Cataluña pide la mejor solución del almacén fallido Castor para el territorio y la ciudadanía

En declaraciones a la prensa después de presentar el Global 3D Printing Hub de Barcelona, el consejero ha considerado que, tras conocerse este miércoles el informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y a la Universidad de Harvard , el Ejecutivo central debe «rendirse ante la evidencia».

Baiget cree que «había cosas que era muy atrevido tirarlas adelante sin tener los informes suficientes», y que si se hubiese hecho caso de los informes no se hubiese tenido que autorizar el almacén, pero cree que el Gobierno español actuó de manera unilateral .

«Bienvenido sea -el informe del MIT- si ha propiciado lo que era una evidencia, que este depósito de gas no se debería haber empezado nunca», ha aseverado.

«Ahora el mal ya está hecho, lo que queremos es que la repercusión del coste de lo que se ha hecho no lo tengamos que pagar en el recibo del gas todos los ciudadanos», ha agregado el consejero, y ha afirmado que la Generalitat continuará luchando para evitarlo -ya presentó una demanda judicial- porque lo ve injusto.

Baiget ha hecho estas declaraciones después de que el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal , haya señalado que el almacenamiento de gas de Castor no se reabrirá y que su desmantelamiento se produciría tras la elaboración de «muchos estudios» que permitan a su departamento tener las garantías de que esta decisión no va a suponer ningún problema.

«Cuando se pueda hacer se hará», ha respondido Nadal tras conocerse las conclusiones del informe, que relaciona la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de terremotos y reconoce que la decisión del Gobierno de parar la actividad de la plataforma fue la correcta. Actualmente, según dicen los expertos, la situación es estable.

En diciembre de 2016, el Tribunal Supremo (TS) admitió a trámite un recurso contencioso-administrativo de la Generalitat de Cataluña contra la orden de peajes del sistema gasista en la que en la que se desarrolla el pago de la indemnización a la empresa promotora, Escal UGS, por la paralización y posterior hibernación de la infraestructura.

En su escrito, el gobierno autonómico alegó que el coste total de la instalación -cifrado en el entorno de los 1.700 millones de euros al sumar la indemnización, el coste del gas usado para las pruebas y los costes financieros- no puede ser cargado a los consumidores de gas.