Montilla revisará el pacto entre Cataluña y España si se recorta el Estatuto
El Gobierno catalán intensificará su labor legislativa para aplicar el texto sin esperar a que el TC dicte sentencia
El gobierno catalán intentó ayer zanjar la polémica respecto a la respuesta que Cataluña debe dar a una hipotética sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contraria al Estatuto, pero abrió un nuevo frente: el del encaje político de Cataluña dentro de España. Es más: el tripartito está dispuesto a seguir desarrollando el texto estatutario sin esperar a que el tribunal emita su fallo, por lo que en los próximos meses impulsará una veintena de nuevos proyectos de ley.
El ejecutivo que lidera José Montilla advirtió de que, en el supuesto de que el TC recorte las competencias que contempla el Estatuto, Cataluña se verá obligada a revisar su pacto con el Estado. Así lo dijo el consejero de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, tras la reunión del gobierno autonómico, la primera tras el paréntesis vacacional.
Intenso debate
Una reunión en la que los diversos puntos del día quedaron eclipsados por el debate sobre las medidas a adoptar en caso de mengua estatutaria. Siete consejeros catalanes pidieron la palabra, pero la posición del gobierno fue unánime. Ni tan siquiera el republicano Josep Lluís Carod-Rovira, cuya propuesta de manifestación preventiva para presionar al TC forzó la discursión gubernamental, dio la nota discordante.
El ejecutivo catalán, dijo Saura, está dispuesto a acatar la sentencia, pero en el caso de que esta sea adversa «no se alteraría únicamente una ley orgánica, sino un pacto político con el Estado». Por tanto, «debería rehacerse ese pacto y decidir la ubicación de Cataluña dentro del Estado». Saura no concretó en qué sentido se harían esas modificaciones, porque, según insistió, aún se desconoce el contenido de la resolución judicial, pero habló de «cambios en las relaciones políticas y económicas» con España. El dirigente ecosocialista transmitió el «claro convencimiento» de su gobierno de que «el Estatuto es constitucional, de eso no hay ninguna duda» y que se debe esperar a que el TC emita su fallo para decidir qué respuesta dar, «pues no sabemos qué dirá la sentencia ni cuándo saldrá». Saura invocó la autonomía de cada partido político para decidir si acude o no a una manifestación, que en ningún caso el tripartito concibe como preventiva, tal como planteó Carod.
El consejero de Interior aseguró que la Generalitat respetará el contenido de la sentencia, pero advirtió de que hay muchas vías políticas y jurídicas para mantener el alto techo competencial que contempla el Estatuto para Cataluña, como por ejemplo el artículo 150.2 de la Constitución, según el cual «el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas, mediante una ley orgánica, facultades correspondientes a una materia de titularidad estatal». Las transferencias en materia de tráfico, por ejemplo, se acordaron mediante este artículo en 1997.
Actividad legislativa
Mientras el TC se pronuncia sobre los recursos que pesan sobre el Estatuto -PP, Defensor del Pueblo y varias comunidades autónomas-, el gobierno de Montilla está dispuesto a desarrollar el texto sin esperar a la resolución judicial. Quizá no lo haga de la forma «frenética» que ha exigido el presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach (ERC), pero sí al ritmo intenso que el consejero de Educación, Ernest Maragall (PSC), reclamaba ayer en un artículo periodístico. La Generalitat elabora actualmente una veintena de proyectos legislativos, que se suman a las 32 leyes aprobadas desde que entró en vigor el Estatuto hace tres años.
Asimismo, hay otros 14 proyectos de ley en fase de tramitación parlamentaria, como la ley de consultas populares por vía de referéndum, la ley del Síndic de Greuges -el defensor del pueblo catalán- o la más reciente, la de designación de senadores, aprobada ayer por el gobierno catalán y con la que se concluye la arquitectura institucional prevista en el Estatuto.
Algunos dirigentes de ERC y del PSC habían planteado la posibilidad de obviar el contenido de la sentencia del TC, como es el caso del secretario general de Política Lingüística, Bernat Joan (ERC), o de la portavoz del PSC en la Cámaraa catalana, Carme Figueres, partidarios de mantener el modelo de inmersión lingüística al margen de lo que diga el Constitucional.
La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, calificó de «desafío al Estado de Derecho» esa insumisión a la sentencia del TC que plantean determinados miembros del tripartito, como el líder de ERC, Joan Puigcercós, que ve «de sentido común» que continúe el despliegue del Estatut. Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, defendió la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña e hizo un llamamiento «a la calma» para dejar que el TC decida con «tranquilidad». Respecto a la celebración de una cumbre de líderes políticos solicitada por ERC, PP y CiU, Montilla está dispuesto a considerarla, pero no antes de la sentencia.
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