El líder del Polisario ficha a un experto en Internacional para defenderse en la Audiencia Nacional

El movimiento se produce después de que el instructor dictase una providencia dirigida al Decanato de los Juzgados de Logroño para instarles a habilitar los medios telemáticos necesarios a fin de que Gali pudiera comparecer desde allí, en caso de que su estado de salud desaconsejase el desplazamiento a Madrid. En esa misma resolución, el juez advertía al líder saharaui de que si no designaba un abogado se le impondría un letrado de oficio.  

Según informan en fuentes jurídicas a ABC, el designado ha sido Manuel Ollé, que fue presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y cuenta con larga experiencia en causas penales en aplicación de la jurisdicción universal. Fue, por ejemplo, acusación particular en el procedimiento por el asesinato en Guatemala del jesuíta español Ignacio Ellacuría, y ha estado presente igualmente en los procedimientos instados desde España contra Pinochet y Schilingo, entre otros.

Tal y como explicó este diario, Gali, que se está recuperando de coronavirus ya en planta en el hospital de Logroño donde fue ingresado tras su evacuación sanitaria desde Argelia, tiene intención de ponerse a disposición de la Audiencia Nacional el 1 de junio , cuando ha sido citado. Otra cosa es que se avenga a declarar, según las fuentes consultadas en su entorno. Tendrá que analizarlo, ahora sí, con su nuevo letrado.

El líder polisario, cuya acogida en España por «razones humanitarias» -el Covid le produjo una neumonía bilateral que se complicó hasta temer por su vida-, desató una tormenta en las relaciones con Marruecos, tiene dos causas abiertas en la Audiencia Nacional. Ambas habían sido archivadas pero se han revitalizado con su llegada.

La primera es la impulsada por un saharaui de nacionalidad española que denunció haber sido sometido a torturas en centros de detención ilegal en los campos de Tinduf durante una visita en la que organizó actos disidentes con la línea oficialista. Sitúa a Gali como responsable por elevación, dado que su relato apunta a las fuerzas policiales que como líder, él comanda.

La segunda es la que promueve la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos y que constituía una de las pocas causas vivas de jurisdicción universal en la Audiencia Nacional una vez cercenada por reforma legal la posibilidad de perseguir las conductas de lesa humanidad que no implicasen a ciudadanos españoles.

Los querellantes sitúan residiendo en España a los responsables de delitos de genocidio y también como nacionales a parte de las víctimas, si bien los primeros no fueron identificados por falta de colaboración de Argelia y los segundos, no llegaron a personarse. La causa se archivó por ello en el otoño de 2020 pero se ha revitalizado con el ingreso de Gali en España.

Tanto la Fiscalía como el instructor se han opuesto a adoptar contra él medidas cautelares, descartando desde la prisión provisional hasta la entrega del pasaporte o cualquier control telemático por entender que ni una ni otra querella reúnen indicios suficientes de la participación de Gali en los hechos que relatan. Sí coinciden en que se le debe notificar la interposición de ambas ofensivas legales y tomarle declaración al respecto. Esa es la diligencia pendiente y con fecha de 1 de junio que los querellantes están esperando.