La red de Moreno montó un ‘plató-oficina’ para conseguir un crédito

Algunos de los cabecillas de la organización montaron en unas horas una oficina al completo, equipada con ordenadores, mobiliario, teléfonos y el resto del atrezzo –antes habían alquilado un local en Madrid– para recibir a un directivo que les iba a conceder un crédito . Como si fuera el escenario de un rodaje. Se celebró la reunión y en cuanto terminó desmontaron el chiringuito . La empresa que solicitaba ese crédito, como la mayoría de las 700 mercantiles que llegaron a crear, ni tenía actividad ni empleados. Su único fin era captar fondos y una vez logrados se desvanecían.

El origen de ‘Titella’ está en el verano de 2018 . Para entonces el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid admite una denuncia de Abanca. La entidad asegura que ha sufrido una estafa mediante concesión de créditos. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) elabora a su vez un informe sobre fraudes sufridos por otras entidades a través de su propia operativa bancaria y supuesto blanqueo. Y en él comienza a trabajar la Guardia Civil.

Se cruzan así dos investigaciones: una de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y otra de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona. Ante el volumen de empresas que van aflorando, los bancos perjudicados, que denuncian inicialmente 1,3 millones de euros, y la dispersión territorial (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia) el juzgado se inhibe en la Audiencia Nacional. La causa recae en el Central 2, en junio del año pasado. El juez Ismael Moreno autoriza intervenciones telefónicas, seguimientos, rastreo de sociedades y poco a poco se va desbrozando el funcionamiento y quiénes forman la trama.

Hay hasta un centenar de investigados (administradores de sociedades, testaferros, empresarios que facturan, empleados de banca, directivos de entidades, trabajadores de Moreno, ‘mulas’ de dinero, narcos...) que se aglutinan en torno a un organizador, uno de los principales si no el principal investigado: Antonio Aguilera . Es él quien pone en contacto a «profesionales que viven de obtener créditos», según fuentes de la investigación, con bancos y empresas, y lo hacen en varias provincias. También él se encarga de blanquear fondos para algunos de sus muchos clientes. Entre ellos está José Luis Moreno quien le acompaña asiduamente a llamar a la puerta de los bancos en busca de financiación. Solicitan créditos de entre 200.000 y 300.000 euros para empresas creadas ‘ad hoc’ y una vez obtenido el dinero, según las pesquisas, empieza el peloteo de cheques y pagarés, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles de una empresa a otra. Los fondos acaban en sociedades de los cabecillas, la mayoría sustentados en facturas falsas. Y Moreno avala con su propia imagen y empresas.

Esos créditos (hasta 50 millones de euros) se cubren con seguros de impago pero cuando se van a cobrar la empresa ya no tiene fondos o no existe. En algunos casos hay reiteración de préstamos en la misma entidad pese a los impagos. Y esto solo era posible con la connivencia de los responsables de esas oficinas –fueron detenidos cuatro directores de sucursales– y de empleados. A cambio, además de la comisión, recibían sobornos, ingresos en efectivo, comilonas, invitaciones a clubes de alterne e incluso algún coche de alta gama. «En algunos bancos los controles no han funcionado» , explican las fuentes consultadas: hay créditos reiterados a los mismos testaferros. La trama había reclutado a un notario que certificaba las operaciones y les otorgaba autenticidad.

Entre los clientes de Aguilera se encuentra un importante narco suramericano responsable de envío de contenedores de cocaína vía Holanda, que no está detenido. El dinero de esa droga llegaba a España a través de ‘correos’ en dobles fondos de coches para ser lavado –también se encargaban los cabecillas–, como el intervenido durante la investigación (1,3 millones de euros a una ‘mula’). Los agentes sostienen que cada semana se ha podido traer una cantidad similar, que era blanqueada por la organización.

Con esta parte de la trama Moreno no guarda ninguna relación, simplemente comparten conseguidor y presunto blanqueador. «No conoce ni a la mitad de los arrestados», explican las fuentes, pero sí a quienes en su entorno más cercano se encargaban de la facturación falsa. Un papel que atribuyen, por ejemplo, a Marta Dillet, administradora de algunas de sus empresas, que quedó en libertad bajo fianza de 10.000 euros. Ayer, el juez dejó libres a otros seis arrestados, los encargados de conseguir la financiación y llevar a cabo las posteriores estafas, además de la ‘mula’. A cinco les impuso fianzas de entre diez mil y 200.000 euros. A los otros 37 detenidos se les puso en libertad en dependencias policiales y empezarán a desfilar ante el juez a partir del lunes.