La defensa de Junqueras apela a la Constitución que el «procés» pisoteó

Pero también se atrevieron a apelar a la Constitución, la misma que el «procés» pisoteó con la reiterada desobediencia de sus gobernantes a la resoluciones de los tribunales. La Carta Magna «impide criminalizar la disidencia» , señaló Andreu Van den Eynde, el abogado de Oriol Junqueras , que levantó el telón a las 10.35. La Constitución española como escudo.

En presencia del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, que acudió al juicio en calidad de autoridad (y como tal fue recibido por la jefa de gabinete del Tribunal Supremo), el letrado abrió el turno de intervenciones de esta histórica vista calificándola como una «causa general contra el independentismo catalán». Otras defensas insistieron en hablar de «juicio político» y cuestionaron la imparcialidad de los siete magistrados para juzgar este caso.

Algún letrado, como el de Joaquim Forn , se decantó por una defensa estrictamente jurídica: «Esto es un juicio penal, como el de una estafa, y hay que solucionarlo con los instrumentos con los que contamos, que es la ley».

Estas impugnaciones formaban parte de las cuestiones previas, el trámite inicial de la vista en el que las defensas exponen sus alegaciones por vulneración de derechos o cuestiones procedimentales. Tras las defensas, hoy las acusaciones rebatirán estas impugnaciones. Después llegarán los interrogatorios a los líderes del «procés» -que ayer se sentaron en el habitual banquillo de los acusados, en el que solo Jordi Sànchez portaba el lazo amarillo-y el juicio se adentrará en el debate de fondo.

En un discurso convertido en alegato político , Van den Eynde argumentó que la causa por rebelión atenta contra los derechos fundamentales y políticos de los acusados, y aseguró que el Supremo ha restringido casi todos los derechos protegidos por la Constitución. Elevó el tono al acusar a la Justicia de aplicar a los líderes del «procés» el «Derecho Penal del enemigo».

Según este abogado, el plan ilegal -que incluyó unas leyes de ruptura fuera del ordenamiento constitucional, un referéndum prohibido por la Justicia y una declaración unilateral de independencia; una secuencia que fracturó a la sociedad catalana- solo fue una actuación política en «defensa del derecho de autodeterminación»-, amparada por la libertad de expresión. «El derecho de autodeterminación es la fórmula para que no existan conflictos en el mundo, es sinónimo de paz y no de guerra. Ninguna ley internacional o de la UE impide la secesión de una entidad subestatal», manifestó el abogado, que desligó ese camino de las situaciones coloniales, el único contexto en el que está permitido según el Derecho Internacional.

«Lo que hacen los catalanes es protestar, porque estamos políticamente excluidos de determinadas decisiones. Si no puedo opinar, tengo que tener derecho a protestar», concluyó el letrado, al incluir la protesta entre los supuestos derechos vulnerados. Solo tardó seis minutos en referirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que los acusados recurrirán el fallo, pero que solo podrá analizar una posible lesión de algún derecho, sin ninguna opción para revisar la futura sentencia.

Dentro de la estrategia coordinada entre algunas defensas, Jordi Pina se encargó de cuestionar la imparcialidad de los siete magistrados del tribunal que enjuiciarán los hechos y planteó la recusación de cuatro de ellos. «Les pido que sean jueces, no salvadores de patria», expresó el abogado, que aludió al eco político de este caso.

Pina institió además en que se llame a declarar al Rey y a Carles Puigdemont como testigos, peticiones que el tribunal ya ha rechazado. «No quiero importunar a Su Majestad, pero mis mandantes tiene derecho a que se le pueda interrogar sobre lo que dijo el 3 de octubre, pero también sobre lo que no dijo».

Especialmente incisiva fue también la intervención de Benet Salellas, el abogado de Jordi Cuixart . Trajo también a colación la Carta Magna, para apelar a la defensa de los derechos fundamentales que contempla. A su juicio, aunque no hay un mandato explícito, «todos los ciudadanos debemos defender los derechos fundamentales (…) Si empieza este juicio, el sistema de derechos y libertades habrá entrado en un universo de riesgos irreparables», lamentó.