La juez acusa a Sànchez y Cuixart de «impedir la aplicación de la ley para proclamar la república catalana»

La magistrada, que dejó en libertad al mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, considera necesario encarcelar a Sànchez y Cuixart para evitar que sigan empujando hacia la independencia por medios ilegales. Lamela aprecia un riesgo claro de que ambos reiteren en su actividad delictiva, al formar parte de «un grupo organizado de personas» que llevan a cabo «de forma continua y reiterada actividades de colaboración activa y necesaria» para lograr «fuera de las vías legales la independencia de Cataluña frente al resto de España».

Ese proceso se encuentra en marcha -explica la magistrada- que cita como ejemplo que los dos «Jordis» han protagonizado eventos similares más allá del 20 y del 21 de septiembre , cuando una masa de independentistas asedió a la Guardia Civil en varias sedes de la Generalitat que estaban siendo registradas. Esta investigación, aun así, se centra por ahora solo en lo que sucedió aquel día, sin considerar la actuación del independentismo en el referéndum ilegal del 1 de octubre, pues la Fiscalía no ha ampliado su denuncia.

Para justificar por qué Sánchez y Cuixart van a prisión (y no Trapero y la intendente de los Mossos, Teresa Laplana), la juez alega el «papel clave» de los líderes de la ANC y Òmnium en el acoso a la Guardia Civil , «alzándose además como sus principales promotores y directores, manteniéndose al frente» de las concentraciones durante todo el día. Sànchez y Cuixart llevaron la «iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes» en cada momento del día.

La congregación a las puertas de la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat «no se trataba realmente de concentraciones pacíficas y tampoco de una protesta aislada» , argumenta la juez. Lamela explica, por ejemplo, que ni Sànchez ni Cuixart pidieron a la masa que seguía sus instrucciones «que no se violentaran los vehículos oficiales» de la comisión judicial, que quedaron destrozados. Los peritos han cifrado el daño causado en los coches en 135.631,92 euros.

El asedio a los agentes del pasado 20 de septiembre estaba orientado, en definitiva, «a impedir la aplicación de la ley y las resoluciones dictadas como medio para impulsar el referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España». La juez ubica esa actuación dentro de «una compleja estrategia» para alcanzar la secesión por medios ilegales .

Según la magistrada, también existe riesgo de que los líderes soberanistas se fuguen -ante el grave horizonte penal que supone el delito de sedición- y de que destruyan pruebas. Lamela señala que los dos encarcelados ya han protagonizado actividades en las que han tratado de entorpecer la labor de la justicia . Un ejemplo sería la sustracción de carteles incautados por la Guardia Urbana de Badalona el 25 de septiembre por Cuixart.

Nada más conocer la decisión de la jueza, las reacciones no se hicieron esperar. La ANC ha convocado un paro a las 12 horas de hoy frente a los «centros de trabajo» y a las 20 horas una concentración con velas en la Avenida Diagonal de Barcelona . La CUP se ha sumado a las movilizaciones de protesta.

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, señaló en Twitter que la prisión «era una muy mala noticia» e indicó que «pretenden encarcelar ideas» . Carme Forcadell calificó la decisión judicial de «injustificable» y definió a Sànchez y Cuixart como «dirigentes pacíficos». El vicepresidente Oriol Junqueras acusó al PP de ser el responsable de «la prisión incondicional».

Desde Òmnium y la ANC publicaron dos vídeos de Cuixart y Sànchez, respectivamente, grabados para la ocasión -antes de su detención- y pidiendo a sus seguidores que «sigan trabajando de manera organizada» y sin perder «la esperanza». También desde las filas de Podemos y los «comunes» se exigió la puesta en libertad de los dos.

Xavier García Albiol, líder del PP catalán, sí celebró la decisión de la jueza, a quien consideró que ha puesto «en su sitio» a Sànchez y Cuixart. Miquel Iceta, líder del PSC, calificó la decisión de «desproporcionada», informa Daniel Tercero desde Barcelona.