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Política

La campaña de los excrementos independentistas se extiende a la Comunidad Valenciana

Los CDR reivindican un ataque al Palacio de Justicia de Vinaroz en protesta por el juicio a los políticos separatistas

Imagen del lanzamiento de excrementos en el Palacio de Justicia de Vinaroz difundida por los CDR ABC

ABC

Los radicales independentistas catalanes vuelven a atacar a la Comunidad Valenciana . En esta ocasión, los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) han reivindicado una acción de protesta en el Palacio de Justicia de la localidad castellonense de Vinaroz que ha consistido en el lanzamiento de excrementos durante la pasada madrugada.

Los CDR protestan de esa forma ante el inicio del juicio contra los dirigentes que auspiciaron la consulta separatista ilegal del 1 de octubre de 217, que arrancará el 12 de febrero en el Tribunal Supremo.

La localidad de Vinaroz, en el norte de la provincia de Castellón , ya había sido objetivo en el pasado de los indepedentistas catalanes con acciones como la cadena humana a favor del secesionismo que irumpió en su término municipal.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) han explicado que los servicios de limpieza municipales de Vinaroz han procedido a la retirada de una pancarta y de varios sacos de estiércol. El ataque reivindicado por los CDR de «Terres del Ebre» no ha afectado al normal funcionamiento de los juzgados de la localidad castellonense, de acuerdo con las mismas fuentes.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado "de manera rotunda y enérgica la cadena de sabotajes a las sedes judiciales" q ue se ha producido en una veintena de juzgados catalanes al igual que el Palacio de Justicia de Vinaroz durante la madrugada de este lunes y que ha obligado a cerrar algunas instalaciones.

En un comunicado, el alto tribunal catalán afirma que las acciones cometidas han causado "una importante incidencia en la apertura de los edificios judiciales , al punto de obligar el cierre de algunas instalaciones", y rechaza cualquier acción que busque alterar el normal funcionamiento de las instituciones del Estado.

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