La pieza Kitchen confirma el eterno descontrol de los fondos reservados

Dos comisarios y un facultativo testificaron que no tenían un control que les hubiera permitido detectar los tejemanejes, y el ex ministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez , aseguraron que a ellos no les llegaba el pormenor . Una cantidad y el nombre «ficticio» de una operación, nada más.

Son reveladoras las dos declaraciones de José Manuel Benavides , secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) entre septiembre de 2006 y septiembre de 2013, responsable de esos pagos y de la intendencia del «corazón» de la Policía. Ejerció con Zapatero y con Rajoy , con varios ministros de Interior del PSOE y del PP, y con distintos DAO.

Así funcionaba el reparto de fondos reservados en el Cuerpo según su experiencia: «Las unidades operativas (comisarías generales y Jefaturas) comunicaban a la secretaría general la cantidad que necesitaban para el mes siguiente . Todas esas cantidades sumadas era lo que yo pedía a la Secretaría de Estado de Seguridad. El director del gabinete de coordinación y estudios (dos mandos sucesivos de Guardia Civil en esa época, el último el ahora coronel Diego Pérez de los Cobos ) me entregaba los fondos (en metálico), yo firmaba un recibí y los repartía. A la vez presentaba una justificación de los gastos del mes anterior. Me llevaba el dinero con el recibo y lo anotaba en un libro de contabilidad con el dinero y lo que quedaba de remanente».

Manejaba así cantidades macro: tanto piden, tanto han gastado . El detalle de a qué fue destinado el dinero no lo tenía. «Yo ni quería saber ni preguntaba nunca para qué era ese dinero», afirmó ante el juez su sucesor, Enrique Lacasa . Se dijo heredero de la gestión de Benavides y también de ese «libro vetusto» donde se anotan a mano cantidades con conceptos tan someros, que no reflejan los pagos en mano en su mismo despacho realizados a cinco policías imputados por la operación Kitchen : se recogían como gastos de la secretaría General de la DAO. Cobraron, sí, algunos varias veces, con autorización del director Eugenio Pino , investigado en la causa.

«El DAO decía: ‘a este hay que pagarle tanto’. Pasaba y firmaba el recibí», dijo Lacasa. A la pregunta de qué hacían con el dinero que él entregaba a policías como el comisario imputado Enrique García Castaño : «Pregúntele a él, yo no lo sé» . De los cinco agentes a los que recuerda que pagó fondos reservados por orden de Pino, los mismos que el exDAO ha ratificado, sólo recuerda que presentara recibos José Manuel Villarejo . «Era especialmente meticuloso». El resto, no.

Pino aseguró que ninguno de los pagos fue para aquel espionaje al tesorero Luis Bárcenas , misma versión que dio García Castaño. Los secretarios generales, no podían asegurarlo, no lo sabían.

Esa era la primera parte. La segunda, el reparto específico. Los fondos se entregaban a un representante de cada Comisaría General que iba cada mes a la DAO a recogerlos tras firmar un recibí y los metía en su propia caja. De ahí, a las distintas operaciones policiales sufragadas con fondos reservados. Las cantidades eran autorizadas por el DAO, este firmaba «un folio con la cantidad gastada» y eso era lo que llegaba a Secretaría de Estado, al menos de parte del «cajero». Pino asegura que la justificación concreta de cada euro se gestionaba en cada unidad receptora y «todo el expediente» subía después al ministerio. Pero él no lo llevaba. Su segundo, tampoco. En la causa lo que consta es que al menos con Kitchen, nadie lo hizo.

La Ley de fondos reservados de 1995 establece que hay que justificar los fondos del mes anterior con tres documentos que incluye como anexos y que contienen campos a rellenar como la operación y el concepto (pagos a colaboradores, adquisiciones, bases...); pero esta normativa se habría estado incumpliendo sistemáticamente , a tenor de las declaraciones judiciales de los gestores de aquel dinero. «Yo la leí por encima (la ley) cuando me hice cargo de la gestión, pero en mi día a día, fui siguiendo las normas y costumbres», señaló el comisario Lacasa. Incidió en que hacía lo que podía: «Yo no soy contable».

