La Policía contempla enviar a Cataluña un millar de agentes si las protestas independentistas derivan en disturbios

La posibilidad de incidentes aumentó, según informes policiales, desde que el pasado lunes fueron detenidos por la Guardia Civil nueve integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) en una operación ordenada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía. Siete de ellos ingresaron en prisión por los delitos de pertenencia en organización terrorista , conspiración para causar estragos y tenencia y fabricación de explosivos.

Desde el Ministerio del Interior prefieren no dar datos concretos sobre el dispositivo y se limitan a subrayar que existe buena coordinación con los Mossos d'Esquadra, que es el cuerpo encargado en primera instancia de garantizar la seguridad en Cataluña.

«En materia de seguridad actuamos en coordinación permanente con los Mossos y tomamos las decisiones sustentadas en los parámetros de necesidad y proporcionalidad para concretar el número de efectivos», ha asegurado el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska,

El titular del Interior ha pedido esta mañana discreción al ser preguntado por la prensa sobre si mandarán más efectivos policiales a Cataluña por el 1-O. También ha aprovechado para pedir al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que condene el ejercicio de la violencia de los grupos independentistas radicales, independientemente de lo que verifique la investigación judicial sobre los CDR. «Es algo fácil para cualquier demócrata», ha comentado.

El pasado 26 de septiembre se suspendió una reunión de la Comisión mixta de Seguridad entre el Estado y la Generalitat convocada en la Delegación del Gobierno en Barcelona, alegando la Consellería de Interior «motivos de agenda».

Ese mismo día por la tarde el Parlament aprobó pedir la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil , dar una respuesta institucional contra la sentencia del 1-O e impulsar un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos.

En relación con la respuesta a la sentencia, el secretario nacional de la ANC, David Fernàndez, ha explicado este lunes que la entidad independentista convocará una marcha de tres días desde varios puntos de Cataluña que acabará en Barcelona, y que su intención es «colapsar la red viaria». También desde sindicatos se ha convocado una huelga para el 11-O.

A la comisión mixta de seguridad estaban convocados, entre otros, la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera; el secretario general de la Conselleria de Interior, Brauli Duart; y el director general de la Policía catalana, Andreu Joan Martínez, que ha dejado el cargo este mismo lunes, víspera del segundo aniversario del 1-O.

Ese día sí se celebró una reunión técnica operativa en la comisaría de Les Corts de Barcelona, donde se trataron cuestiones de seguridad, con la asistencia del director del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez; el jefe superior de Policía, José Antonio Togores; el jefe de la Guardia Civil en Cataluña, Pedro Garrido, y del comisario jefe de Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent.

PROTECCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

Cuando se celebró esta reunión se habían movilizado ya cinco grupos de la Unidad Policial de Intervención (UIP) -algo más de 200 agentes- para que se desplazaran a Cataluña en apoyo a los Mossos. La cifra, según las citadas fuentes, puede ir aumentado en los próximos días y la previsión es que se desplacen en torno al millar de efectivos.

Los antidisturbios de la Policía Nacional se encargarán, en principio, de custodiar las sedes de edificios oficiales de titularidad estatal como la Delegación el Gobierno, la Jefatura Superior, comandancias y cuarteles, o incluso sedes de tribunales.

A estos agentes de la UIP se suma un par de grupos de retén de la Unidad Central de Intervención (UCI) de la Policía que están desplegados de forma continua para, entre otros cometidos, hacerse cargo de la seguridad del paso fronterizo de La Junquera (Gerona).

En el otoño de 2017, coincidiendo con el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia, se llegaron a desplazar a Cataluña unos 6.000 efectivos policiales, doblando la plantilla fija de la Policía y la Guardia Civil.