La recuperación del dinero de los ERE se complica por la burocracia

El departamento que dirige el consejero José Sánchez Maldonado ha tenido que reiniciar varios procedimientos administrativos abiertos hace años para declarar nulas las resoluciones que firmaron los sucesivos directores generales de Trabajo de la Junta por las que concedían las ayudas sociolaborales y a empresas. Se omitieron trámites esenciales a la hora de otorgarlas. En algunos casos, ni siquiera había solicitud de la ayuda.

Desde febrero, la Consejería ha remitido al Consejo Consultivo de Andalucía al menos cuatro expedientes de revisión de oficio de subvenciones que ha tenido que reabrir porque había decaído el proceso al demorarse más allá del tiempo estipulado por ley. Entidades beneficiarias suelen impugnar en los juzgados estos procesos alegando defectos en la notificación para no devolver el dinero. Algunos jueces les han dado la razón, obligando a la Junta a volver al punto de partida.

En concreto, el Consejo Consultivo ha tenido que pronunciarse de nuevo acerca de ayudas entregadas a las sociedades cooperativas andaluzas Virgen de Robledo (190.000 euros) y Virgen de Belén (270.455 euros), la empresa de envasado de aceitunas de mesa Acyco (109.620 euros) y el ayuntamiento sevillano de Coria del Río.

A este consistorio el Tribunal de Cuentas le reclamó, solidariamente, junto con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero , una cantidad de 216.269,65 euros, como consecuencia de un «alcance contable» relacionado con la supuesta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L (el fondo de los falsos expedientes de regulación de empleo).

En todos estos casos, el Consultivo ha emitido dictámenes favorables a las nuevas propuestas de declaración de nulidad de los convenios de colaboración en favor de las citadas entidades. Su resoluciones son preceptivas para continuar con el proceso.

En sus dictámenes, el Consultivo apela a una sentencia del Tribunal Supremo, del 11 de enero pasado, para avalar la actuación autonómica, en contra de lo que defienden los beneficiarios. El tiempo transcurrido desde que se celebraron los convenios y se concedieron las ayudas «no puede constituir un límite a la revisión de oficio de un acto en caso como el presente», responde en su dictamen del 4 de abril pasado sobre la ayuda concedida al Ayuntamiento de Coria del Río.

El procedimiento de revisión de oficio tiene marcado un plazo límite de resolución y notificación de seis meses en la Ley 39/2015, que puede suspenderse de forma temporal bajo determinadas circunstancias. Transcurrido el periodo legalmente previsto, sin que se haya dictado resolución expresa, el consejero tiene que dictar una orden de caducidad de cada uno de los expedientes, advirtiendo del derecho que asiste a dicha Administración para iniciar de nuevo tales procedimientos.

Para intentar recuperarlos, la Junta de Andalucía esgrime que los convenios suscritos entre la Dirección de Trabajo y la Agencia IFA/IDEA (el ente que luego pagaba las ayudas) son nulos de pleno derecho «por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido».

Justamente, por este sistema supuestamente ilegal de concesión de ayudas van a ser juzgados 22 ex altos cargos autonómicos . Entre ellos, los expresidentes socialistas Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013) y seis exconsejeros de la Junta. Hasta que la revisión de oficio no es firme, no hay posibilidad de los fondos distribuidos retornen a las arcas públicas. Tampoco hay modo de paliar, al menos en parte, el quebranto causado a la Administración.

El juez Álvaro Martín, que ha enviado al banquillo a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso ERE, estimó que entre 2000 y 2011 se repartieron «de forma discrecional o arbitraria» al menos 854,8 millones de euros.

De esta colosal tarta sacaron suculentas tajada personas que ni siquiera habían trabajado en las entidades subvencionadas -los denominados «intrusos»-, empresas cercanas a la órbita del Partido Socialista, entidades vinculadas a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, consultoras, aseguradoras, comisionistas como Juan Lanzas y despachos de abogados.