Puigdemont, de nuevo en busca y captura tras reactivar Llarena la euroorden

La publicación del fallo abre un nuevo escenario para las reclamaciones, ya que una sentencia firme sobre los mismos hechos supone una base más sólida y consistente para convencer a un tribunal extranjero que los indicios previos de la investigación. Así lo interpretan las fuentes jurídicas consultadas por ABC. Llarena ha solicitado la reclamación contra Puigdemont por los delitos de la sentencia, por sedición y malversación de caudales públicos, tras recibir la petición parte de la Fiscalía del Alto Tribunal.

«A partir de este análisis, no puede sino concluirse que la sentencia reafirma la conclusión del auto de procesamiento de que los procesados perpetraron una serie de actuaciones que, sin seguridad pero con firmeza presentan indicios racionales de criminalidad», asegura Llarena.

Por ahora, el magistrado que investigó el plan secesionista ilegal no ha tomado ninguna decisión respecto a los demás fugados, los antiguos consejeros de la Generalitat Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluis Puig, Meritxell Serret, así como las antiguas diputadas regionales Marta Rovira y Anna Gabriel. Ninguno de ellos ha rendido cuentas ante la Justicia española, a pesar de estar todos procesados por su rol en el «procés».

En el escrito, Llarena explica que la sentencia «propicia el riesgo» de que los fugados traten de alejarse de los países de la Unión Europea, con los que existe un procedimiento específico de entrega basado en el principio de confianza, para reforzar su huida. Si el auto de procesamiento (la resolución judicial que cierra una investigación, concluyendo que hay indicios sólidos) ya era suficiente para reclamar a los fugadados, ahora las razones han aumentado.

El instructor señala que en la UE rige el principio de confianza en el funcionamiento de los Jueces y Tribunales de otros países, un principio libremente asumido por los Estados miembros, y se cuenta con un procedimiento judicial simplificado y transfronterizo que facilita la entrega de los presuntos delincuentes que se establezcan en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que cometieron el delito, o distinto de aquel al que acuden a perpetrar sus acciones delictivas. Todo ello, a pesar de los requisitos procedimientales que exige ese proceso, que en el pasado frustraron la entrega de Puigdemont por el delito de rebelión, el más grave.