El PDeCAT «reniega» de Convergència para desligarse del caso del 3 por ciento

Para ilustrar ese alejamiento, el representante del PDeCAT ha explicado al magistrado que su formación incluye en sus estatutos la consecución de la independencia de Cataluña como un objetivo , un punto que nunca plasmó por escrito Convergència, han informado fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. Ha añadido que el partido está alquilando locales nuevos cuando vencen los contratos de Convergència.

Estas explicaciones han centrado de lleno la declaración de los representantes de ambos partidos, a quienes De la Mata imputó como personas jurídicas en la causa del 3 por ciento, que investiga una supuesta financiación ilegal a través de las donaciones irregulares de empresarios catalanes. El juez atribuye a Convergència y el PDeCAT los delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo.

El magistrado justificó la imputación del PDeCAT como formación heredera de Convergència y explicó que el partido de Puigdemont conserva la estructura, el funcionamiento y multitud de recursos de su antecesor, como medios materiales y humanos, lo que demostraría que son «una misma realidad». De la Mata considera que el PDeCAT se fundó en julio de 2016 para «desconectarse» de las posibles responsabilidades penales que acorralaban a Convergència, cercada por los casos de corrupción. En palabras del juez, este paso fue "mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad".

La investigación del 3 por ciento, apelativo por el porcentaje que los empresarios supuestamente abonaban al partido, indaga en un sistema de financiación irregular a través de fundaciones de la formación (Catdem y Forum Barcelona), utilizadas como sociedades interpuestas para hacer llegar los pagos.

El juez considera que los implicados enmascararon estas cantidades en fingidas donaciones en un sistema que se mantuvo durante al menos once años. Según la Fiscalía Anticorrupción, que impulsa la investigación que apunta al antiguo dirigente soberanista Germá Gordó , se creó un circuito perfectamente engrasado en la contratación de obra pública en Cataluña, con el pago a cambio de las empresas adjudicatarias de importantes cantidades de dinero que iban a parar a Convergencia.

En la misma comparecencia han declarado los primos Juan Antonio y Emilio Carpintero, miembros del Grupo Ortiz, imputados por supuestos pagos en la adjudicación presuntamente irregular de la ampliación de un colegio público en Sabadell (Barcelona). Ambos directivos del grupo constructor han admitido que realizaron las donaciones a las fundaciones pero han alegado que desconocían su vínculo al partido . Según su tesis, su objetivo era ganar presencia comercial en Cataluña y promover proyectos culturales.