La polémica sentencia sobre Rumasa planea sobre el Tribunal Constitucional
PABLO MINGOTEMADRID. El proceso para decidir la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña puede convertirse en una carrera de obstáculos. Con la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps se ha
PABLO MINGOTE
MADRID. El proceso para decidir la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña puede convertirse en una carrera de obstáculos. Con la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps se ha abierto un compás de espera ante su posible dimisión. En caso de producirse, el Gobierno ya ha confirmado que sustituirá al magistrado por otro teóricamente afín, con lo que se produciría una situación de equilibrio en la que, de los doce miembros que conforman el Tribunal, la mitad votaría en contra del Estatuto y la otra mitad a favor. Ante esta situación, el voto de la presidenta, María Emilia Casas, es «de calidad» -vale el doble que el de los demás-, por lo que decidiría el resultado.
De esa manera, Casas se colocaría en una situación muy delicada por la trascendencia política del fallo, que recuerda a la decisión que el Tribunal tomó sobre la expropiación de Rumasa en 1983. En aquella ocasión se produjo un empate sobre la acción del Gobierno socialista, ante la que Alianza Popular presentó un recurso que fue desestimado por el voto de Manuel García-Pelayo, el entonces presidente.
García-Pelayo recibió un aluvión de críticas, así como acusaciones de haberle hecho el juego al Gobierno de Felipe González. Con su hasta el momento exitosa carrera truncada, en 1986 renunció a la presidencia del Constitucional, y en 1987 se «exilió» a Caracas, donde falleció en 1991.
Mucho se dijo sobre la controvertida sentencia por la expropiación de Rumasa, sobre oscuras razones que llevaron a la intervención del holding de Ruiz-Mateos, hasta el punto de considerarse que fue el pistoletazo de salida de una escalada de escándalos.
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