La presidenta del Congreso, Ana Pastor
La presidenta del Congreso, Ana Pastor - EFE

El «tinglado» de Castor fuerza a Nadal a comparecer ante el Congreso

El ministro de Energía tendrá explicar en la Cámara Baja la indemnización pagada a ACS y cómo piensa recuperarla

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El ministro de Industria, Álvaro Nadal, tendrá que acudir en los próximos días al Congreso de los Diputados para explicar en sesión extraordinaria las indemnizaciones abonadas a la empresa concesionaria del fallido almacenamiento de gas Castor, una filial de ACS. Lo ha aprobado este martes la Diputación Permanente por una mayoría abrumadora ya que el PP ha sido el único grupo que ha votado en contra de la comparecencia de Nadal, una iniciativa que venía impulsada por el PSOE, Podemos, ERC y PDECat.

El debate ha sido el más bronco de la mañana, con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, acusando a PP y PSOE de hacer un «regalazo» al presidente de ACS, Florentino Pérez, con el proyecto Castor a costa de los consumidores españoles y. «No hay bandera que tape esta vergüenza, pedimos que el Gobierno cumpla con su obligación y exija los 1.350 millones cobrados, que son de los españoles», ha reclamado el líder de la formación moarada. «Después de esto sería una vergüenza que Florentino Pérez vuelva a recibir una concesión», remachó.

El resto de los grupos de la oposición ha ligado los negocios que se hacen en la tribuna del Real Madrid con esta concesión, como ejemplo del «tinglado del bipartidismo», en palabras del portavoz adjunto de Ciudadanos, Toni Roldán. «Hicieron una concesión que no tenía que haberse hecho jamás y que terminarán pagando los ciudadanos. La sentencia del TC dice que probablemente esa subvención de 1.350 millones debería revisarse», ha advertido el político de la formación naranja. «Es imprescindible que el ministro venga a dar explicaciones», cerró.

Aún más lejos ha ido el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, acusando a PP y PSOE de «timar» con Castor a los consumidores españoles, al adjudicar el proyecto a ACS en un proceso sin concurrencia y sin informes técnicos. «Queremos saber quien se lucró, quien se sigue lucrando con la estafa, y cuándo se hará que ACS devuelva el dinero vía Real Decreto-Ley», defendió. Fue el político republicano el que propició la nota de humor del debate, al confundir «invernación» con «hibernación» durante su turno de palabra.

El PSOE no ha sido tan virulento como Podemos y Ciudadanos pero sí ha considerado que existen «muchas incógnitas que hay que despejar» en torno a la compensación percibida por la empresa, y la manera de recuparla. Y se ha preguntado «qué tiene que ocultar Nadal para no querer venir» a dar explicaciones al Congreso.

Desde el PP, el portavoz adjunto Teodoro García-Egea, ha recordado a los grupos que la concesión de Castor fue realizada por el anterior gobierno socialista y que el Ejecutivo del PP ha intentado evitar esa indemnización recurriendo su pago, sin éxito, ante el Tribunal Supremo.

Como avanzaba esta mañana ABC, las peticiones de explicaciones que impulsaban ERC y PDECAT contra la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros del Interior, José Ignacio Zoido, y Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre distintos aspectos de la crisis catalana no han sido aprobadas. Todos los grupos han criticado diversos aspectos de la gestión realizada por el Gobierno pero han considerado que de momento no hay necesidad de explicaciones extraordinarias.

Tampoco ha salido adelante la celebración de un Pleno extraordinario para debatir la proposición no de ley de Podemos sobre la convocatoria del debate sobre el estado de la nación. Todos los grupos han considerado necesario que el debate se convoque pero han considerado innecesario un Pleno extraordinario sobre ello teneindo en cuenta que la segunda semana de febrero comienza el periodo ordinario de sesiones.

Sí tendrá que comparecer en cambio el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aunque para intentar aplacar a la oposición lo hará mañana a petición propia en la comisión del ramo. Montoro ha acaparado buena parte de las críticas por congelar 4.230 millones de euros en transferencias para gastos básicos a las comunidades autónomas.