BOE: reflejo de una gestión caótica, improvisada y sin consenso

El diario oficial es reflejo de una gestión improvisada y caótica, de un gobierno a tientas. Lo admitió el jueves el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias: «La razón por la que está funcionando bien el confinamiento no es la precisión del Boletín Oficial del Estado». El mérito recae en los ciudadanos, que se esmeran por cumplir con su deber cívico pese a que en varias ocasiones se han ido a la cama sin saber si al día siguiente podrían ir o no a trabajar. El caos normativo está siendo otra constante en estos días.

Además del boletín ordinario, se han publicado 16 números extraordinarios (el primero, el 10 de marzo, el último, ayer, sobre el protocolo de pasear con niños menores de 14). Este es un recurso especial hasta entonces reservado para ocasiones como la abdicación del Rey o la activación del artículo 155 de la Constitución para frenar el golpe separatista en Cataluña. La superproducción legislativa ocupa cientos de páginas. Y se justifica por la naturaleza cambiante de la amenaza sanitaria. Pero no siempre. Es desolador que Sanidad haya cambiado hasta tres veces el modelo de recogida de datos de fallecidos y contagiados que recaban las comunidades, por citar solo el caso más sangrante.

En esta situación de urgencia se aprueban normas de alta carga ideológica, como la prohibición del despido, o el anunciado ingreso mínimo vital, con vocación de permanencia. Todo por la vía rápida, innegociable. Los partidos de la oposición, los presidentes autonómicos y la Patronal se han quejado de tener que enterarse por la televisión. Y confirmarlo por el BOE .

A veces se cuelan de rondón otras disposiciones que poco tienen que ver con la crisis sanitaria, como la autorización de continuar con indultos cuando se han parado todos los procesos administrativos. Oel que se haya oficializado que Pablo Iglesias estará en la comisión del CNI. Apareció en los márgenes del BOE, se introdujo en una disposición adicional del real decreto para combatir los efectos económicos del Covid. Por sorpresa.

También se toman medidas de dudoso encaje legal con la excusa de la excepcionalidad. Diversos juristas hablan de inconstitucionalidad y denuncian que el Ejecutivo asuma poderes extraordinarios que no le corresponden. «Se ha creado un ordenamiento jurídico paralelo que viene a sustituir al ordenamiento ordinario del Estado», avisa el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo, que manifiesta dudas sobre que el Parlamento pueda ir aprobando el nuevo «magma normativo» cuando en realidad su pronunciamiento debiera ceñirse al decreto de estado de alarma y sus prórrogas.

La aceleración normativa viene marcada por la confusión en la propia redacción de las normas que entran en vigor y los continuos cambios. Esta circunstancia ha generado falta de certeza y de inseguridad jurídica, advierten los expertos. «Las norma deben ser claras, precisas y concisas, saber qué nos dicen para poder cumplirlas. La oscuridad y deficiente redacción generan inseguridad y conflictos en los tribunales», señala Arnaldo.

Pero es que además su publicación en horas intempestivas ha alimentado la incertidumbre entre la población, más atenta que nunca al Boletín Oficial para averiguar, por ejemplo, si puede ir a trabajar o no. El decreto-ley que ordenaba paralizar toda la economía no esencial se publicó al filo de la medianoche (23.36 horas) del domingo 29 de marzo. El BOE, lo nunca visto, se convirtió en trending topic tras una tarde desfilando borradores inexactos que alguien filtró. El detalle de ese decreto fue publicado sin que Sánchez informara a los partidos, las comunidades o la patronal. El domingo 12 de abril, también de noche (21.14 h), se publicó por sorpresa la prohibición de obras en edificios habitados, apenas unas horas antes de que albañiles, fontaneros y electricistas se enfundasen el mono azul. La imprevisión es máxima.

