Policías y guardias civiles mantendrán en las calles su pulso con el Gobierno

«Si sigue adelante, nosotros también seguiremos dando la batalla», explican varios portavoces aglutinados en la plataforma que da cobertura a 40 organizaciones a las que están afiliados más de 140.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los rivales en el movimiento sindical se han dado la mano ante los cambios que se proyectan. El próximo día 14 la Comisión de Interior del Congreso se reúne para fijar un calendario de trabajo y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya ha anunciado que el Gobierno seguirá adelante: «Vamos a derogar la ley de Seguridad Ciudadana», insistió el miércoles en la sesión de control al Gobierno. Lo harán, dijo, para «garantizar los derechos de los ciudadanos» y «dar seguridad jurídica» a los policías y guardias civiles.

Los grupos parlamentarios han presentado 326 enmiendas de todo tipo, desde las del PP en la que se considera que «reformar la ley no es urgente y el momento actual es inoportuno» hasta la batería de Bildu o de Unidas Podemos en las que aparece un cuestionamiento explícito del trabajo policial y propuestas que implican la despenalización encubierta del cannabis, por ejemplo. Cs incluye alguna destinada a perseguir la okupación.

«El ministro debería recapacitar y escuchar a sus policías y a los ciudadanos, que es a quienes más perjudica esta reforma», explica Ernesto Vilariño el presidente de la asociación Jucil, con unos 13.000 asociados, y mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil tras las últimas elecciones en las que obtuvo seis represenantes.

«Lo que dan a entender es que los policías somos racistas y xenófobos. Nos dejan a los pies de los caballos», se queja Pablo Pérez, secretario de Comunicación y vocal de Jupol en el Consejo de la Policía. Su sindicato, con unos 25.000 afiliados, según explica, es el mayoritario en el Consejo, pese a que es el SUPel que se atribuye el mayor número de afiliados. Otra guerra interna, ahora rebajada por la unidad de acción.

En la enmienda encabezada por Íñigo Errejón, por ejemplo, se recoge: «Se prohíbe el empleo por parte de la policía, sin justificación objetiva y razonable , de la raza, color, lengua, religión, nacionalidad u origen étnico o nacional en las actividades de control, vigilancia o investigación». Propone un mecanismo independiente de supervisión de la actividad policial, con capacidad para atender quejas individuales, investigar de oficio, y analizar legislación, reglamentos y procedimiento operativos.

Bildu, que explicita un cuestionamiento general de la actividad policial en seguridad ciudadana, plantea en una de sus enmiendas que se forme a policías mediadores para actuar en manifestaciones y huelgas y que les acompañen profesionales de otros ámbitos. Palabras, frente a pelotas de goma y escudos.

El siguiente paso en cuanto a movilizaciones no está perfilado aún. Cuando se convocó la manifestación del 27, Jusapol, la plataforma convocante, que incluye a policías nacionales y guardias civiles, fijó una protesta frente al Congreso para el día 14, coincidiendo con la fecha en la que echará a andar la Comisión para la reforma. Sin embargo, tanto ellos como el resto de asociaciones y sindicatos tienen previsto cerrar un calendario más concreto. «De momento no hay nada decidido» , indican desde el SUP, que acaba de celebrar su Congreso en el que se ha reelegido a su secretaria general Mónica Gracia. Jucil anima a sus afiliados a participar en todas las protestas, aunque ese día su Ejecutiva no estará en el Congreso, si se lleva a cabo, debido al calendario interno de la asociación y a que ellos deben pedir los días asociativos con un mes de antelación.

El objetivo de todos es claro: que la reforma no salga adelante como está planteada y mantener la unidad . El pulso al Gobierno no es político, dicen, sino policial, en defensa de su trabajo.