La Policía francesa halla 200 cartas con las que se iba a extorsionar a empresarios

Fuentes de la lucha antiterrorista indicaron que, a las siete y media de la tarde del martes, dos agentes franceses que patrullaban por una zona poco frecuentada de la región de las Landas -al norte del País Vasco francés- observaron a cinco personas que, en torno a tres vehículos estacionados en un camino forestal y en actitud sospechosa, mantenían una conversación.

Los agentes decidieron acercarse con la idea de que podía tratarse de delincuentes comunes y con el fin de solicitarles que se identificaran. Los cinco individuos, sin embargo, reaccionaron rápidamente y, antes de que los gendarmes estuvieran demasiado cerca, huyeron en dos de los tres vehículos. Aunque fueron perseguidos, no fue posible su detención.

No se trataba de delincuentes comunes sino de miembros de la banda terrorista ETA. En concreto, recaudadores del «impuesto revolucionario» que habían elegido ese discreto lugar para mantener una reunión.

Tras el registro del vehículo abandonado y, según han confirmado las fuentes citadas, los gendarmes encontraron documentación de la organización criminal y doscientas cartas -con sus sobres ya preparados con los nombres y direcciones de sus destinatarios y el franqueo correspondiente- listas para ser enviadas a empresarios residentes en Navarra y en el País Vasco.

En esas misivas, ETA exigía en los términos amenazadores habituales el pago de determinadas cantidades de dinero. En anteriores «campañas» de recaudación, la cifra exigida por los terroristas era próxima a los 150.000 euros.

El cobro del chantaje es una de las tradicionales fuentes de ingresos de la organización terrorista. La pasada semana, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó la detención -y posteriormente la libertad bajo fianza de 18.000 euros cada uno- de dos «históricos» miembros de ETA por haber extorsionado a empresarios en los años noventa.

Se trata de Jokin Gorostidi Artola, procesado también en relación con la red Xaki, y encargado de recaudar el «impuesto revolucionario» en las fechas en las que era miembro de la mesa nacional de Herri Batasuna e integrante del «aparato de finanzas» de la banda. El segundo detenido, Juan José Arruti López, estuvo vinculado a ETA desde 1981 y ejerció como correo. A ambos se imputa un delito de integración en organización terrorista.

Documentos de ETA en poder del magistrado de la Audiencia Nacional ponen en evidencia que en la década de los noventa, en la que se produjo la extorsión al empresario Adolfo Sobrino imputada a los dos detenidos, la banda terrorista había delegado en HB el cobro de la extorsión.

El dinero -30 millones de las antiguas pesetas- fue entregado por la familia del empresario a Juan José Arruti y éste lo hizo llegar a Jokin Gorostidi. A ETA sólo llegaron 5 millones.