Moncloa advierte a Podemos: no habrá ley de vivienda sin suficiente seguridad jurídica

El pasado 27 de octubre los dos partidos de Gobierno pactaron regular el precio del alquiler en el marco de la negociación parlamentaria. El socio minoritario del Ejecutivo se aferra a ese documento donde lo dejaron por escrito y lo blande cada vez que los socialistas sugieren que es mejor no optar por ese camino.

En UP no gustaron nada las declaraciones de ayer lunes del ministro de Transportes, José Luis Ábalos , el competente en la materia, que claramente señaló su preferencia por los incentivos fiscales como el mejor mecanismo para sacar viviendas al mercado de alquiler, en lugar de la penalización a los propietarios que no lo hagan, como mejor herramienta para contener las subidas en el precio del alquiler.

«El Gobierno se tensiona cuando se incumplen acuerdos. Este Gobierno existe porque hay un acuerdo de Gobierno con compromisos firmados por Sánchez y por mí . Y uno de esos compromisos es que hay que regular los alquileres. Pedro Sánchez y yo lo firmamos», ha advertido hoy el vicepresidente Iglesias en las inmediaciones del Congreso.

También el secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de UP, Gerardo Pisarello , ha defendido en rueda de prensa los acuerdos del Gobierno porque dice que para eso formaron la coalición. «Si un Gobierno de coalición no sirve para regular los alquileres, ¿para qué sirve un Gobierno de coalición progresista ?«, se ha preguntado.

Pisarello ha añadido que no saben a qué se debe el paso atrás del PSOE. «Si porque están recibiendo presionar por la patronal inmobiliaria, lo entenderíamos, eso puede pasar, pero estamos aquí para apoyar y pedir a la ciudadanía que apoye, pero el este tema es una línea roja». Preguntado por si esto podría afectar la consistencia de la coalición, ha señalado que espera que se cumplan los acuerdos.

La portavoz del Ejecutivo ha defendido hoy que Ábalos «en ningún caso ha transmitido la idea de no hacer cumplir el compromiso de Gobierno», pero sí ha matizado que la cuestión tiene que abordarse sin prisas para encontrar el instrumento adecuad o para que el texto definitivo tenga «seguridad jurídica» y no pueda ser puesto en cuestión en los tribunales. Este planteamiento es habitual por parte de los socialistas, que cuestionan constantemente el poco reposo jurídico que guardan las propuestas de Unidas Podemos.

En este sentido la portavoz del Gobierno ha sido clara. Por una parte el mensaje amable: «No contemplo otra cosa que este Gobierno llegue a un acuerdo». Y después la advertencia: «Pero ni vamos a llevar una ley que no tenga el concurso de ambas formaciones ni tampoco sin tener garantías jurídicas de que está perfectamente articulada en la Constitución», ha dicho en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

La parte socialista del Gobierno insiste en que su apuesta pasa por un parque de vivienda pública potente, con el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables y con la apuesta por sacar al mercado la viviendas vacías. Pero a la vez insisten en que hay que hacerlo de la forma adecuada para que la reforma no pueda tener el efecto de desincentivar la oferta porque los propietarios eviten poner sus inmuebles en alquiler.

Además, el Gobierno subraya que en las zonas de mercado tensionado, donde de forma más urgente quiere intervenir Unidas Podemos, el panorama del mercado del alquiler ha cambiado de forma drástica a consecuencia de la pandemia. Debido al cambio en la composición del mercado del alquiler que ha tenido la reconversión de muchos pisos turísticos al alquiler tradicional.

Lo cierto es que en los márgenes de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a aprobar antes de que terminase el mes de febrero este proyecto. De entrada los plazos ya no se van a cumplir. Pero en este momento los socios no han encontrado ni siquiera acuerdo en qué puede ser considerado un gran tenedor de viviendas. Unidas Podemos ha apretado defendiendo que esta consideración debe alcanzar a quienes tienen cinco inmuebles o más. Los socialistas quieren mantenerlo en diez, que es el listón que se estableció en las diferentes medidas excepcionales adoptadas durante la pandemia.