La nueva ley de Seguridad Nacional, en entredicho tras la decisión del Constitucional

En concreto, por orden del presidente los ciudadanos pueden ser obligados a realizar «prestaciones personales» o «colaboraciones materiales» lo que abre la puerta a movilizar a la población civil o realizar expropiaciones dada la indeterminación de la redacción. De hecho, al ampliarse de este modo los deberes, se produce 'de facto' una suspensión de derechos.

Y sobre ello versa el fallo del Tribunal Constitucional conocido ayer y que concluye que las únicas figuras que permiten al Gobierno suspender derechos son el estado de excepción y el estado de sitio, pero no el estado de alarma y, en consecuencia, menos aún una ley de carácter ordinario como la que está preparando La Moncloa.

De hecho, una de las críticas que varios juristas consultados por ABC hacen al borrador de Seguridad Nacional es la posibilidad de que abra la puerta a un estado de excepción, sin los límites temporales y el control parlamentario asociados a esta figura. Y esta es la misma maniobra que el Gobierno utilizó con el estado de alarma decretado el año pasado y que ahora el Tribunal Constitucional ha considerado contrario a la Carta Magna por ser, en la práctica, un estado de excepción encubierto.

A la espera de leer la sentencia completa, Carlos Flores , catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, considera que el fallo «puede ser muy pertinente» para la nueva ley de Seguridad Nacional ya que realizará «una distinción medular del ejercicio de un derecho, su restricción y su suspensión».

En todo caso, añade que «al amparo de una situación de alarma o de una situación de emergencia no cabe recorte de derechos» destacando que «la sola invocación de una emergencia no permite restringirlos». En este sentido, advierte de que «es muy difícil regular los deberes de los ciudadanos en una situación de emergencia sin recortar sus derechos, y recortarlos exige una ley orgánica, no ordinaria», reflexiona.

Carlos Sánchez de Pazos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, denunciaba en estas páginas la semana pasada los «visos de inconstitucionalidad» del borrador de Seguridad Nacional, mientras Vicente Garrido , catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, la consideraba directamente «un disparate y contraria a la Constitución», y Aniceto Masferrer , catedrático de Historia del Derecho de la misma universidad, advertía sobre el riesgo de «sacrificar la garantía de los derechos fundamentales en aras a la seguridad nacional» que entraña el texto.

La preocupación por la nueva ley de Seguridad Nacional es mayúscula no solo en el mundo jurídico sino en el político. El líder del PP, Pablo Casado , ha advertido que recurrirá el proyecto si el Gobierno decide aprobarlo con la redacción planteada. A su juicio, conculca «libertades» ya que, entre otras cuestiones, permite «expropiar bienes y servicios, si el Gobierno lo estima oportuno» además de imponer «una especie de mili civil obligatoria» para «movilizar a toda la población civil cuando nos dé la gana por el motivo que consideremos oportuno».

Desde Vox, su presidente Santiago Abascal , ha advertido de que «España no necesita leyes para requisar bienes y para dar más poder a Sánchez sino empleo para los españoles, seguridad en las calles y control de las fronteras» y considera el texto una muestra más de la «deriva totalitaria de Sánchez».

El borrador aún tiene que pasar por los órganos consultivos y ser después aprobado en el Consejo de Ministros , antes de su remisión al Congreso.

Recorte de libertades

El borrador del anteproyecto permitiría al Gobierno movilizar a todos los ciudadanos mayores de edad en caso de que el jefe declarara una «situación de emergencia». El texto plantea la prestación de «servicios personales» sin indemnización alguna

Suspensión de derechos

El texto abre la puerta a la expropiación temporal de bienes al permitir que el Gobierno establezca «colaboraciones materiales» de los ciudadanos. Esta redacción tan genérica permitiría la requisa, la ocupación de espacios e incluso la intervención del sector privado o la suspensión de actividades. En este caso, si el ciudadano demuestra perjuicios económicos, sí habría posibilidad de indemnización.

  Ausencia de controles

  A diferencia del estado de excepción, figura constitucional que prevé la suspensión de derechos junto al estado de sitio, no sería necesaria la autorización previa del Congreso para la declaración de una «situación de emergencia», sino un decreto-ley que entraría en vigor tras su aprobación en el Consejo de Ministros y dispondría de 30 días para ser convalidado por la Cámara Baja.