«Al pagar recibirá la garantía de que queda al margen de la acción armada de ETA»

El sumario del caso recoge la elección de objetivos, las cartas de extorsión, los contactos y los pagos

08/10/2009 a las 11:22h.

ETA exigía el «impuesto revolucionario» sólo a los empresarios «enemigos» del País Vasco, mientras que a los hombres de negocios que consideraban «patriotas» o «militantes a favor de Euskal Erria» les solicitaba una «ayuda económica a buenas», una cuota normalmente anual. La distinción figura en ... las decenas de cartas de extorsión enviadas por la banda terrorista entre 2001 y 2005, incluidas en el sumario del llamado «caso Faisán», y en remesas anteriores también aportadas a la causa (algunas son de principios de los 90). Son más de 200 folios de misivas, a veces con los mismos destinatarios, pero en distintas fechas.

Es imposible calcular cuánto dinero fue a parar a las arcas de ETA mediante esta red de extorsión, que exigía desde cantidades mínimas (unos 12.000 euros) a los empresarios «patriotas» hasta pagos que oscilan entre los 150.000 y los 200.000 euros a los «enemigos», según su siniestra terminología. En muchos casos los etarras consiguieron su objetivo y las víctimas pagaron, tal y como acreditan dos tipos de documentos incluidos en el sumario.

Órdenes a Gezi

Por una parte, las órdenes de los responsables de la banda a Gezi, el aparato financiero, de quitar de las listas de objetivos (lista Egur) a quienes ya habían pagado o estaban a punto de hacerlo: «Debe anularse porque ya se ha puesto en contacto», rezan los papeles y, por otra, los recibos enviados a los propios interesados como certificado de que se ha pagado y quedan exentos de acciones terroristas.

La banda apunta a todo tipo de actividades. En un documento informático intervenido Gezi proporciona a la dirección una lista de empresas españolas y francesas que tienen cien mil millones en ventas. «De cualquier modo las que están ahí son las que tienen su sede central en Madrid, y ordenadas por calles -detallan-. Si así lo queréis podemos preparar un trabajo similar para Valencia, Barcelona y Sevilla (o cualquier capital del Estado)».

Tras una primera carta de extorsión, si la banda no recibía noticias (intento de contacto con ETA del empresario a través de conocidos, como hacía Joseba Elosúa en el bar «Faisán» o a través de éste el dirigente peneuvista Gorka Agirre, según se desprende de las escuchas telefónicas), se pasa a la fase de avisos y ultimátum. «Dado el tiempo transcurrido ETA le concede un mes para que haga el pago, usted o la persona que designe a los medios abertzales habituales», conminan en una carta a dos directivos de Azkoyen a quienes un año antes habían pedido 12 millones de pesetas. Esta empresa fue extorsionada desde 1994 y, según el juez Garzón, sus directivos acabaron pagando 37 millones a la banda en 2001 por lo que han sido procesados.

Otro de los métodos habituales consiste en ofrecer fraccionamientos de pago o anticipos cuando, pese a vencer el plazo sin que el chantajeado haya pagado, sí que ha intentado ponerse en contacto con los terroristas. «Tomamos en cuenta las veces que has intentado ponerte en contacto con nosotros por lo que si no puedes traer todo el dinero, entrega el primer plazo (72.000 euros) y hablaremos del resto en la cita», le indican a otro empresario al que exigieron 144.000 euros y que también pagó, según todos los indicios. Al dueño de un restaurante de Navarra le proponen pagar cinco millones de pesetas en cinco años.

Una vez que Elosúa o cualquier otro de los contactos empleados por la banda hacía su trabajo, el siguiente paso podía ser o bien que el empresario pasara por la «oficina de negociación y cobro» del bar «Faisán» o bien que condujera hasta el otro lado de la frontera siguiendo las minuciosas instrucciones que se le daban, plano incluido, para citarse con cualquier etarra en la puerta de una iglesia o similar, libro de cocina o ensayo en mano y «Gara» sin aspavientos. Sólo de este modo se saldaba la deuda. A no ser que el empresario fuera «patriota», en cuyo caso la cuota anual fijada podía bajar hasta los 3.000 euros, o menos, una «ayuda voluntaria» a favor de «Euskal Erria».