Los patrulleros de la Red

Su trabajo, en palabras del comisario principal Rafael Pérez , tiene dos pilares fundamentales: la investigación de vulnerabilidades y amenazas de sistemas informáticos -ciberataques- (de lo que se encarga la Brigada Central de Seguridad Informática ), y la investigación de redes sociales, acoso y pornografía infantil (que recae en la Brigada Central de Investigación Tecnológica ). Además, cuentan con una sección técnica, «que da soporte al resto de unidades policiales. Sobre todo en el análisis y extracción de datos forenses».

Hasta 2013, la Brigada Central de Investigación Tecnológica (BIT) era la encargada de vigilar la Red. Pero debido al rápido desarrollo de este tipo de delincuencia se creó la Unidad de Investigación Tecnológica. Ese mismo año, según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad, se detectaron 42.403 actos delictivos online. Tres años después, en 2016, ascendieron hasta los 66.586. «Se está comprobando que hay un aumento exponencial y progresivo de los delitos», asegura el comisario Pérez. «La ciberdelincuencia no es nueva, pero cada vez adquiere un protagonismo mayor . Hay estudios que señalan que, para 2021, las empresas cuantifican las pérdidas por ciberataques en torno al billón de dólares», puntualiza. El pasado 2017, tras cinco años sin cambios, Interior acometió una reforma estructural en la organización de Policía Nacional y Guardia Civil en la que, por primera vez, se incluía la ciberdelincuencia entre las competencias de ambos cuerpos: la Jefatura Central de Información, Investigación y Ciberdelincuencia (Policía Nacional) y el Mando de Información, Investigación y Ciberdelincuencia (Guardia Civil).

Los tres retos que el comisario Pérez destaca como esenciales para la Policía son «los grupos de ciberinteligencia, el patrullaje activo y la lucha contra las estafas y el comercio online, donde se está observando un incremento de actividad delictiva». Parte fundamental del trabajo es el patrullaje activo . O, lo que es lo mismo, la búsqueda en fuentes abiertas (perfiles de redes sociales, buscadores, foros, entre otros) donde se pueda estar cometiendo un delito. «Una venta ilegal de medicamentos, por ejemplo, se puede detectar buscando en foros, viendo dónde se vende o cómo se comercializa», explica el comisario. «Lo mismo se puede hacer en lo que se conoce como la internet profunda, donde los investigadores, los técnicos que están arremangados, saben cómo deben entrar para poder llegar a ese tipo de información», continúa.

«Ahora todo pasa por la Red», defiende el comisario Pérez. «Representa un mayor número de delitos que los tradicionales, pero no todo se denuncia . Una de las causas es el impacto de marca que puede sufrir una empresa, por ejemplo. En las pequeñas estafas bancarias, los bancos son quienes exigen que el cliente denuncie para devolverle el dinero».

Sin embargo, para este policía no existe el delito perfecto en la Red , pese a que el anonimato y que no exista la necesidad de estar físicamente en el lugar de los hechos fortalezcan que un delincuente actúe. « Supuesta garantía de anonimato », sostiene el comisario, ya que el rasgo digital no desaparece. «Puede ser más complicado, y dependiendo del delito la investigación será más compleja porque no es lo mismo un ciberataque que un acoso en la Red, pero el rastro digital existe».

«Lenta» y «compleja» son dos de los adjetivos que el comisario Pérez elige para definir la forma de trabajar de esta unidad. La transversalidad de los delitos al utilizar las nuevas tecnologías, su internacionalización o la colaboración entre las partes son algunos de los factores que marcan los tiempos del trabajo de estos agentes. « No es una tarea de hoy para mañana porque, además, hay que judicializar la investigación. También hay un tema de competencia sobre todo en redes sociales, donde muchas de las grandes empresas no son españolas», destaca.

Un ejemplo. En los delitos que se producen a través de la red social Twitter, la UIT tiene que pedir información a Estados Unidos, donde, en algunos casos, la Justicia entiende que el delito en cuestión no está tipificado o no encaja en sus leyes. «Hemos tenido el caso de un personaje político en el que Twitter ha tardado dos meses en facilitarnos la información. Por lo que, normalmente, la colaboración es buena, pero lenta , y por ello se nos van acumulando las investigaciones», sostiene el comisario.

La complejidad de estas investigaciones hizo que en 2001, con el objetivo de crear una política penal común contra la ciberdelincuencia, se ratificase el Convenio de Budapest (que actualmente cuenta con 43 países firmantes). No es el único marco legal que da amparo de estos agentes. En España, el comisario Pérez destaca la «profunda modificación» del código penal en 2015. «Hemos visto el apoyo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y estamos usando aquellas medidas que nos ha puesto para poder avanzar y ser eficaces y eficientes», asegura. Entre otras destaca la figura del agente encubierto virtual -que no estaba regulado hasta entonces- o los protocolos para la incautación de materiales.

Además del trabajo de análisis y rastreo, en la UIT la formación es parte innata del día a día. En parte porque el lenguaje cambiante de internet y sus códigos exige que los agentes estén en continuo y permanente aprendizaje . También investigadores de esta unidad acuden, con asiduidad, a foros internacionales, a universidades y a empresas privadas, algo que les permite nutrir a otros y aprender de los demás. «Tenemos una persona, que es el enlace directo con la Europol, en la J-CAT (el programa de lucha contra el cibercrimen del Centro Europeo de Ciberdelincuencia)», destaca el comisario Pérez.

«Una de mis grandes preocupaciones es no poder dar respuesta a peticiones para participar en foros internacionales y nacionales», asegura el comisario. «Raro es el día que cuatro o cinco personas no están formándose o impartiendo formación. Eso ilustra la profesionalidad de esta Unidad», defiende.