Los otros Torra, «okupas» del cargo

La policía echó al alcalde atrincherado en el despacho

El mayor vodevil se vivió en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, y precisamente ese caso ha servido para que el Supremo fijase como doctrina que un inhabilitado por sentencia, aunque no sea firme, no puede ostentar cargo público alguno.

El alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, también conocido como el «Marqués de las dunas», fue condenado en 2015 a nueve años de inhabilitación por prevaricación al autorizar una cantera ilegal. Pero desafió a la Justicia atrincherándose en la alcaldía y tuvo que ser desalojado por la Policía municipal. Previamente, ordenó el cambio de cerradura de la puerta del Consistorio para impedir la celebración del pleno que debía designar al alcalde sustituto.

Como a Torra, la Junta electoral central le retiró la credencial y dejó vacante la Alcaldía. La Delegación del Gobierno central le requirió para que convocara el pleno de su relevo, sin éxito. Sólo entró en razón cuando los policías locales fueron a por él al Consistorio. Tras este esperpento, González Arroyo, que gobernó el pueblo durante 26 años, se enfrentó a otro juicio por usurpación de funciones y un delito de coacciones. La Fiscalía de Canarias pidió para el político octagenario cuatro años de prisión pero el Superior de Justicia le absolvió.

El Supremo, en la sentencia de abril de 2019 que anticipa el destino de Torra, dictó asimismo su expulsión como consejero del Cabildo insular. El Alto Tribunal, al que invoca hoy Torra, confirmó que, de acuerdo con la ley electoral y la debida «ejemplaridad» de las instituciones, los inhabilitados no pueden ocupar cargos públicos de ningún nivel aunque su condena no sea firme. Y se deben marchar a su casa.

El último insurrecto se va entre lágrimas

El martes se despidió entre lágrimas un histórico del PSOE gallego, José Luis García Liñares, alcalde de Cerceda (La Coruña) el último cuarto de siglo. Hacía un año que había sido condenado a una pena de ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación en la contratación de obras del jardín botánico. Sin embargo, no solo no se marchó sino que se presentó a las elecciones de mayo. El PSOE lo llevó en la lista como independiente, el PP lo denunció públicamente, pero la junta electoral provincial avaló las listas con el inhabilitado dentro. Liñares renuncia a recurrir al Tribunal Supremo y asume, al fin, la pena.

Desobedeció al juez, le echaron las urnas

Su caso ha sido uno de los más mediáticos. El polémico exalcalde de Valladolid Javier León de la Riva, del PP, fue condenado por desobediencia, como Torra, e inhabilitado para cargo público trece meses.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León llegó en mayo de 2015, justo después de las elecciones municipales. Se le condenó por desoír la sentencia que le obligaba a restaurar la legalidad en el edificio de Caja Duero, inmueble donde tenía su vivienda. «Es que no me voy, me iré cuando me dé la gana», dijo amagando con aferrarse al sillón de mando, que ocupó durante 20 años con mayorías absolutas. Pero su «escapada» duró un mes. El PSOE de Óscar Puente logró echarle del poder con la fuerza de las urnas, sumando con Podemos.

Al final, De la Riva no tuvo otra que dejar el escaño y poner fin a su carrera política. Ni siquiera recurrió al Supremo. Lo cierto es que la oposición denunció que fuera en las listas estando procesado por la Justicia.

Agredió a un rival, se fue y volvió

Otro ejemplo de los contenciosos locales que han llegado a la Junta electoral central se dio en Hontoria de la Cantera, a 20 kms de Burgos. El alcalde, Rafael Iturriaga, fue condenado a un año de prisión e inhabilitación por agredir a un concejal de la oposición, del PSOE, durante un pleno en el que se discutía la liquidación de los presupuestos municipales, en junio de 2013. El juez le sentenció en 2015 como autor de un delito de atentado y falta de lesiones, confirmado por la Audiencia Provincial en 2016. Se fue a regañadientes pero, tras cumplir la pena, en 2019 volvió a ser elegido y revalidó el puesto.

El Gobierno central requirió el cese

La exportavoz de Bildu fue condenada por enaltecimiento de ETA a una pena de inhabilitación por la Audiencia Nacional, tras mostrar su apoyo público a los autores del atentado de la T-4. El propio Gobierno de Zapatero, a través de la Abogacía del Estado, instó a la Junta electoral para que retirara el acta a la regidora, que se negó y acabó la legislatura en el puesto. Al final, fue absuelta por el TS.