Puigdemont intoxicó acusando a Rajoy de haber aplicado el estado de emergencia

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La «embajada» catalana, con sedes en Nueva York y Washington, distribuyó el pasado 20 de septiembre una nota oficial de Carles Puigdemont para calificar la operación judicial contra el referéndum ilegal, que se tradujo en un asedio a la comisión que registraba la sede de la Consejería de Economía y Hacienda . El presidente catalán ocultó a los estadounidenses que la operación fue ordenada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona . En su lugar dijo que se trataba de una decisión del Gobierno de España, al que acusó de una «agresión coordinada de las fuerzas policiales del Ministerio del Interior con el objetivo de no permitir a todos los catalanes expresarse el 1 de octubre en paz y libertad».

Es más, Puigdemont aseguró que «España ha aplicado de facto el estado de emergencia» , extremo que no se produjo entonces ni después. El presidente catalán convirtió la operación ordenada por el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer en una «ilegítima suspensión e intervención del Gobierno de Cataluña por un Gobierno español que no respeta los principios básicos de la democracia».

Puigdemont también llamó al Gobierno central «totalitario» y lo acusó de haber «cruzado la línea roja de los regímenes autoritarios» y convertirse en «una vergüenza democrática». La «declaración institucional del presidente de Cataluña» difundida terminaba denunciando los «abusos y las ilegalidades en España» , obviando en todo momento que la operación contra los preparativos del referéndum ilegal la ordenó un juez, no Mariano Rajoy. Los agentes de la Policía Judicial y la secretaria del juzgado permanecieron cercados hasta el día siguiente en la sede de la Consejería, hechos que derivaron en la causa por sedición que mantiene en prisión preventiva a los líderes de Òmnium y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez , respectivamente.

El último informe de gastos presentados por la Delegación de la Generalitat que difunde estos comunicados, correspondiente al semestre que va de diciembre de 2016 a mayo de 2017, recoge casi 190.000 dólares (más de 160.000 euros) solo en gastos de representación y sueldos (no incluye el coste de las sedes). Desde 2014, estos gastos ascienden a 1,8 millones de euros . El presupuesto de acción exterior del Govern aprobado para 2017 por el consejero Raül Romeva se disparó hasta 39,6 millones de euros para las quince delegaciones exteriores.

La «embajada» en EE.UU. está encabezada por el estadounidense Andrew Davis, al que la Generalitat paga un sueldo de 131.214 dólares anuales (más de 111.000 euros) . Ostenta el cargo desde la apertura de la sede, en enero de 2009, con José Montilla y Carod Rovira manejando la Generalitat. El subdirector, Xavier Vila, percibe 70.000 dólares al año. En el citado semestre, Davis y Vila se reunieron con 23 políticos y funcionarios estadounidenses para buscar apoyo -sin éxito- a la independencia de Cataluña.

Por otro lado, la Delegación de la Generalitat tiene contratado un lobby, SGR Government Relations and Lobbying , por 20.000 dólares mensuales. El contrato fue suscrito para tres meses, del 15 de agosto al próximo 14 de noviembre, pero recogía la posibilidad de prórroga. Según la documentación registrada por el lobby, uno de sus empleados trabajará para la Generalitat hasta agosto de 2018, por lo que habría sido ampliado. Su otro principal cliente es el Gobierno de Etiopía. El embajador español en EE.UU., Pedro Morenés, alertó al lobby de que está cobrando con fondos que pueden ser ilegales.