Ciudadanos defiende su contrato único ante el PP, que no ve «obstáculos insalvables»

Durante la tarde los equipos negociadores de ambos partidos volvieron a reunirse con esperanzas de poder cerrar el primer bloque de los cinco en los que pretenden dividir el acuerdo, el eje dedicado a la economía el empleo y la competitividad. Un ámbito en el que el vicesecretario del PP Fernando Martínez-Maíllo advirtió que existen «importantes coincidencias» . El PP exhibió en el día de ayer un tono más optimista que el que quiso mostrar Ciudadanos. El secretario general del grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez, que destacó discrepancias «en cómo generar empleo de calidad, sostenible y estable son condiciones en las que nos queda mucho por hacer».

Si se trasladó que hoy se pretendía cerrar el bloque económica a la vez que se reconocían discrepancias en el modelo laboral es porque ambos partidos acordaron aparcar para el final de las negociaciones.

Fuentes del equipo negociador de Ciudadanos confirmaron a ABC que en la primera reunión, centrada en las medidas económicas, aparecieron dos elementos que complicaron que este apartado pudiese culminarse de forma satisfactoria. Se trataría del modelo laboral y del régimen de autónomos. Dos cuestiones de las que Ciudadanos ha hecho bandera de su política económica. En su comparecencia ante los medios, el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez , reconoció diferencias en lo relativo al modelo laboral.

En la reunión de la mañana se abordaron más de una veintena de puntos, pero se encalló en esos dos. Desde el grupo de negociadores del PP se lamentaba que los de Albert Rivera «no quieren renunciar al contrato único», mientras que desde el equipo de Ciudadanos se aplicaba el otro puntos de vista: «el PP no quiere acabar con los contratos temporales» . En Ciudadanos aseguran que no van a abandonar su propuesta por reducir de manera sustancial el número de contratos.

En cualquier caso, en su acuerdo con el PSOE Ciudadanos aceptó caminar hacia un modelo de simplificación de contratos y un sistema de penalizaciones a las empresas que apostasen por la rotación de los contratos temporales, que tendrían una duración máxima, mientras que se introducían incentivos para las compañías que apostasen por los indefinidos. El otro punto de fricción es el régimen de autónomos. Ciudadanos ha venido defendiendo que aquellos que no alcanzasen ingresos superiores al salario mínimo interprofesional no pagasen cuota de autónomo s. Mientras que para el resto se aplicase un gravamen progresivo en función de los ingresos. Desde el equipo negociador de Ciudadanos se advierte este punto como otro elemento de discrepancia con el PP. Aunque fuentes gubernamentales limitan el problema y hablan incluso de «sintonía» al respecto .

En el acuerdo con el PSOE, los de Rivera optaron también aquí por un punto intermedio : abordar la reforma del régimen de autónomos en una comisión parlamentaria, pero aplicar de manera inmediata una cuota de 50 euros para quienes no alcanzasen el SMI.

En el lado contrario sí parece que se encontraron más afinidades en la cuestión fiscal, donde Ciudadanos mantiene su p ropuesta de ampliar la recaudación del impuesto de Sociedades eliminando bonificaciones y deducciones. Desde hoy se abordará la negociación de uno de los siguientes bloques: sociedad del bienestar, transparencia, fortalecimiento institucional y España en el mundo. Aunque ambos partidos coinciden en que el económico condicionará de forma importante la posibilidad de poner en marcha algún plan social. En Ciudadanos aspiran a cambios profundos en la administración que liberen alguna partida presupuestaria.

Aunque en ambos partidos ya se piensa en cuando puede firmarse el acuerdo, con viernes o domingo como fechas más probables, las dicrepancias no alcanzan solo a la negociación , sino a la aplicación del pacto anticorrupción firmado la pasada semana.

Uno de los seis puntos que impuso Rivera para empezar a negociar era la «separación inmediata de cualquier cargo público haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política». Y así aparece en el documento. Pero el PP y Ciudadanos discrepan del alcance. Fuentes de la dirección naranja lo circunscriben al ámbito estatal (Gobierno, Congreso y Senado), aunque Rafa Hernando lo extendió la pasada semana a todos los niveles. Pero para Ciudadanos está medida, una vez firmada, ya está en vigor, mientras que en el PP no opinan igual. Martínez Maíllo señaló ayer que «para que este documento entre en vigor tiene que haber un Gobierno».