Rajoy opta por un fiscal general de perfil más político y contundente

La propuesta del Gobierno se hizo pública ayer a media mañana, una vez que el Consejo de Ministros conoció y dio el visto bueno al nombre que puso finalmente sobre la mesa el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Se trata de una de las primeras decisiones que ha tomado el nuevo Ejecutivo de Rajoy, solo una semana después de la toma de posesión de todos sus ministros.

En la escueta biografía entregada por La Moncloa se destaca que Maza, de 65 años, es licenciado en Derecho y en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, y miembro de la Carrera Judicial desde 1975 y de la Fiscal desde 1978. Desde febrero de 2002 es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El ministro y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de esta decisión y subrayó que el Ejecutivo quería «destacar y agradecer el gran trabajo desempeñado» por Consuelo Madrigal, quien llegó a la jefatura de la Fiscalía General del Estado en enero de 2015 tras renunciar Eduardo Torres-Dulce.

Respecto a los motivos del relevo en la Fiscalía General del Estado, Méndez de Vigo se limitó a resaltar la «idoneidad» de José Manuel Maza, y subrayó que su propuesta «tiene que ver con que es la mejor persona que pueda cumplir con esa función». El portavoz del Gobierno no quiso ligar el cambio en la Fiscalía al desafío independentista catalán.

José Manuel Maza necesita ahora el aval mayoritario de la Comisión de Justicia, lo que obligará a un consenso de la mayoría y por tanto a un acercamiento del PP a sus socios potenciales, como Ciudadanos o el PSOE.

Como informó ABC, hasta el pasado lunes, Catalá quería mantener a Madrigal en la Fiscalía General del Estado. Su perfil discreto y su gestión, sin grandes estridencias, durante los últimos meses, la hacían merecedora de seguir en el cargo, según reconocieron fuentes del Ministerio de Justicia. Sin embargo, ayer, tras la propuesta de Maza, fuentes del Gobierno justificaron el relevo por el talante «excesivamente correcto» y alejado de los medios de Madrigal y su «excesiva implicación» con la carrera fiscal. Este perfil no encajaba bien con los cambios que el Gobierno quiere llevar a cabo en esta nueva etapa en el ámbito judicial, en el que ella, además, es partidaria de las menores modificaciones posibles, en lo que a la Fiscalía respecta, tal y como le expresó al ministro en los últimos días cuando abordaron «proyectos de futuro».

Reformas como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la que se quiere dejar la instrucción de las causas penales en manos del fiscal, o el relevo que en los próximos meses habrá que llevar a cabo en plazas clave de la Fiscalía aconsejaban para este puesto un perfil «menos vinculado» con los fiscales , alguien que entienda a la carrera, pero que no esté tan involucrado con ella. La guinda de la tarta la habría puesto la propia Madrigal al manifestar claramente su intención de renovar en su plaza al fiscal-jefe Javier Zaragoza al frente de la Audiencia Nacional, algo que no comparte el Ejecutivo al tratarse de una «herencia» del fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido.

El nombre de José Manuel Maza llegó así al Consejo de Ministros tras la reunión que el martes mantuvieron Catalá y Mariano Rajoy, en la que ambos habrían convenido que el perfil del magistrado del Supremo era más idóneo para desempeñar esta labor, no solo por su trayectoria profesional, (catorce años como magistrado del Supremo y autor de numerosas publicaciones), sino por sus «habilidades sociales», especialmente en un momento en el que el Ejecutivo quiere priorizar el diálogo en cada reforma que acometa.

A ello se suma la contundencia que se quiere mostrar ante el desafío secesionista. Aunque se valora de forma positiva la respuesta de Madrigal ante la reiterada desobediencia de autoridades públicas como la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, el Ejecutivo quiere un perfil más firme y mediático que exteriorice de forma más clara desde la Fiscalía que el Estado de Derecho será inflexible ante cualquier amenaza independentista al margen de la Constitución.