Los líderes del «procés», ante la Justicia por atentar contra España

La Sala Penal del Tribunal Supremo –la cumbre del sistema judicial español– será el escenario de una vista que marcará en adelante la agenda política de España, que se adentra en una carrera electoral hacia los comicios locales y autonómicos del 26 de mayo.

Siete prestigiosos magistrados, entre ellos el presidente del tribunal, Manuel Marchena, escribirán el relato judicial de lo sucedido, un desenlace que quedará para los libros de historia, en una sentencia que se espera para antes de agosto.

Uno de los protagonistas del mayor golpe al Estado de Derecho desde el 23-F será un ausente: el antiguo presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, líder del plan ilegal, que no se atrevió a asumir las consecuencias de sus actos y se fugó a Bélgica en 2017.

A los doce acusados, encabezados por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, les atribuyen delitos de rebelión, sedición y malversación . La rebelión, uno de los crímenes más graves del Código Penal, castiga a aquellos que declaren la independencia de una parte de España a través de un alzamiento violento y público . Se considera un atentado contra la Constitución, contra los valores democráticos del Estado de Derecho sobre el que la Carta Magna se sustenta.

El juez que investigó los hechos, Pablo Llarena, apreció este delito al cerrar la investigación y otorgó al «procés» «una gravedad y persistencia inusitada y sin paragón en ninguna democracia de nuestro entorno». Tampoco lo ha tenido el acoso que el propio Llarena y el sistema judicial español han sufrido durante la instrucción –y también en los últimos días– por parte de los grupos más radicales del independentismo, que han llegado a arrojar excrementos a las puertas de órganos judiciales en Cataluña.

El gran debate del juicio –que los acusados intentarán convertir en un altavoz para sus mensajes políticos– s erá la existencia o no de violencia en el «procés», un requisito para que exista el delito de rebelión. La Fiscalía del Supremo no tiene dudas y describe el plan secesionista ilegal como un levantamiento «salpicado de fuerza y violencia». El Ministerio Público sitúa estos brotes violentos en los sucesos del 20 de septiembre de 2017, cuando una masa de militantes asedió a la Guardia Civil en la consejería de Economía, y en el referéndum ilegal del 1 de octubre , cuando la inacción de los Mossos d’Esquadra precipitó la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, lo que provocó choques con los votantes independentistas. La violencia continuó con escraches y hostigamientos a los agentes, así como con cortes de carreteras y barricadas, según el escrito de la acusación pública, en manos de cuatro fiscales de sala, la máxima categoría de la carrera.

En total solicitan 177 años de prisión para los doce acusados. La pena más alta recae sobre Junqueras, 25 años de cárcel, por rebelión agravada, un delito que absorbe la malversación y que se endurece por su condición de líder. El Ministerio Público también considera dirigentes de la rebelión –en este caso sin malversación– a Carme Forcadell, la expresidenta del Parlament, y a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los agitadores del independentismo en las calles como antiguos presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural . Pide para los tres 17 años.

Cinco exconsejeros catalanes –Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, y Dolors Bassa– son acusados de rebelión agravada, con malversación, pero como mandos subalternos, sin ser jefes. Se enfrentan a 16 años. Los otros tres procesados son el «arrepentido» Santi Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó, tres antiguos consejeros del Govern de Puigdemont con un rol secundario. La Fiscalía les atribuye delitos de malversación y desobediencia grave, y reclama 7 años.

Con un relato casi antagónico, la Abogacía del Estado cambió su posición en el último momento de la investigación, meses después de la llegada del socialista Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno de la mano de los grupos independentistas.

La Abogacía, que depende del Ministerio de Justicia, descartó acusar por rebelión y solo aprecia delitos de sedición y malversación . Esa tesis –condensada en el escrito de acusación, que aludió a «una actitud hostil» de los acusados, sin referirse en ninguna ocasión a la violencia– reduce el plan secesionista ilegal a una cuestión de orden público. La resistencia ante esa claudicación por parte del abogado del Estado encargado del caso hasta ese momento, Edmundo Bal, le costó su purga como jefe penal de los servicios jurídicos del Estado. En su lugar, Rosa Seoane representará a la Abogacía del Estado en el juicio.

En la vista también estará presente el partido Vox, que actúa como acusación popular y cuya presencia garantiza que el delito de rebelión estará siempre sobre la mesa, incluso si la Fiscalía suaviza sus tesis tras la práctica de las pruebas, que incluirán los testimonios de Rajoy y Montoro.

Enfrente de estas posiciones se sitúan los acusados, que defienden que se trata de un juicio político al independentismo. Nueve de ellos están en prisión preventiva. En el salón de plenos del Supremo, donde también se celebró la revisión del fallo del 23-F, se escribirá durante los próximos tres meses un nuevo capítulo de nuestra historia.