Un pueblo bajo la ley de ETA

Los terroristas tampoco eligieron el pueblo al azar. En esa localidad pesquera de la costa vizcaína hay tal miedo a ETA y su entorno que nadie se atreve a ser alcalde, ni siquiera concejal, con la excepción de un valiente, Germán López Bravo, del PP, el único cargo electo que acudió en junio del año pasado a recoger su acta el día fijado para la constitución del Ayuntamiento.

La ilegalizada ANV reclama la alcaldía del municipio, al contabilizar como propios los 2.195 votos nulos que hubo en el pueblo en las pasadas elecciones municipales. Los nueve concejales del PNV, cuya candidatura obtuvo 1.720 votos, no se atrevieron a tomar posesión de sus cargos, al igual que los dos de EA y el de IU. A los cargos electos del partido presidido por Íñigo Urkullu esa decisión les costó la expulsión del partido, que les había ordenado expresamente que recogieran sus actas de concejales.

El PNV, al que le correspondía gobernar, tuvo que nombrar una gestora con personas no elegidas en las urnas, como la que fuera secretaria de la ejecutiva durante el mandato de Imaz, Josune Aritztondo.

Ley del silencio

La ley del silencio que ETA y su entorno impusieron en la práctica totalidad de los municipios vascos durante décadas sigue vigente en Ondárroa. La indignación que se habría podido palpar en otro pueblos, tras ver el cuartel de la Ertzaintza destrozado, no estaba generalizada ayer en la localidad. Se pudieron oír comentarios ambiguos, como que mientras no haya habido muertos, todo lo demás tiene arreglo. Los vecinos saben que el enfrentamiento tiene un precio y uno de los que mejor lo saben es el presidente de la gestora, el peneuvista Félix Arambarri, al que ya le han quemado dos veces el coche. La presión del entorno etarra frente a quienes pretenden gobernar el municipio en paz es tal que hasta han tenido que trasladar a otro pueblo, en concreto Marquina, alguna reunión de la gestora.

Según los votos que se atribuye ANV, la población que respaldaría a los proetarras rondaría el veinte por ciento de los casi diez mil habitantes del municipio, pero lo dominan todo. Se permiten incluso la insumisión fiscal, con impunidad durante años, hasta que la gestora de Ondárroa firmó un acuerdo con la Diputación de Vizcaya para que sea esa institución la que se encargue de reclamar los cobros.

Tras una puerta sin más símbolos que el águila negra que representa para el entorno político de ETA «Euskal Herria», en Ondárroa se diseñan las estrategias para extender el miedo. Los vecinos llevan muchos años callando y ni siquiera la visión de las consecuencias reales y posibles de la bomba que puso ayer ETA les ha devuelto la palabra.