Imagen de ayer en el juicio al «procés» - EFE

Juicio procésLa Fiscalía marca las reglas del juego: «No existe una soberanía del pueblo catalán»

El Ministerio Público niega el juicio político: «Son perseguidos por acciones, no por ideas»

Juicio del procés directo, octava jornada

MadridActualizado:

La técnica jurídica y una impactante puesta en escena se llevaron ayer por delante la retórica «victimista» de las defensas de los líderes del «procés». La Fiscalía del Tribunal Supremo rebatió una a una las impugnaciones formuladas el día anterior por los abogados de los acusados y elevó el juicio al «procés» a la categoría de «defensa de la democracia española». Lo hizo con las intervenciones de dos fiscales -Javier Zaragoza y Fidel Cadena-, que exhibieron la fortaleza del Estado de Derecho ante la actuación secesionista ilegal que amenazó la convivencia.

La atmósfera de calma y sosiego que reinaba ayer a primera hora en el Alto Tribunal -sólo veinticuatro horas después de la frenética jornada inaugural del juicio oral- se vio alterada de golpe por la irrupción del fiscal Zaragoza, cuyas graves palabras delimitaron el terreno de juego de la democracia española. «El derecho a la autodeterminación es una aspiración legítima, pero solo puede perseguirse por los cauces legales», expresó el representante del Ministerio Público, que combatió la tesis secesionista de que se trata de un juicio político. «Nadie es perseguido aquí por sus ideas, sino por sus acciones». Continuó el discurso el fiscal Fidel Cadena, que mantuvo la contundencia del alegato con un tono menos apasionado.

La intervención de la Fiscalía -brillante en su contenido y, en el caso de Zaragoza, también vehemente en su exposición- puso de manifiesto las debilidades de las defensas sobre tres ejes. El primero, los acusados no están sentados en el banquillo por perseguir ideas, sino por sus actuaciones presuntamente delictivas; segundo, todo diálogo político es posible en democracia, pero no desde la imposición ni fuera de la ley; y tercero, no existe una soberanía del pueblo catalán, sino del pueblo español.

Zaragoza -que en su momento defendió también el alegato final de la acusación pública en el juicio del 11-M-, denunció la visión distorsionada de los hechos que algunos abogados de la defensa -«no todos», remarcó- presentaron durante la primera sesión del juicio, en el trámite destinado a las impugnaciones por razones de forma.

«Sentar al Estado»

«Más que alegatos defensivos parecen libelos acusatorios» con la finalidad de «desprestigiar a la justicia española y sus instituciones, y cuestionar la calidad democrática de nuestro Estado de Derecho», aseguró. «Se pretende transformar en víctimas a quienes han quebrantado el orden constitucional y sentar en el banquillo al Estado», concluyó.

El veterano fiscal de Sala recordó que la condición de político «no es una patente de corso» que justifique acciones delictivas. «El político está sujeto al mismo Código Penal que cualquier otro ciudadano, y el ejercicio de los derechos no justifica desobedecer al Tribunal Constitucional, órgano clave en el sistema democrático, ni convocar a miles de ciudadanos para retener a una comisión judicial, ni abocarlos al enfrentamiento violento con las fuerzas policiales el 1-O ni sustraer a los Mossos al cumplimiento de la legalidad constitucional ni destinar fondos públicos para financiación de un referéndum prohibido». Zaragoza condensó así el relato de hechos por los que el Ministerio Público acusa de los delitos de rebelión, sedición y malversación a los doce líderes del «procés».

Zaragoza rechazó cualquier atisbo de tortura -como denunciaron las defensas- durante los incidentes del «procés». «Identificar el uso legitimo y proporcionado de la fuerza policial con la tortura, aunque se produjeran lesiones, es un disparate jurídico de dimensiones importantes», señaló. Desmereció también el manifiesto contra el delito de rebelión que supuestamente suscriben 120 catedráticos de Derecho Penal y que los líderes independentistas pasean por Europa en su afán de desprestigiar a la Justicia española. «No sé de dónde ha sacado la defensa que hay 120 catedráticos de Derecho Penal en España. Lo firman un 15 por ciento, y no son los de más autoridad y prestigio académico. Sólo hay que leer la lista».

El fiscal no se olvidó de abordar la decisión de la justicia alemana de no entregar al expresidente catalán Carles Puigdemont -el cabecilla del «procés» y el gran ausente en el juicio- por el delito de rebelión. Según Zaragoza, el tribunal alemán que examinó la euroorden incumplió «palmariamente» la normativa europea al valorar el fondo del asunto y juzgar lo sucedido.

El contraataque de la Fiscalía -cuyo discurso rompió la ficción que transmitió el alegato coral de las defensas- continuó con Cadena. Entró de lleno en la cuestión que late en la permanente crisis catalana y rebatió que los gobernantes catalanes puedan buscar la independencia sin contar con el resto de España. «No hay una soberanía del pueblo catalán, hay una soberanía del pueblo español. No pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos. Segovia no es solo de los segovianos ni Zaragoza solo de los zaragozanos, ni Cataluña de los catalanes independentistas, sino de todos», expresó.

Cadena insistió en negar el carácter político del proceso. «No se enjuicia una ideología independentista. A nadie se le pide que renuncia a su ideología». El fiscal ensalzó la generosidad de la Constitución española, que no establece límites al debate político y no exige la militancia: se pueden defender todas las ideas, a través de los cauces legales.

«Murallas humanas»

Al rechazar que se persigan ideas, Cadena abordó el fondo del asunto y argumentó que lo que se enjuicia es «un plan minucioso, orquestado y pluriconvergente» para la comisión del delito de rebelión, a través del que se creó una legislación paralela «con un cóctel explosivo de unilateralidad». El fiscal señaló que los Mossos d’Esquadra «se ponen completamente al lado de la rebelión» y que este delito no exige que se utilicen armas, «solo un alzamiento público y violento», lo que según el Ministerio Público sucedió en los hechos del 20 de septiembre y 1 de octubre. El delito de rebelión castiga a aquellos que declaren la independencia de una parte de España a través de un alzamiento público y violento.

El debate sobre la violencia será esencial cuando comience la batalla de los argumentos. «Esa violencia es instrumentalizada a través de las personas», sostuvo Cadena, que ubicó la violencia y la intimidación en «la utilización de las murallas humanas que se lanzan contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que pretenden evitar el referéndum» en el 1-O.

Tras la intervención de la Fiscalía, poco pudieron añadir las acusaciones de la Abogacía del Estado y Vox, que adoptaron un perfil bajo y negaron que este proceso sea otra cosa que un mero «juicio penal». La Abogacía dedicó gran parte de su intervención a defender las palabras a la BBC de la secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, criticadas por el secesionismo porque asumían la condena a los líderes del «procés». Tras las cuestiones previas, que supuestamente iban a ser un debate técnico sobre aspectos de forma, se prevé que el juicio se adentre hoy en las declaraciones de los acusados. Tiene la palabra Oriol Junqueras.