De la Mata propone juzgar a la empresa de venta de armas Defex por contratos irregulares en Camerún

En su auto de paso a procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, el juez lleva a juicio al director comercial de Defex Manuel Iglesias y también a la propia empresa pública por contratos irregulares de, entre otras cosas, repuestos para vehículos, sistemas de vigilancia, material antidisturbios y armamento de patrulleras.

Según el juez, se pagaron en Camerún comisiones a autoridades y funcionarios públicos para que adjudicaran los contratos a la empresa española, unos hechos que cree constitutivos de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental, malversación y blanqueo.

C ierra así una pieza del caso Defex , en el que también se investigan adjudicaciones de contratos a la empresa española en otros cuatro países: Egipto, Brasil, Arabia Saudí y Angola (esta última es la pieza más avanzada con 27 procesados).

En el caso de Camerún, De la Mata cree que hay indicios para juzgar a la empresa pública como persona jurídica y a su director comercial, así como a dos empresas que trabajaban con Defex, Aresa Merina y Deimos Space.

El presidente del Grupo Aresa, Óscar López i Salvadó , y el director comercial de Deimos Space, Francisco Luque Ramírez , son de hecho los otros dos procesados por De la Mata.

En el auto, el juez ratifica además la orden de detención e ingreso en prisión del ciudadano francés Philipe Bourcier, «pieza clave» de toda la operativa como comisionista y quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

En la resolución, que acuerda el sobreseimiento respecto del director comercial de Defex Vicente Chocano Viaño , el magistrado expone que la empresa pública pudo pagar estas comisiones porque carece de mecanismos y procedimientos de prevención de delito.

Así, además de las comisiones pagadas a los funcionarios públicos de Camerún, el juez afirma que Defex también pagaba comisiones "extraordinarias y no justificadas a agentes, concretamente a Philiphe Bourcier, por medio de sus varias empresas, todas ellos meros parapetos para ocular los intereses personales" de este.

La persona responsable de estas prácticas en Defex sería el directivo responsable del contrato, Manuel Iglesias Sarria , junto a las otras empresas y sus directivos, y «pieza clave» de la operativa el ciudadano francés Bourcier. Y es que Bourcier actuó de comisionista no solo para Defex , sino también para las otras dos empresas, todo ello «con pleno conocimiento de los directivos de las mercantiles».

De la Mata subraya que se han puesto de manifiesto irregularidades generalizadas en la contratación y facturación con Camerún por los supuestos servicios de consultoría, como en la contabilización del gasto por parte de la empresa pública.

Para el juez, las cantidades cobradas por Bourcier y sus empresas «no obedecen a una verdadera actividad comercial, ni se justifican con una participación en la prestación de servicios empresariales de agencia y consultoría, sino que obedecen al pago de comisiones ilícitas para la consecución de contratos públicos». Parte del dinero lo recibía el propio Bourcier por conseguir el contrato y otra parte, dice el juez, se la pagaba a las autoridades camerunesas, entre ellas el almirante Pierre Nine Djonkam , que tuvo un papel decisivo.

Según De la Mata, entre 2002 y 2016 Bourcier y sus empresas recibieron 12,3 millones de euros en comisiones sin justificación de Defex, que repartió entre él y sus familiares y funcionarios de Camerún y de otros países como Senegal, Gabón y Argelia.

Las transferencias se realizaron tanto a cuentas abiertas en Suiza, como en Camerún o el Reino Unido. De ese dinero, 674.785 euros fueron a parar a Camerún y, según indica el juez, se han identificado pagos a autoridades camerunesas por 414.147 euros, de acuerdo con la información bancaria que ha recibido De la Mata.

El magistrado señala que Defex y las otras dos empresas tenían un « absoluto descontrol en materia de organización y control societario , económico financiero y jurídico» y no contaban con «los más elementales mecanismos de prevención del delito, cuya aplicación habría impedido estos criminales comportamientos».

Relata el magistrado que concurren evidencias múltiples de que las indicadas compañías actuaban inspiradas en una filosofía corporativa de «absoluto desprecio del Derecho y a las más elementales normas legales y éticas, e impulsadas por una política de beneficio a cualquier precio»