6.000 millones en 2018, 2019 y 2020. El PP ha incorporado al acuerdo un compromiso de que cualquier recorte no ponga en riesgo los servicios que las diputaciones prestan a 15 millones de españoles que viven en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Medida bandera de Ciudadanos, que logra una financiación de 7.600 millones de euros para los próximos cuatro años. Funciona como un crédito fiscal para los salarios más bajos, que va disminuyendo su cuantía conforme el salario crece hasta desaparecer. C´s ha recortado un tercio de su plan, ya que en su memoria económica dotaba esta partida con 11.200 millones de euros para el periodo 2017-2020. Pese a eso creen que podrían beneficiarse de ello dos millones de hogares.

Los cambios en el modelo laboral son similares a los pactados con el PSOE en lo referente a la simplificación de contratos. Habrá tres: contrato de formación, protección creciente (al segundo año se hace indefinido) e indefinido. Se introducen incentivos vía cotizaciones sociales para las empresas que apuesten por la conversión en indefinidos y penalizaciones para las que abusen de la rotación. A diferencia del pacto con el PSOE, no se habla de un nuevo estatuto de los trabajadores.

Se impulsará un Pacto por la Educación para lograr una ley con el consenso de todos los partidos y los colectivos educativos. El PP ha tenido que aceptar paralizar la Lomce: «En el primer mes de gobierno se constituirá una Subcomisión parlamentaria en el Congreso que permita la elaboración de un acuerdo consensuado en el plazo de seis meses. Durante ese plazo y hasta que se logre un Pacto Nacional, se congelará el calendario de implementación de la Lomce en todos los aspectos que no hubiesen entrado en vigor».

En el ámbito educativo se acuerdan medidas para combatir el abandono y el fracaso escolar. El primero consiste en establecer un programa de gratuidad de los libros de texto para las familias a través de un sistema público de libros compartidos (350 millones de euros al año). Otra medida es extender el número de plazas de educación infantil 0 a 3 años y ayudas para facilitar el acceso a las familias con menos recursos (300 millones de euros el primer año y 150 los años siguientes). El tercer plan se centra en el refuerzo educativo, con profesores de apoyo. Se presupuesta en 500 millones al año, aunque se implementará desde 2017 con un programa piloto (60 millones).

Apuesta por la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, revisando los incentivos para fomentar la permanencia de los trabajadores en activo. Para ello se apuesta por compatibilizar la percepción del cien por cien de la pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad laboral o profesional ya sea por cuenta propia o ajena. Ahora está limitado al 50 por ciento.

El pacto se compromete a reforzar los fondos creados desde 2014. El primer año se destinarían 1.000 millones de euros y los siguientes 1.560 millones. La propuesta original de Ciudadanos era de 2.650 millones al año.

Los dos partidos se comprometen a invertir 500 millones en los dos próximos años para promover «la implantación y formación en herramientas digitales, un sistema de gestión procesal común, un punto general de acceso para el ciudadano y el desarrollo pleno de avances tecnológicos como los archivos judiciales electrónicos o la firma electrónica». También se compromete a incrementar los medios «materiales y humanos» en la Administración (700 millones durante los próximos cuatro años).

El pacto plantea reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para fortalecer su autonomía y eficacia. Se quieren modificar «los requisitos y condiciones» exigidos para la designación del Fiscal General del Estado, de manera que sean necesarios 20 años de ejercicio profesional y una capacidad e independencia acreditadas. Igualmente, se regulará el mecanismo de reprobación por el Congreso de los Diputados y su posterior cese». También se ha acordado eliminar la posibilidad de que los parlamentos autonómicos puedan proponer magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, como sucede en la actualidad.

Existe un compromiso presupuestario de de 400 millones en 2017 para ampliar en cuatro semanas el permiso de paternidad y 800 millones de euros para completar el aumento en el ejercicio siguiente de otras cuatro semanas. Se incorpora, además, un plan de conciliación.