PP, PSOE e IU se han financiado con las adjudicaciones de parcelas para pisos protegidos en Madrid

Se trata de un sistema «institucionalizado» en varios municipios de Madrid con los consorcios urbanísticos . La Comunidad de Madrid, a través de la sociedad pública Arpegio -que está siendo investigada en la trama Púnica porque la controlaba Granados- , y el Ayuntamiento del municipio en cuestión firman un convenio urbanístico. El suelo se expropia para construir vivienda protegida y libre y se reparten las adjudicaciones. El 60 por cien lo adjudica la Comunidad y el 40 restante, el municipio, aunque también hubo casos en los que el Consorcio era 50-50 o 55-45.

Para ello se crea una sociedad gestora en la que los cargos y el suelo se reparten en esas proporciones. Según denuncian varios promotores, la Comunidad (Arpegio/Granados) y el municipio correspondiente se hacen «dueños» de las parcelas según los porcentajes del Consorcio. A su vez, en la parte municipal el suelo se divide por número de concejales , ya sean del Gobierno o de la oposición, en una suerte de corrupción transversal. Hasta se pintaban los mapas por colores con lo que tocaba a cada organismo y partido .

El concurso público estaba amañado y aquel promotor que quería adjudicaciones tenía que pagar las comisiones al partido «dueño» de la parcela que le interesa. La tarifa oscilaba entre 3.000 y 6.000 euros por cada vivienda que se fuera a construir . El intermediario encargado de recaudar se quedaba una parte y entregaba el resto al partido. Según informaciones ya en manos de los investigadores de la trama Púnica, este sistema se ha usado, presuntamente, en municipios como Getafe, Parla, Alcalá de Henares, Alcobendas, Rivas y Móstoles . Un promotor, implicado en Púnica, reconoce a ABC haber pagado a cambio de adjudicaciones en varios municipios, entre ellos Getafe, y sospecha que «el intermediario se quedaba más de lo que terminaba llegando al partido» . Este hecho lo corrobora otro constructor al que no le adjudicaron la parcela a la que presentó «porque me negué a pagar», sostiene.

Para que el sistema funcionara, los concursos públicos estaban llenos de subjetividades: así los aprovechamientos urbanísticos se podían adjudicar de manera arbitraria. El precio no computaba en el concurso porque era un valor tasado, por lo que el proyecto técnico era la clave, lleno de puntos sujetos a interpretaciones, como el capítulo de «eficiencia bioclimática».

Este sistema corrupto es un secreto a voces en Getafe, donde destaca el Consorcio Urbanístico Los Molinos-Buenavista, cuyos pliegos se aprobaron en 2006, cuando Granados estaba al frente de Arpegio. Gobernaba el municipio el socialista Pedro Castro , que fue alcalde entre 1983 y 2011. PSOE e Izquierda Unida tenían el control del Pleno, pero según las fuentes consultadas por ABC, el PP, en la oposición, también participó en las presuntas irregularidades.

El negocio fue mayúsculo, ya que se construyeron 12.000 viviendas, 10.000 de protección pública y 2.000 libres. Los promotores que querían asegurarse alguna parcela tenían que contactar con los «conseguidores» de cada partido. Los empresarios consultados por este diario han puesto nombres y apellidos, datos que, según ha podido saber ABC, ya están sobre la mesa de los investigadores de la trama Púnica, en la que hay una pieza abierta sobre Arpegio en la que encajan estos hechos.

En el grupo mayoritario, el PSOE, el hombre clave era Santos Vázquez, en esa época concejal de Urbanismo. El político, imputado en el caso Aparcamientos, reconoce a ABC que recibió a promotores interesados en las parcelas del Consorcio, pero niega haber recibido comisiones: «A mí nunca me han dado dinero a cambio de adjudicaciones, jamás. La financiación del partido iba a otro nivel », sostiene. También asegura que «las adjudicaciones se hacían desde Arpegio, investiga por ahí...». Un promotor que reconoce haber pagado en Getafe dice que «efectivamente, Santos no se encargaba de recibir el dinero». «Los que gobernaban ponían a un intermediario al que se le pagaba en metálico, siempre en billetes », añade.

En cuanto al socio de Gobierno, IU-CM, el conseguidor señalado es Herminio Palomo. Su nombre aparece en el sumario de la trama Púnica porque su empresa facturó más de 750.000 euros a una sociedad de David Marjaliza. Niega las acusaciones y asegura que «mi única relación con IU es que soy amigo de Gregorio Gordo» , exportavoz en la Asamblea. Por el PP señalan a los exconcejales José Luis Moreno Torres y José Luis Vicente Palencia. También han negado a ABC haber participado en operaciones ilícitas .