Ni público ni periodistas en la declaración de los padres de Gabriel, la abuela y los forenses

El Servicio de Atención a las Víctimas pidió que todo el juicio fuera a puerta cerrada, dada la mediatización del caso que ha generado, según el informe presentado, «un estado crónico de temor al daño psicológico irreparable en la familia de Gabriel». En dicho informe alegan que esa victimización secundaria se agravará si se hacen públicos detalles de la autopsia , los contenidos de los informes psiquiátricos y psicológicos o los detalles de cómo se produjo la muerte del menor. El SAVA señala que hay elementos de la autopsia que la familia desconoce y que los informes de los padres tienen información delicada.

Gabriel fue asesinado el 27 de febrero de 2018 presuntamente por Ana Julia Quezada , la que era novia de su padre, en una finca de Rodalquilar. Allí tras llevárselo con engaños, le golpeó repetidamente y lo asfixió tapándole la boca y la nariz con sus manos . Luego cavó una pequeña fosa y lo enterró desnudo. Con un hacha intentó cortarle la muñeca porque no cabía en la tumba. Durante casi dos semanas mantuvo su farsa y no se separó del padre del niño, colaborando en apariencia en la búsqueda. Quezada fue detenida el 11 de marzo en Vícar cuando tras desenterrar el cuerpo del pequeño intentó trasladar el cadáver a otro lugar. La acusada se enfrenta a prisión permanente revisable.

La Audiencia señala en su auto que aunque el juicio completo se celebrara a puerta cerrada no se dejará de hablar y tratar el suceso que tuvo una «gran trascendencia mediática ya de forma voluntaria o involuntaria» . El Tribunal no acoge dicha petición puesto que no cumple las excepciones previstas en la Ley, pero sí la segunda recomendación del Servicio de Atención a las Víctimas. Por tanto, los allegados directos y los médicos solo serán escuchados por la Sala. Ni público ni periodistas.