El PSE quiere que el País Vasco asuma más poder penitenciario

En un documento registrado en el marco de la ponencia de Autogobierno que se celebra cada miércoles en el Parlamento vasco, los socialistas sostienen que las propuestas estatutarias más reseñables del resto de grupos en relación a los poderes públicos del País Vasco se refieren a la revisión del Poder Judicial del territorio. Al respecto, la formación presidida por Idoia Mendia puntualiza que todas las modificaciones que se realicen en este ámbito «deben ceñirse al marco jurídico vigente», y aclaran que dicha autoridad compete al Estado: «No cabe otra interpretación posible», destaca el texto, al que ha tenido acceso ABC.

Sin embargo, los socialistas vascos añaden dos novedades «a partir de esta realidad legal». Una de ellas es la creación de un Consejo de Justicia de Euskadi como órgano de Gobierno de la Administración de Justicia y de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, «que podrá delegar en el mismo las funciones que se acuerden». El documento, firmado por el portavoz del PSE en la Cámara autonómica, José Antonio Pastor, subraya que así está previsto «sin objeción del Tribunal Constitucional y con mayor o menor detalle» en todas las Comunidades Autónomas que han renovado sus Estatutos, como la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Castilla y León, Extremadura o Aragón: «También en Cataluña, pero con las limitaciones acotadas por el TC que deberían ser tenidas en cuenta en la articulación de nuestro Estatuto», puntualiza.

Por otro lado, el PSE plantea también organizar un «sistema propio de tratamiento penitenciario» en la medida «en que se cumplimente la transferencia de prisiones». El grupo de Pastor argumenta que este movimiento se llevaría a cabo «sin perjuicio de la competencia del Estado» y permitiría «ejecutar con mayor eficacia las medidas aplicables a las personas presas orientadas a su reinserción en los términos previstos por la Constitución en su artículo 25». Todo ello a pesar de que el territorio ya gestiona por convenios con Instituciones Penitenciarias prácticamente la totalidad de los servicios a los presos como la educación, la sanidad y la empleabilidad tras cumplir la pena.

La transferencia de la cartera de prisiones al País Vasco es también una de las principales reivindicaciones del nacionalismo y la izquierda radical, que trata de poner fin a la política de dispersión de los presos de ETA.

En lo que respecta al ámbito fiscal, los socialistas plasmaron en su documento que lo conveniente es atribuir al Parlamento la «potestad para regular normativamente el sistema tributario» en el ámbito que la Ley del Concierto Económico vasco atribuye a los territorios de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya: «Consideramos que, como en el resto de los sistemas democráticos modernos, la cuestión fiscal es un elemento central de su funcionamiento », subraya la formación de Mendia, que añade que el sistema tributario «es garantía del tratamiento igualitario a los ciudadanos».