Luis Pineda, presidente de Ausbanc, detenido
Luis Pineda, presidente de Ausbanc, detenido - RAFA ALBARRAN

La notoriedad y el «negocio» de las querellas

Contra «Los Lunnis», equiparar a Pablo Iglesias con Hitler... estos son algunas de las denuncias más estrafalarias de las acusaciones populares

MadridActualizado:

Egunkaria, la desobediencia de Juan María Atutxa, el chivatazo a ETA, Bankia, Novacaixagalicia... Son muchas las causas en las que ha jugado un papel fundamental la acusación popular en tiempos en los que no estaba tan instrumentalizada como ahora, cuando aterrizan en los tribunales querellas que sistemáticamente no pasan el filtro de la admisión.

«No se aporta la más mínima base probatoria que apoye su contenido»; «no se aportan datos nuevos ni relevantes que puedan justificar un pronunciamiento distinto». Así una y otra vez. La Sala Segunda del Supremo no se cansa se aclarar que no se puede basar una querella en recortes de prensa, un aldabonazo que ha recibido más de una vez la acusación popular por excelencia: Manos Limpias.

El sindicato que carece de actividad sindical interpone querellas e intenta personarse de forma hiperactiva en todos los casos que le aporten repercusión mediática. Y lo que es más grave: como desveló ABC, Manos Limpias habría convertido la acusación popular en un negocio, cobrando de quienes quieren iniciar acciones e, incluso, exigiendo pagos a cambio de retirar acusaciones, una presunta extorsión que actualmente se investiga en la Audiencia Nacional. El sindicato y Aubanc llegaron a pedir tres millones por retirar la causa contra la Infanta en el caso Nóos.

Guardia Civil

En 2002 Manos Limpias denunció ante la dirección de la Guardia Civil a los homosexuales por escándalo a raíz de la modificación de la orden general que regula el Régimen de Ocupación de Pabellones, según la cuál las casas cuartel pasaban a poder ocuparse por parejas sin importar su condición sexual. Hasta entonces sólo las parejas heterosexuales lo tenían permitido. El caso fue archivado.

«Los Lunnis»

Manos Limpias denunció en 2005 ante la Fiscalía de Menores a la directora general de RTVE, Carmen Caffarel, y a los responsables de producción del programa «Los Lunnis», por la emisión de imágenes de una boda entre dos hombres. Criticaba el «proceso de deterioro y descomposición política, social y moral que está sufriendo la sociedad española». La denuncia fue archivada.

Iglesias, «el nuevo Hitler»

En febrero de 2015 el sindicato presentó una querella contra Pablo Iglesias en la que le acusa de diez delitos, entre ellos de organización criminal. Le compara con Hitler, Lenin, Stalin, Pol Pot, Mao Zedong, Fidel Castro, Kim Jong-Un. «Todos ellos tenían en común la idea de luchar por las clases más desfavorecidas, por una sociedad más justa, y con las libertades gestionadas por el partido líder», señalaba la querella.

De prófugo a acusador

El abogado condenado por delito fiscal y durante un tiempo prófugo de la Justicia, el polémico Emilio Rodríguez Menéndez, también se querelló contra Iglesias con el Partido Socialista de la Justicia en enero de 2005. «No se aporta la más mínima base probatoria que apoye el contenido del artículo», señaló el Supremo.

Un indulto, 4 años después

El 23 de octubre de 2015 el partido Soberanía, que lidera el abogado murciano José Luis Mazón, se querelló contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por cohecho en relación con el indulto que su Gobierno concedió en 2011 al exconsejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz. La Sala Segunda del Tribunal Supremo le reprochó que no aportara ningún dato indicativo de que por la concesión de este indulto (que el Alto Tribunal tumbó en 2011) el expresidente obtuviera un préstamo.

Prisión para los titiriteros

El pasado abril el Supremo inadmitió las querellas de la Asociación Libre de Abogados y de Contrapoder por prevaricación contra el juez Ismael Moreno por ordenar prisión para los titiriteros. El juez «era competente y tenía facultades legalmente establecidas» para tomar su decisión y «no hay motivos para pensar que la resolución dictada se apartara de los métodos usuales de interpretación jurídica», dijo el TS.