Y eso que el Gobierno está inmerso en un desfile continuo ante la opinión pública. Con la población encerrada en casa, el presidente aparece en los televisores , normalmente a la hora de comer o de cenar, con un lenguaje bélico que arenga a la unidad frente al enemigo invisible. Sánchez tutea a los españoles como si fuera el Rey. Los prepara para la «guerra» y «la posguerra». Sus discursos son eternos y confusos. Hasta el momento han sido diez las alocuciones desde el 12 de marzo llamando al cierre de filas. Pero la sobreexposición no es sinónimo de transparencia. De hecho, el Gobierno ha anulado el portal de Transparencia y oculta contratos clave.

Eva Belmonte, periodista y directora de la Fundación Civio, lleva ocho años desgranando el diario oficial en una tarea encomiable de servicio ciudadano. «Hay una diferencia abismal entre lo que se anuncia y lo que se aprueba», advierte. «Y ahora es mucho más grave por las circunstancias y porque se dan hasta tres ruedas de prensa diarias», señala.

El lema de Belmonte es que todo es propaganda hasta que no se publica en el BOE. Y la superprodución de Moncloa contiene altas dosis de ella. Así, el «escudo social» del que presume Iglesias esconde requisitos de difícil acceso a las moratorias del pago de alquiler o hipoteca, publicadas en el decreto del 1 de abril. La confusión está siendo enorme. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, anunció que se aplazaría el pago de impuestos de los autónomos desde marzo, pero no será hasta mayo.

Nada se ha explicado del paquete de 15 millones de ayudas a las televisiones privadas para garantizar su servicio…

Estos días frenéticos del BOE, Civio ha recibido más de 700 consultas para aclarar cuestiones que afectan de lleno a la vida de los ciudadanos, empezando por sus limitación de movimientos o su derecho a acudir al trabajo Se han publicado tres versiones distintas en el BOE sobre cuántos viajeros pueden compartir un coche. Otro ejemplo:se han restringido varias veces y sin avisar las condiciones laborales de los transportistas, sus horas de descanso. Los colegios profesionales también se ven desbordados con las dudas de sus asociados.

Belmonte señala el caso más elocuente de la enorme imprecisión que nos gobierna. Sánchez afirmó que pese al confinamiento se podía sacar a pasear al perro. «Pero ninguna norma o disposición precisa lo recoge», asegura la autora de «El Boe nuestro de cada día» . Sanidad asegura que las personas de riesgo (embarazadas, problemas respiratorias crónicos, edad avanzada) no deben ir a trabajar, pero como denuncian desde Civio no existe una orden específica que lo ampare, sino que queda al albur de lo que digan los servicios de riesgos laborales.

No ha habido tampoco diálogo social. Como en Italia, el Gobierno prohibió el despido por causas del coronavirus, dejando su huella ideológica sin avisar. La CEOE se enteró por televisión de esa decisión que interviene de lleno en la libertad de empresa y que, se quejan, frustrará la recuperación.

Los empresarios han expresado su desconfianza desde que Pablo Iglesias apuntó en Twitter a la nacionalización de sectores económicos. En el propio bipartito hay tensión. Hasta el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, reconoció haber conocido «por la prensa» el plan de Iglesias para lanzar la renta mínima vital. Este ingreso mínimo se aprobará como una prestación permanente. «No nos gustaría que algunos quisieran aprovechar la crisis para cambiar el modelo de Estado» , aseveró su presidente, Antonio Garamendi, en charla con ABC.

Pero la orden ministerial que ha generado aún más confusión es del Ministerio de José Luis Ábalos, que tuvo que salir a aclarar que no se había autorizado la confiscación de viviendas privadas para ponerlas en alquiler, hasta cinco años, a disposición de personas en situación de vulnerabilidad por el Covid, como muchos interpretaron. Empezando por el PP, que habla de «expropiaciones de facto». También lo entiende así la magistrada especialista en lo contencioso-administrativo Sandra González de Lara Mingo, que alerta de la «alarmante Orden que limita la ocupación de viviendas privadas» en un extenso artículo recogido en «Diario ley». Al caos sanitario y económico, debe sumársele el lío jurídico en el que se enreda el Gobierno.