Así se recortan libertades sin dar explicaciones

Con el Gobierno crecido por unos superpoderes previstos en la Constitución y necesarios para afrontar la pandemia, la necesidad de un control de la oposición y de la prensa es mayor aún que en condiciones normales. Pero el Ejecutivo insiste en amordazar al Parlamento, señalar a la oposición, censurar a la prensa...

Transcurridas hoy cinco semanas de confinamiento, este es el resumen en veinte pasos de una gestión gubernamental que combina el recorte de derechos y libertades con la resistencia a dar explicaciones. Un mayor poder exige una mayor responsabilidad, un mayor control y una mayor fiscalización.

Desde la declaración del estado de alarma con el consenso de la oposición y el apoyo mayoritario de la sociedad, La Moncloa ha tratado de gestionar esos amplios poderes sin dar explicaciones y adoptando decisiones que suponen una merma de derechos y libertades de los ciudadanos.

La presidenta del Congreso trató de impedir que se celebraran los plenos y descartó buscar una fórmula telemática. Su intención era que Sánchez sólo respetara la obligación constitucional de comparecer para convalidar el estado de alarma. Eso era inevitable, el resto (para Batet) prescindible.

En su primera comparecencia Pedro Sánchez se comprometió a enviar a los grupos parlamentarios información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno. Sin embargo, se ha limitado a enviar los decretos, que son públicos. Sin información añadida.

Ante la presión de la oposición, y después de tres semanas con medidas excepcionales, el Gobierno participó en una sesión de control el jueves 9 de abril. Además, Sánchez se negó a responder también a las preguntas por escrito presentadas por los grupos parlamentarios.

El Gobierno acumula decenas de peticiones de comparecencia en el Parlamento, muchas de ellas ajenas a la crisis generada por el Covid-19. De todos los ministros y también del presidente. En concreto, cuatro de obligado cumplimiento para informar sobre el desarrollo de Consejos Europeos.

Esta semana Batet ha metido en el mismo saco las cuatro comparecencias europeas y la obligatoria del estado de alarma, lo que supone liberar a Sánchez de dar explicaciones unas cuantas veces. La maniobra fue impulsada por el PSOE y Unidas Podemos y recibió el apoyo independentista.

Veintiún días después de que Sánchez anunciara la conversión de la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja en una comisión de seguimiento de la crisis del Covid-19, nada ha cambiado. La Comisión de Sanidad tiene las mismas atribuciones que antes de la crisis.

En el Senado, más de lo mismo: el PSOE ha tratado de evitar el funcionamiento de la Cámara. Ha sido la oposición unida (incluido el PNV) quien ha permitido la convocatoria de la comisión de CCAA y el Pleno de control. Pero Sánchez ha anunciado que no irá y que delega en Iglesias.

Durante las tres primeras semanas, el secretario de Estado de Comunicación se ocupaba de filtrar las preguntas que se formulaban a los ministros y al presidente del Gobierno. Cercenaba así la posibilidad de hacer preguntas incómodas y también la posibilidad de repreguntas ante las evasivas.

Tras la queja de la prensa, impulsada por periodistas de ABC y secundada por más de 500 profesionales, y el anuncio de este periódico de no acudir a las «ruedas de prensa», el Gobierno tuvo que aceptar un modelo que permite preguntar directamente a los periodistas.

El Gobierno ha utilizado el estado de alarma para anular al Portal de Transparencia. Cuatro días después del estado de alarma, ante el aluvión de preguntas, el Ejecutivo modificó el decreto-ley para poder ocultar datos a los ciudadanos sobre la gestión de la crisis del coronavirus.

El CIS adelantó quince días su barómetro mensual para preguntar sobre la necesidad de controlar a los medios de comunicación. Tezanos metió en el mismo saco a la prensa y a los bulos en redes sociales por un bien superior: crear un clima de opinión favorable a que solo informe La Moncloa.

Muchas de las preguntas del CIS coincidían con el argumentario del PSOE y se formularon para propiciar una respuesta favorable: es mejor dejar las críticas para otro momento, hay que llegar a un acuerdo y hay que hacer caso a los expertos. Todo para amordazar a la oposición.

El jueves el PSOE presentó ante la Fiscalía una querella contra Vox, lo que supone utilizar al Ministerio Público (que dirige una exministra que se presentó a las elecciones por el PSOE) para silenciar a la oposición. Hace sólo dos años los socialistas apoyaron la supresión de las injurias por las que hoy denuncia.

Se daban los presupuestos para decretar un estado de alarma, pero la forma en la que se está aplicando suscita muchas dudas. El estado de alarma no prevé una suspensión de derechos como la actual. Los juristas ya han avisado: se están aplicando medidas propias del estado de excepción.

El estado de alarma otorga enormes poderes al Gobierno en aras de afrontar una emergencia, pero no le permite limitar derechos fundamentales como los de reunión y manifestación, por ejemplo, o la libre circulación a todas horas en todo el territorio nacional.

Hay medidas del Gobierno que han entrado de lleno en la suspensión de otros derechos, como la libertad de empresa (desde el momento en que se prohíben los despidos), la propiedad o incluso la tutela judicial efectiva al impedir a los arrendadores que dispongan de sus propiedades.

Más de seiscientas mil veces se ha recurrido en el último mes a la Ley de Seguridad Ciudadana para mantener a raya el confinamiento. La misma ley que Sánchez llevó al TC y prometió derogar. De no existir esta ley, la desobediencia sería un delito y los ciudadanos podrían afrontar penas de cárcel.

A pesar de las dudas sobre las limitaciones a las libertades, el martes el ministro del Interior remitió a los delegados del Gobierno de toda España una circular sobre cómo incoar los procedimientos sancionadores y cuáles deben ser los criterios. Frente a las dudas jurídicas, ánimo recaudatorio.

El Gobierno se enfrenta a responsabilidades penales por la limitación de derechos. La Constitución reserva la suspensión de derechos a los estados de excepción y sitio. Los juristas consideran que el Ejecutivo se está extralimitando.