Moncloa utiliza la reforma de la seguridad nacional para recortar la transparencia

Un texto que pretende recortar por la puerta de atrás el acceso de los ciudadanos a la información pública, ya que la actual Ley de Transparencia limita la difusión del material de seguridad nacional cuando suponga un «perjuicio».

Restringir el acceso de los ciudadanos a toda información o documento 'manejado' por el citado sistema implica que La Moncloa tendrá potestad para ocultar cualquier material que remita al mismo, ya que no hay ningún límite más allá del contacto con Seguridad Nacional .

Por esta misma cláusula quedará vetado al público el acceso a cualquier documento o información que pase por el jefe del Gabinete de Presidencia, Iván Redondo, en su condición de director del Departamento de Seguridad Nacional .

Además de este tijeretazo a la transparencia, la reforma que planea el Gobierno de Pedro Sánchez le permitirá recortar derechos fundamentales en caso de una «situación de interés para la seguridad nacional».

El jefe del Ejecutivo tendrá poder para realizar esta declaración y en el marco de la misma los ciudadanos estarán obligados a realizar «prestaciones personales» o «colaboraciones materiales» y el sector privado podrá ser intervenido.

Todo ello pretende regularse mediante ley ordinaria –ni siquiera orgánica– cuando estas restricciones de derechos solo caben en el marco de un estado de excepción. Esta figura está recogida en la Constitución y se asienta sobre dos principios limitadores, la temporalidad y el control parlamentario, que se obvian en la reforma que prepara al Gobierno y que confería a su presidente amplios poderes sin una supervisión periódica del Congreso .

Es por ello que los juristas consultados por ABC aprecian «visos de inconstitucionalidad» en el texto. «La indeterminación de las 'prestaciones personales' que podría exigir el Gobierno permite un elenco enorme de afectaciones, lo que supone un vicio de inconstitucionalidad porque el contenido esencial de los derechos fundamentales nunca puede vaciarse», advierte Carlos Sánchez de Pazos , profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.

Para este jurista, el anteproyecto del Gobierno «quiebra los principios del estado de excepción porque sus efectos deben ser susceptibles de control real por parte del Parlamento y estar enmarcados en una temporalidad». «En sí mismo, es un error generar una ley que puede inducir al Gobierno a pensar que puede vulnerar derechos sin estado de excepción y que los ciudadanos pueden pensar que el Estado puede saltarse sus derechos», abunda.

No es el único. «A falta de un estudio más sosegado, esta reforma me parece, en principio, un disparate y contraria a la Constitución, una ley comunista y sorprendente. Obligar a prestaciones personales sin indemnización... Espero que no se apruebe», condena Vicente Garrido , catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia .

«Esta ley cae en el riesgo de sacrificar la garantía de los derechos fundamentales en aras a la seguridad nacional, peligro que acecha a las democracias modernas», añade Aniceto Masferrer, catedrático de Historia del Derecho de la misma universidad. «Sería ingenuo pensar que los individuos no tienen que temer el ejercicio abusivo del poder político, cuando este pretende recortar o suspender libertades fundamentales esgrimiendo la 'seguridad nacional'», advierte.

En este contexto, el PP anuncia que recurrirá la reforma. «Es un paso más en la deriva de lo que estamos viviendo: control de la información, 'ministerio de la verdad'... máximos controles para el presidente al margen del Congreso», denuncia la portavoz del PP, Cuca Gamarra , recordando que nuestro sistema «no es presidencialista, sino parlamentario».

Esta dirigente recuerda cómo Mariano Rajoy consensuó con el PSOE la actual ley de Seguridad Nacional en 2015, pese a que no afectaba a algo tan sagrado como las libertades y derechos fundamentales. «Ahora nos hemos enterado de la reforma por la prensa y el anteproyecto no nos ha llegado por vía oficial, lo que dice mucho de las intenciones del Gobierno», apostilla. Gamarra ha pedido la comparecencia urgente de Redondo en el Congreso para que rinda cuentas por este polémico anteproyecto.