El PP acumula 30 recursos ante la Justicia para frenar a Sánchez y sus socios

Esa falta de diálogo y entendimiento entre el Gobierno y el jefe de la oposición ha imposibilitado los acuerdos y consensos en lo que llevamos de legislatura, y ha llevado a los populares a tratar de frenar en los tribunales las decisiones del PSOE y sus socios que consideran fuera de la ley.

Desde que Sánchez llegó a La Moncloa, el Grupo Popular ha presentado ante los tribunales un total de 28 recursos, a los que se suman el que interpuso el PP el pasado 30 de junio contra los indultos a los condenados por el golpe a la legalidad en Cataluña en 2017, y antes contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El PP presentó el recurso contra los indultos, que en realidad son nueve, uno por cada condenado, como partido político que representa a millones de españoles «afectados en su soberanía con este atropello democrático, y a miles de catalanes que han visto atacado su patrimonio, su libertad, su seguridad y su convivencia en la escuela, el trabajo o los servicios públicos».

El Grupo Popular se estrenó en su oposición 'judicial' apenas un mes después de que Sánchez llegara a La Moncloa tras ganar la moción de censura a Mariano Rajoy. Ante la rápida maniobra del Gobierno en RTVE el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley por el que se concretó de forma urgente el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración del ente público y de su presidente.

A partir de ahí los recursos se sucedieron contra decisiones del Gobierno y de sus socios y también de algunas de las comunidades gobernadas por estos. Con todo, la actividad judicial del PP está lejos de la que ha desarrollado Vox. Desde 2020, este partido ha basado su estrategia en un total de 93 procedimientos judiciales, con un aluvión de recursos y querellas contra el Gobierno de Sánchez y los autonómicos de cualquier color político, como informó ABC .

En esta vía judicial para tratar de frenar a Sánchez y sus socios, el PP ha contado con el despacho de abogados de Albert Rivera en dos ocasiones. Primero se hizo cargo del recurso contra la ley de alquileres catalana, y después recibió el encargo de recurrir la 'ley Celaá' de Educación. El recurso, que se admitió a trámite, se basó en la defensa del español como lengua vehicular y en la libertad de elección de los padres para elegir el centro educativo para sus hijos.

La colaboración de Rivera con el PP ha dado pábulo a los comentarios sobre un posible acercamiento del expresidente de Ciudadanos al partido de Casado. Desde Génova se le han abierto las puertas de par en par, pero de momento no las ha traspasado. Su presencia en la convención nacional del PP en Valencia, los días 2 y 3 de octubre, puede ser una de las cartas guardadas por Casado.

En la lista de recursos del PP destaca el que presentó en el Supremo contra el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado. La Sala de lo Contencioso-Administrativo fijó el 19 de octubre para la votación y fallo de los recursos interpuestos por el PP y Vox.

Una de las últimas actuaciones del Grupo Popular ante la Justicia fue para tratar de impugnar la ley orgánica de eutanasia , aprobada en marzo. Los populares apuraron los plazos y presentaron un recurso de inconstitucionalidad el 24 de junio. El principal partido de la oposición recurrió parcialmente la ley, solo cinco de sus artículos y la Disposición Adicional quinta, por infringir un total de 17 artículos de la Constitución, entre ellos el 15, que consagra el derecho a la vida y a la integridad física y moral. El PP siguió así los pasos de Vox, que presentó su recurso unos días antes.

El abuso del decreto-ley por parte del Gobierno ha acabado en el TC también. El PP llevó el mes pasado ante el Constitucional el decreto-ley conocido como 'ley rider' , al entender que no había urgente necesidad para su aprobación, como exige la Constitución, lo que supone hurtar el legítimo debate al Parlamento.

El último recurso que el PP ha llevado ante el Tribunal Constitucional se dirige contra la exposición de motivos de la ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, que el Gobierno aprovecha para atacar al Ejecutivo de Mariano Rajoy por el «desmantelamiento de las libertades» que llevó a cabo.