Ortiz González: «Habrá un programa de rehabilitación para los condenados por corrupción»

–La experiencia que tenemos, que es la de la sanidad penitenciaria, nos indica que son procesos complejos y largos. En esta Secretaría General estamos a disposición de lo que ordene el Gobierno. A corto plazo no está previsto.

–En ese plan sería clave el traslado de funcionarios y cómo se gestiona el colectivo de presos de ETA...

–Respecto a los funcionarios el precedente fue Cataluña. Los que estaban entonces pasaron a formar parte de la Administración catalana con la posibilidad de quedarse o concursar para trasladarse. En cuanto a la segunda cuestión en el propio decreto de Cataluña se hace un protocolo para regular la relación entre la administración catalana (con la vasca sería igual) y estatal, con las circunstancias y requisitos que se fijan para que los presos puedan seguir en las prisiones de la Administración central o ir a las otras. Como ha dicho la ministra Batet es un proceso complejo que requiere su tiempo.

–Estamos en plena huelga de funcionarios. Una de sus quejas es que se ha disparado la conflictividad en las cárceles. ¿Es así?

–El día a día, la realidad en las prisiones, está muy alejado de la conflictividad que se traslada. Me gustaría hacer un llamamiento a la responsabilidad de los sindicatos a la hora de informar: se está generando una alarma social no fundamentada y echando por tierra el magnífico trabajo realizado durante años por nuestros funcionarios. Gracias a su responsabilidad y buen hacer hemos pasado de las más de 400 agresiones en 2010 a las 218 que llevamos este año. De ellas, muy graves, cero. Graves (6, una dudosa); leves, 106; sin lesiones, 106. Los datos reflejan un descenso del 22 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. No llega a una agresión al día. Aunque hay también menos internos: 50.400 frente a los 65.394 del año 2010.

–Pero otra de las reivindicaciones es la enorme carencia de personal.

–Sí, tenemos una carencia en torno a 3.000 plazas sin cubrir entre funcionarios de carrera y personal laboral. En concreto hay 2.272 plazas de funcionarios vacantes y 775 sin cubrir de personal laboral. La mejor decisión fue dotar a Instituciones Penitenciarias de 996 plazas dentro de la oferta de empleo público de este año. Si las sucesivas ofertas van en esos términos la carencia debería poder completarse en tres o cuatro años. Esta administración también se ha visto afectada por los recortes y por la no reposición de personal.

–También se sienten discriminados por la subida salarial de Policía y Guardia Civil...

—En marzo los tres sindicatos con representación CSIF, UGT y CC.OO. firmaron un acuerdo en la mesa de negociación donde se contempló una subida salarial del 1,75% el primer año. Hay subida fija y luego unos incrementos.

–¿Qué valoración se hace de la huelga en esta Casa? ¿Se han radicalizado los sindicatos?.

–Nos ha sorprendido esta huelga a los tres meses de llegar este Gobierno porque las reivindicaciones venían de muy lejos. Y en esos tres meses nos hemos encontrado con la buena noticia de la oferta de empleo y que hemos puesto sobre la mesa algunas mejoras en la gestión de recursos humanos que tampoco han servido para desactivar dicha huelga. (Enumera algunas como que no se descuente la productividad cuando hay una baja por enfermedad grave, que la Abogacía del Estado defienda a los funcionarios en caso de agresión o le indemnice Prisiones si el preso es insolvente).

–¿Cuántos programas funcionan para los presos que causan más alarma y cuál es su efectividad?

—El reto principal del sistema penitenciario es conseguir que quienes entran, salgan en mejores condiciones. Y para eso hay que ofrecer a cada persona el recurso más adecuado. Hay algunos programas muy consolidados como el de la prevencion de la violencia de género, tanto el destinado a internas que la han sufrido como el de agresores de ese tipo de violencia;el de deshabituación de sustancias adictivas; el de seguridad vial, el de agresores sexuales... La ley penitenciaria trata de ofrecer un traje a medida.

–¿Y a los que ya tienen traje, y caro, como los de las tarjetas black y compañía, qué se les ofrece?

—En diciembre tenemos la primera reunión de trabajo para diseñar un programa de tratamiento especialmente dirigido a aquellos delitos económicos relacionados con el uso indebido de fondos públicos, es decir, de corrupción. Todos nuestros programas son oficiales, editados y publicados, algunos están siendo o han sido además evaluados con resultados muy aceptables. Resultado aceptable es que ponen de manifiesto que aquellos internos que lo siguieron presentan un índice de reincidencia menor que quienes estuvieron en prisión y no hicieron el programa (ya sea de violencia de género o de agresores sexuales).

–¿Los diseñará Prisiones?

–Los programas los diseñan y dirigen personal de Instituciones Penitencirias y colabora personal de la Universidad para que tengan las mejores estrategias. El dirigido a condenados por corrupción será un programa terapéutico de intervención que impartirán, como el resto, educadores, trabajadores sociales y psicólogos, las ciencias de la conducta con las que contamos en prisión.

–¿Dónde se ofrecerá?

–Se puede ofrecer en todos aquellos centros donde tengamos estos perfiles, pero en algunos lugares donde hay muchas prisiones juntas como Madrid con el fin de optimizar recursos se puede hacer una asignación de centro para que se cumpla la pena en función de los programas. Determinados centros se especializan así en algún programa.