El PSOE insiste en que el bable sea oficial pese a la división política y social

Este incumplimiento de Barbón, uno de los barones socialistas más afines a Pedro Sánchez, se produce tras fracasar en varios planos, empezando por el político. Para declarar cooficial una lengua propia en una comunidad española, su Parlamento regional debe antes reformar el Estatuto de Autonomía con una mayoría cualificada y después ser ratificado en el Congreso de los Diputados. En Asturias, ese primer paso exige tres quintos del Parlamento autonómico: al menos 27 de sus 41 diputados. A PSOE (20), Podemos (4) e IU (2) sólo les falta un escaño para iniciar la reforma estatutaria y la cooficialidad lingüística. Y han intentado conseguirlo hasta hace poco pescando en las aguas revueltas de Foro Asturias, dividido en dos facciones con sendos diputados. Pero ni con esas, porque el sector de FA menos reacio a la cooficialidad condicionó su apoyo a una rebaja de impuestos que el PSOE ni contempla.

Pero la puntilla definitiva la ha encajado en el plano económico, jurídico y hasta educativo. Y se la han dado no los grupos de la oposición, sino una institución y unos expertos independientes nada sospechosos de oponerse a la cooficialidad, más bien lo contrario. Barbón encargó a principios de 2020, poco después de tomar posesión, un estudio pormenorizado como hoja de ruta para cumplir su promesa. A diferencia de lo que mantiene ahora, no era un informe más sobre una cuestión cualquiera, no en vano se encargó para la principal apuesta política del actual Gobierno asturiano, lo firman hasta cinco expertos coordinados por la Universidad de Oviedo y costó 18.000 euros . Sin embargo, ese trabajo fue ignorado y ocultado por el PSOE porque deja muy claro que la cooficialidad no puede implantarse de forma voluntaria ni barata, como sigue insistiendo el Ejecutivo.

La mayoría de la sociedad asturiana, incluidos no pocos de sus votantes, rechaza que esta medida imponga en su región situaciones que ya se dan en todas las comunidades con lenguas cooficiales. Por ejemplo, que éstas sean vehiculares en la educación y obligatorias para las administraciones públicas, incluso una ventaja o requisito para optar a puestos de trabajo en ellas. Porque la cooficialidad por sí misma conlleva estas y otras obligaciones que buena parte de la sociedad asturiana no está dispuesta a asumir.

El Gobierno de Barbón recibió ese informe a finales de 2020 . En septiembre de 2021 inició las negociaciones con el resto de grupos para reformar el Estatuto de Autonomía y declarar cooficiales estas dos lenguas minoritarias. Aunque ya tenían ese informe desde hacía casi un año, los socialistas lo mantuvieron oculto durante toda la negociación con sus socios de Podemos e IU y con los grupos de centro-derecha, que coinciden en rechazar esa medida.

Así quedó patente hace unos días, cuando PP, Cs y Vox llevaron al Parlamento asturiano varias preguntas e interpelaciones sobre esta polémica, además de acusar al Gobierno socialista en general y a Barbón en particular de «mentir, engañar y estafar a todos los asturianos».

El informe de la discordia no trascendió hasta el mes pasado, después de que el PP se lo reclamara oficialmente al Gobierno asturiano tras enterarse de que lo tenía desde hacía más de un año. Durante todo ese tiempo el PSOE puso sordina a un estudio cuyas conclusiones desmontan su argumento de que es posible una cooficialidad 'light',' no muy distinta por tanto de la situación actual, en la que el bable ya está reconocido como lengua propia en el Estatuto de Autonomía y cuenta con una ley de 1998, aprobada con un Gobierno regional del PP, que fomenta su uso y aprendizaje sin necesidad de declararlo oficial. Y es que, según dicho informe, la cooficialidad implica lo contrario de lo que asegura el PSOE asturiano.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional no admite discusión: una lengua cooficial es siempre obligatoria en el sistema educativo de su territorio y, por tanto, «no existe derecho a estudiar en una sola de las lenguas oficiales» porque «no existe el derecho de opción lingüística por parte de las familias», aclara este informe. Así las cosas, el modelo «voluntario» es sencillamente inviable ya de entrada en un ámbito tan fundamental como la educación.

Otra cuestión que destacan los expertos es la «necesidad de consenso». Algo que nunca se ha dado en Asturias, ni siquiera ahora que el PSOE se ha subido a este carro de Podemos e IU. Todos los partidos de centro-derecha, que suman casi la mitad de los votantes (45%), rechaza poner el bable y el eonaviego al mismo nivel que el castellano.

El estudio también analiza otra faceta clave para que los ciudadanos sepan cuánto cuesta esta medida. Según los expertos, hay tres escenarios, de más barato a más caro, en función de si se apuesta por un modelo más intenso, intermedio o limitado al ámbito educativo. Sólo este último, que consistiría en dotar de más profesores de bable a los colegios, aumentaría la partida actual en un 64%, al pasar de 11 a más de 18 millones de euros. Para los otros escenarios, el informe calcula un impacto superior a 200 millones al año, que «indudablemente supondrá un aumento del gasto público» para costear «una parte importante» de ese incremento exponencial. Y añade que «también incidiría en mayor o menor medida en el gasto de las familias».

Sin embargo, son cada vez menos las que optan por matricular a sus hijos en bable, pese a que se empezó a enseñar en los colegios asturianos hace casi 40 años y se ofrece ya en casi todos ellos. Entre la Educación Primaria pública y concertada, según los datos del último curso en el que se basa este informe (2019-2020), no llegan ni al 40% y en ESO son sólo el 12,3%. En ambos casos, menos todavía que hace una década. En Bachillerato son casi anecdóticos, apenas un 4,5% del total.