El precedente de Falciani: la Audiencia Nacional rechazó la petición de extradición de Suiza

Ambos instrumentos jurídicos hacen mención explícita a las infracciones de naturaleza política, en cuyo caso se excluye tanto la cooperación judicial de manera general, como las extradiciones en particular.

La Convención Europea de Extradición precisa en su artículo 3 que no se aprobará la extradición si el país que recibe la solicitud considera que el delito al que se alude constituye, desde su punto de vista, un delito político o una infracción conexa.

Indica también que la misma regla se aplicará si el país que analiza la demanda tiene motivos suficientes para considerar que la extradición se ha pedido con el fin de «perseguir o castigar a una persona por su raza, religión, nacionalidad u opinión política».

Suiza y España mantienen tradicionalmente relaciones de cooperación y, frente al reciente caso del independentismo catalán, el primer país dejó abierta la posibilidad de actuar como facilitador de un diálogo entre las autoridades españolas y catalanas, en caso de que se considerase oportuno.

En términos de procedimiento, si Suiza recibe una petición de extradición y la persona buscada se opone, corresponde a la Oficina Federal de Justicia emitir una orden de detención a efectos de extradición , mientras espera los 18 días que estipulan las normas para que el país solicitante presenta una solicitud formal.

Existe la posibilidad de ampliar tal plazo hasta 40 días, durante los cuales la persona permanece detenida y esto hasta que concluya e procedimiento de extradición.

Existen dos instancias judiciales suizas ante las cuales la persona requerida puede recurrir en un plazo de 30 días una decisión de extradición en su contra de la Oficina Federal de Justicia. Esta instancia oficial únicamente examina si los hechos imputados son punibles en su propia legislación y no si hay culpabilidad.

Un que atrajo la atención internacional fue el del informático francés Hervé Falciani quien sustrajo datos de la filial suiza del banco HSBC y colaboró con varios países para poner al descubierto a decenas de miles de evasores fiscales.

Falciani fue detenido en 2012 en Barcelona por una orden de detención internacional que Suiza lanzó en su contra, después de lo cual también pidió su extradición.

Sin embargo, la Audiencia Nacional de España rechazó esa petición de extradición, ya que las autoridades suizas lo acusaban de haber violado el secreto bancario , una figura legal que no existe en España.

De los casos más sonados de extradición en la última década, sólo uno dio lugar a una extradición y ocurrió en 2002, cuando España abrió este procedimiento contra la alemana Gabrielle Kanze por presunta pertenencia a la organización terrorista ETA, tras ser detenida en Suiza.

Kanze fue detenida en marzo de ese año y en octubre el Tribunal Federal confirmó la aprobación de la extradición por los delitos de colaboración con banda armada, depósito de armas y tenencia de explosivos. Sin embargo, este caso estuvo salpicado de polémica porque el Comité de la ONU contra la Tortura se opuso a esa extradición.

Otro caso relacionado con ETA fue el de la exconcejal de Herri Batasuna en Asteasu, Nekane Txapartegi , acusada en su momento de integrar esta banda criminal y detenida en Zúrich en 2016.

Txapartegi pidió asilo en Suiza, que fundamentó en las supuesta torturas de las que fue víctima para obtener de ella una falsa confesión, así como en su condición de «perseguida política».

Las autoridades suizas sufrieron diversas presiones provenientes de ONG de derechos humanos que invocaron el trasfondo político de este caso y reclamaron que se rechazase la extradición.

Suiza, no obstante, aprobó la extradición el pasado marzo, pero Txapartegi finalmente no fue extraditada porque la Audiencia Nacional de España dejó sin efecto, por prescripción, el procedimiento.