«¿Cómo se justificaba lo del mes anterior? ¿A la secretaría de Estado no llegaba ninguna justificación?», preguntó el fiscal Anticorrupción a Benavides. «Lo desconozco», aseguró, habiendo dejado claro que el efectivo solo lo manejaba él. Insistió el fiscal y él zanjó: lo que llevaba a la Secretaría de Estado era un folio que firmaban él y el DAO . Y si llegaba la justificación del pormenor gastado en la unidad, desde luego no era él quien lo firmaba ni quien lo elevaba. Lacasa tampoco lo hacía. Intuía que arriba algo debían de saber de las operaciones, igual que presumía que el pormenor de los gastos debía firmarlo Pino. Al fin y al cabo, «cada unidad» receptora de los fondos «está obligada a tener hasta el último papel que justifique ese gasto», según dijo. Pero el DAO no refrendó del todo su tesis cuando el fiscal le preguntó si se consignaba el nombre de la operación, como marca la ley, junto al gasto. «Es que yo no lo he hecho nunca, no lo sé. Mi visto bueno, sí».

Ahí se resumían partidas de miles de euros cada mes. En números macro, sin pormenor . Y, según Benavides, no por su voluntad. Nunca le pidieron aclaraciones sobre el destino de operaciones o conceptos, siendo responsable también del libro de fondos. Ni él ni sus predecesores, tal y como declaró, tenían obligación de justificar nada más allá. «No era mi competencia», destacó Lacasa preguntado sobre el mismo tema. «Son cuatro apuntes contables muy sencillos (...) Te dan cuarenta y tienes que responder de cuarenta (...) Y que cada palo aguante su vela», añadió como testigo el sucesor de Lacasa al frente de la gestión de los fondos reservados. Se trata de Miguel Ángel Bayo , asesor jurídico en la DAO durante 32 años y «cajero» interino por orden de Pino desde la jubilación del secretario general.

Él entregaba cada mes en torno a 5.000 euros al comisario de la UCAO Enrique García Castaño por orden de su jefe, pero no sólo durante Kitchen. Reconoció, como su predecesor y el propio DAO, que a Castaño se le dio dinero muchas veces mediando solo un «recibí», de manera que la Comisaría General de Información estuvo recibiendo partidas por dos vías diferentes: la oficial y la de García Castaño. ¿Justificación? «Hojitas» y «carpetitas» .

Pero, como decía Lacasa, «uno por ser secretario general no deja de tener su criterio policial». A él le «extrañaba» que teniendo la UCAO su propio presupuesto reservado de la Comisaría General de Información, García Castaño trabajase «un poco por libre».

«Era un policía de mucho prestigio, uno podía entender que era una asignación especial que el DAO había tenido en cuenta y se la había asignado personalmente», comentó. También le extrañaba que Asuntos Internos, con fondos directos de la DAO, estuviera trabajando en temas de «investigación genérica» existiendo la Policía Judicial, pero seguía expidiéndoles recibís. «Yo no estaba en la cabeza del DAO ni tenía la información que él tenía», zanjó. «No hay forma de controlarlo», apostilló Bayo, salvo auditoría de la dirección. Y no consta.

Lo más parecido fue la inspección que acometió el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska en junio de 2018 y que supuso una paralización temporal del reparto. Ordenó revisar la asignación de fondos, pero, de acuerdo a las fuentes consultadas, difícilmente se podía llegar más allá de esos números macro consignados a man o.

No obstante, fuentes policiales destacan que sí ha habido un cambio. Ahora, aseguran, a l menos se rellenan los anexos y consta, aunque por reserva deba ser de forma genérica, en qué se va el dinero .