Marlaska elude responder en el Congreso a 700 peticiones de información del PP

«Pérdida de confianza», se justificó hasta ayer en relación a ese cese, como en agosto de 2018 sucediera con el relevo de Manuel Sánchez Corbí al frente de la Unidad Central Operativa (UCO), recuerda la portavoz de Interior de los populares, Ana Vázquez. «Es el ministro más oculto y restrictivo, nos prohíbe movernos , manifestarnos, es el menos transparente... utiliza medios caciquiles y arbitrarios para quitar a quien le incomoda», indica la diputada, que avanza que si no llega la información «vamos a la vía judicial».

La queja del PP en la Cámara Baja saca a la luz un entorpecimiento de la labor parlamentaria, en tanto que se están sustrayendo contenidos imprescindibles para el control del Gobierno. Pero no es más grave que el sistemático desprecio al derecho ciudadano a realizar consultas que -como ABC publicó la semana pasada- Interior viene practicando, aún en contra de las resoluciones del Consejo de Transparencia. En ellas, se ha requerido que, entre otras, Marlaska revele los informes policiales del Día del Orgullo en el que se boicoteó a Ciudadanos o cómo se hizo el «blindaje» de Pablo Iglesias, cuando se trasladó a su chalet familiar de Galapagar.

La información que está reclamando sin éxito el PP en el Congreso también pide conocer los informes relativos a los dispositivos de seguridad personales y del hogar que Interior ha puesto a disposición del ahora vicepresidente y su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, aún antes de que ocuparan esos cargos.

Ya en relación al Covid-19, también se han pedido los que la Delegación del Gobierno elaboró en referencia a los primeros contagios de España, detectados en La Gomera a finales de enero; las comunicaciones de entrada y salida de la Delegación del Gobierno en Madrid o los informes en los que se apoyó la celebración de las manifestaciones del 8-M.

Entre las preguntas escritas nunca contestadas se cuentan algunas muy específicas sobre movimientos producidos desde el 14 de marzo en las cárceles con los etarras o las que aluden a la sanción a un asesor de Bildu por romper el confinamiento, que fue finalmente evitada por Interior.

También se acumulan las que, circunscribiéndose a los últimos acontecimientos, tratan de certificar si la directora general de la Guardia Civil telefoneó a Pérez de los Cobos y mantuvo con él una conversación que, presuntamente, habría desembocado en el despido del coronel.

Constan además varias que aluden al general José Manuel Santiago -portavoz de la Benemérita en las ruedas de prensa de la pandemia- y las declaraciones en las que dijo que se rastreaban las redes para «minimizar el clima contrario a la gestión del Gobierno» en esta crisis. La suya es una de las comparecencias que el Grupo Popular espera en la Comisión de Interior que preside la diputada socialista Ana Botella, anterior Secretaria de Estado de Seguridad con Grande-Marlaska, que no ha convocado ninguna sesión en mayo.