Rajoy esperará al fracaso del 1-O para hacer su oferta

Después del Consejo de Ministros del pasado viernes, el Gobierno se ha tomado tres semanas de vacaciones, algo relativas, eso sí. En agosto y septiembre, el control de las cuentas públicas catalanas, acordado en La Moncloa el pasado 21 de julio, será estricto. En Hacienda se vigilará cada dato que se envíe desde la Generalitat semanalmente, como se ha exigido. En cuanto se detecte una duda sobre un solo euro que pueda ir destinado a la organización del referéndum ilegal, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos , que preside Rajoy, se reunirá con carácter extraordinario y urgente, para decidir las medidas que deben tomarse, sea el día que sea, según confirmaron fuentes de Presidencia.

Al mismo tiempo, si en el Parlamento catalán o en el Gobierno de la Generalitat se dan nuevos pasos hacia ese referéndum , la Abogacía del Estado los estudiará de forma automática y el Gobierno, en su caso, actuará, sin descartar la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario en agosto. El primer Consejo a la vuelta de las vacaciones está previsto para el 25 de agosto, y en La Moncloa creen que esa semana podría haber novedades.

Fuentes de La Moncloa subrayan la «total sintonía» que existe entre el Gobierno y el PSOE y Ciudadanos para tomar las medidas que sean necesarias este verano, con el objetivo de frenar el referéndum autodeterminación e impedir que se celebre. El presidente Rajoy está en contacto con Pedro Sánchez y Albert Rivera, a quienes ha informado puntualmente de la situación y las medidas que puede tomar el Gobierno.

Pero hay un segundo nivel de contactos, permanentes y fluidos, que lleva a cabo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con varias ramificaciones. Por un lado, la número dos del Ejecutivo tiene como interlocutor en el PSOE a Patxi López, y en Ciudadanos, a José Manuel Villegas e Inés Arrimadas. A ellos les informó del recurso ante el TC que aprobó el Gobierno el viernes pasado, y de los avances del Gobierno. Al mismo tiempo, en Cataluña hay un canal fluido y permanente de comunicación entre el Ejecutivo y el PSC. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y diputado catalán, José Luis Ayllón, habla directamente con el líder del PSC, Miquel Iceta, con quien existe también «buena sintonía» sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir la consulta. Rajoy comprobó por sí mismo el acercamiento entre el Gobierno y el PSC en su reciente visita a Lérida para inaugurar el Parador Nacional. Allí pudo charlar con el alcalde, Ángel Ros, del PSC, quien se ha opuesto a ceder locales municipales para la consulta.

La vicepresidenta, al mismo tiempo, no ha dejado de hablar con su principal contacto en el Gobierno autonómico catalán, el número dos de Puigdemont, Oriol Junqueras . La última vez fue el viernes, y el contenido se limitó al accidente de un tren de Cercanías en Barcelona, con más de 50 heridos. Los contactos otras veces se han referido a cuestiones administrativas y económicas, principalmente.

La unidad entre Gobierno, PP, PSOE, PSC y Cs para tomar medidas este verano que anulen el referéndum es así un hecho. Pero las conversaciones han empezado a ir más allá y ya se mira al 2 de octubre , el día siguiente de la fecha elegida para el referéndum ilegal. Rajoy volvió a garantizar el viernes pasado que la consulta no se celebrará porque es ilegal. A partir de ahí, se ha producido una primera «aproximación» entre el Gobierno, el PSOE, el PSC y Ciudadanos sobre cómo debe gestionarse ese «día después». De momento están en una fase inicial , y las discrepancias sobre las medidas que deben tomarse existen, pero hay una coincidencia: la prioridad debe ser la «recuperación de la normalidad».

Todos ellos están de acuerdo en que ni los catalanes ni el conjunto de los españoles pueden permitirse otro periodo de tres o cuatro años de desafío secesionista en una parte del territorio nacional, justo cuando España está a la cabeza de las principales potencias mundiales en cuanto a crecimiento económico.