Presidencia culpa al exministro Campo de los indultos del 'procés'

Esta contestación se produce después de que ABC solicitara copia de «la documentación, cualquiera que sea su formato, estudios, informes solicitados o recibidos o de cualquier otro tipo existente en Presidencia del Gobierno» que acreditara la necesidad, oportunidad o conveniencia de perdonar a los condenados por el 'procés' y que estuviera a disposición tanto de Sánchez como de su director de Gabinete.

En un principio, La Moncloa decidió unir ambas cuestiones en un mismo expediente «por guardar identidad sustancial e íntima conexión» para negar después la existencia de esa información. Además, Presidencia añade que la Ley de la Transparencia le permite inadmitir las solicitudes «que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado», sin especificar cuál de estas causas considera de aplicación en este caso ni por qué. La respuesta lleva la firma de la directora de Coordinación Técnica de Presidencia, Judit Alexandra González .

Según los juristas consultados, La Moncloa intenta establecer «un cordón de protección política» para Sánchez, tras una decisión que la oposición siempre ha denunciado que tomó en primera persona por pacto político con los partidos independentistas, y encargando después su ejecución a Campo para cesarle al mes de haber concluido la tarea.

No en vano, la Ley del Gobierno señala que es el presidente quien «dirige la acción y coordina las funciones de los demás miembros del mismo». Y esto «sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los ministros en su gestión». Entre las funciones de Sánchez también se encuentra la de «establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior», así como «fijar el orden del día» de las reuniones del Consejo de Ministros .

En cuanto al director del Gabinete de Presidencia , que según La Moncloa tampoco dispuso de información adicional, la Ley del Gobierno señala que entre sus funciones se encuentran las de «proporcionar al presidente del Gobierno la información política y técnica que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones», asesorarle «en aquellos asuntos y materias que disponga» o «conocer los programas, planes y actividades de los distintos departamentos ministeriales con el fin de facilitar al presidente del Gobierno la coordinación de la acción del Gobierno». Parece por tanto difícil que ni Sánchez ni Redondo manejaran análisis propios de una medida de tanto calado como los indultos del 'procés', salvo que, como sostiene la oposición, Sánchez decidiera concederlos 'de facto' y por razones políticas al margen de los motivos de utilidad pública que Campo encontró con posterioridad.

Esta afirmación de que Presidencia no dispone de información adicional sobre los indultos se produce, además, después de que el Gobierno haya negado el acceso de los ciudadanos a los expedientes en los que Justicia señaló esos motivos de utilidad pública. Estas razones son doblemente importantes porque fueron el argumento que usó el Gobierno para ignorar los informes evacuados tanto por el Tribunal Supremo como por el Ministerio Fiscal en contra de la concesión de los indultos.

Los ciudadanos solo han tenido conocimiento de algunos de los expedientes a través de la prensa. Y La Moncloa mantiene que no entregará los expedientes hasta que transcurran 50 años desde que fueron aprobados, 25 tras el fallecimiento de los indultados o éstos otorguen permiso para que sean difundidos. Invoca para ello la legislación sobre Patrimonio Histórico Español , argumentando que «los expedientes solicitados contienen circunstancias personales, familiares y sociales, así como datos de ilícitos penales que no se pueden divulgar sin el consentimiento expreso del afectado o transcurridos los plazos establecidos».

Esta tesis es muy criticada por la oposición. El portavoz de Ciudadanos , Edmundo Bal , ha subrayado el «interés público evidente» de los expedientes y ha hecho hincapié en que «los datos personales se anonimizan» cuando un documento debe hacerse público. Para la portavoz adjunta de Vox en el Congreso , Macarena Olona , la posición del Gobierno no cuenta con soporte legal porque «la utilidad pública de la información debe primar sobre la protección de los datos personales». La Moncloa, en cambio, sigue optando por la opacidad.