«El peso de Junqueras en el devenir de las relaciones entre España y Cataluña es indiscutible»

El Gobierno considera que la utilidad pública en la que basa los indultos es «una decisión política a favor del interés general que puede, o no, estar en consonancia con las circunstancias del sujeto, el delito cometido o la pena impuesta«. «No se trata de razones de justicia o equidad para el penado, sino que se pretende la consecución de unos intereses generales que trascienden a su situación individual», dice. Es al Poder Ejecutivo al que corresponde valorar la conveniencia política de esa utilidad en cada caso y la voluntad del penado «es irrelevante» pues lo relevante es «el interés general y la convivencia».

A su juicio, la utilidad pública de una decisión «debe medirse por el efecto que proyecta sobre los intereses colectivos o generales y por la trascendencia que presenta su adopción para el común de una sociedad, más allá de las repercusiones particulares«, y en ese sentido el Gobierno, a la hora de valorar los motivos de utilidad pública, »debe considerar si los valores superiores que se protegen mediante el cumplimiento efectivo de la sanción penal –la paz social y la convivencia democrática– excepcionalmente se alcanzan mejor mediante el derecho de gracia». «Pocos propósitos son tan dignos como el de restablecer la convivencia y la concordia entre catalanes o dar una oportunidad para restaurar las relaciones entre Cataluña y el resto de España», dice. Hay una «acuciante necesidad de responder, cuanto antes, a la profunda crisis social y política que, desde hace demasiado tiempo, viene condicionando y erosionando la paz social y la garantía de la convivencia democrática en Cataluña y, por extensión, en toda España». Se muestra convencido, así, de que los indultos son «un paso decisivo «para normalizar la política en Cataluña».

El informe califica a Junqueras como «uno de los principales actores políticos en la escena catalana», posición que le situó como uno de los máximos responsables de los delitos cometidos con ocasión del referéndum ilegal y posterior declaración de independencia. Por eso el Gobierno cree que se trata de «unap ersona clave para la restauración de la convivencia». Valora el hecho de que desde su entrada en prisión haya seguido recabando apoyos en diferentes citas electorales y que sea líder de una de las principales formaciones catalanas (ERC). «Su peso en el devenir de las relaciones entre España y Cataluña resulta indiscutible», apunta.

El Ejecutivo alude a la «profunda división que actualmente experimenta la sociedad catalana» y a la intensa polarización que ha alcanzado en la última década . «El Gobierno tiene la obligación ineludible de restaurar la convivencia entre las personas». Añade que la Justicia ha actuado para dar respuesta a unos hechos indudablemente reprobables, pero «el castigo penal ofrece una utilidad limitada a la hora de pacificar situaciones de conflicto como la que vive la sociedad catalana». «Es más, en ocasiones, el cumplimiento de penas privativas de libertad por parte de líderes sociales o políticos puede reforzar las lógicas de desafección, generando una falsa percepción de injusticia en quienes ven a sus representantes encarcelados y en quienes consideran que el castigo es excesivo». En este sentido alude al efecto que el encarcelamiento de Junqueras «genera en las personas que se ven representadas por su organización, y en aquellas otras que, sin ser independentistas, ven desproporcionada la reacción del Estado y en la sociedad española en su conjunto».

Valora también de Junqueras que haya apostado por la vía de «diálogo para mejorar la convivencia en Cataluña» y su riesgo mínimo de reincidencia. Durante los tres años y medio que lleva cumpliendo condena, «ha experimentado una evolución que le ha llevado abogar por el diálogo y la negociación como únicas vías posibles para la consecución de sus objetivos políticos. Actualmente, la literalidad de sus palabras refleja una clara apuesta por reconducir la acción política independentista a los cauces del diálogo y reconoce como indeseable cualquier acción no pactada con el Estado».

Dice el Ejecutivo que negar el indulto «traería consigo, sin duda, la agravación y cronificación del conflicto». «Gran parte de la sociedad catalana –incluso no independentista– no entendería, en un momento como el actual cuando se inicia una nueva etapa política en Cataluña, que el Gobierno central permaneciera inactivo. No entendería que no se hiciera uso de un mecanismo idóneo para rebajar la tensión social y política allí existente y para encarrilar la solución al problema por las vías del diálogo político y el entendimiento. Una decisión denegatoria obstaculizaría seria y gravemente ese nuevo escenario político e institucional que está empezando a surgir, pudiendo abocarlo nuevamente a una vía muerta».