¿Ley de Seguridad, 155 o estado de excepción?

Ayer martes tanto el presidente del PP, Pablo Casado , como el de Ciudadanos, Albert Rivera , abogaban por utilizar la Ley de Seguridad Nacional, pero ambos se han decantado esta mañana por la aplicación del artículo 155 de la Constitución . Vox , por su parte, urgió ayer a declarar el estado de excepción. Tres fórmulas que difieren tanto en su alcance como en su tramitación.

La Ley de Seguridad Nacional permitiría al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, declarar la existencia de una «situación de interés para la seguridad nacional» en Cataluña y ampliar sus facultades para garantizar «la defensa de España y sus principios y valores constitucionales» y «proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos».

Para aplicar esta legislación, el presidente del Gobierno tendría que aprobar un Real Decreto en el que definiera la crisis de seguridad, el territorio al que afecta, los recursos materiales y humanos necesarios que se dedicarán a la operación, su posible duración y si cabría prórroga. El texto entraría en vigor casi de manera inmediata ya que no requiere de convalidación en el Congreso de los Diputados .

La Ley de Seguridad Nacional permite al presidente del Gobierno asumir el mando de toda la Administración, lo que incluiría en este caso a los Mossos. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado esta misma mañana que la coordinación entre este cuerpo, la Policía Nacional y la Guardia Civil está siendo perfecta, viniendo a descartar el control político de los Mossos.

Para coordinar y dirigir el restablecimiento del orden, la ley permite a Sánchez nombrar a una «autoridad funcional» durante un tiempo determinado y con unas competencias previamente definidas. En ningún caso se podrán limitar los derechos fundamentales ni las libertades públicas de los ciudadanos.

La Ley de Seguridad Nacional fue impulsada por el primer Gobierno de Mariano Rajoy y aprobada por el Congreso de los Diputados en septiembre de 2015, tras un pacto alcanzado entre el PP y el PSOE, ya entonces dirigido por Pedro Sánchez. Los socialistas introdujeron muchos cambios y enmiendas hasta que estuvieron conformes con el resultado final, por lo que se trata de un texto cuya aplicación no debería generar rechazo en este partido.

No obstante, aún no se ha aplicado en ninguna ocasión. En el año 2017 y ante el referéndum ilegal del 1 de octubre, el Ejecutivo popular estuvo valorando muy seriamente su aplicación en lugar del artículo 155 de la Constitución . Pero finalmente la desechó al entender que el trasfondo del problema era político y no de seguridad interior y que, por tanto, no sería un instrumento eficaz para devolver la legalidad a Cataluña.

Este precepto de la Carta Magna permite al Ejecutivo limitar la autonomía de una comunidad que haya desatendido sus obligaciones constitucionales o legales o que haya atentado gravemente contra el interés general.

Previamente, es necesario que el Gobierno envíe un requerimiento al presidente de la comunidad en cuestión pidiéndole que ponga fin a sus actuaciones. Solo si éste no lo atendiera, el Consejo de Ministros podría solicitar al Senado la aplicación del citado artículo. La Cámara Alta debe aprobarlo por mayoría absoluta.

Una vez completados todos estos trámites, el artículo 155 permite al Gobierno «adoptar las medidas necesarias» para «obligar» a esa comunidad a cumplir sus obligaciones legales o proteger el interés general. La limitación de la autonomía se produce poruqe el Gobierno estará en disposición de «dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas».

La aplicación de este artículo solo se puede realizar de manera temporal dado su carácter excepcional. De hecho, solo se ha aplicado en una ocasión, octubre de 2017, tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña. En aquel momento, el Gobierno popular recibió el respaldo del PSOE de Pedro Sánchez y también de Ciudadanos . No obstante, estos partidos limitaron la intervención del Ejecutivo central, por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones.

Aunque anteriormente nunca había llegado a aplicarse, en 1989 el Gobierno de Felipe González sí se vio obligado a requerir al presidente de las Islas Canarias. Sin embargo, se produjo después un acuerdo que evitó la intervención de la autonomía.

La declaración del estado de excepción permite al Gobierno limitar el ejercicio de derechos y libertades fundamentales como el secreto de las comunicaciones, la libertad de circulación y residencia, o los derechos de reunión, manifestación o huelga. Está recogida en el artículo 116 de la Constitución y requiere la autorización previa del Congreso de los Diputados.

Para su aplicación es necesario que el orden público se haya visto alterado gravemente o que se haya producido la vulneración grave del libre de ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. También puede declararse si quedara comprometido el funcionamiento de los servicios públicos esenciales o de las instituciones democráticas. Pero en cualquiera de los supuestos es preciso que el Gobierno sea incapaz de devolver la normalidad al territorio con sus facultades ordinarias.

La Carta Magna establece que «la autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración , que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos».

Es decir, que su declaración debe detallar, por tanto, cuáles son los derechos que quedan suspendidos, las medidas extraordinarias a adoptar y también las sanciones económicas que enfrentarán quienes las vulneren. La excepcionalidad debe ser la mínima necesaria para permitir la vuelta a la normalidad.

Las libertades y derechos fundamentales no pueden suspenderse completamente pero sí pueden limitarse a niveles mínimos. De este modo, las fuerzas del orden podrían detener a cualquier persona de la que sospecharan de manera fundada que planea alterar el orden público y mantenerla retenida durante diez días . El único requisito sería que el juez sea informado de la detención, como muy tarde, a las veinticuatro horas de haberse producido.

También podrían llevar a cabo todas las inspecciones y registros domiciliarios necesarios para la investigación de los delitos de orden público que se hayan cometido o estén siendo planeados. Asimismo, el Estado podría intervenir todas las comunicaciones simplemente informando de ello al juez o suspender la actividad de cualquier medio de comunicación, cine o teatro.

Además, podría prohibir la convocatoria de huelgas y el libre movimiento de personas y tráfico en determinados lugares o franjas horarias. También podría exigir autorización previa para la convocatoria de reuniones y tendría potestad para disolverlas necesitando tan solo una orden escrita.

La Constitución recoge, no obstante, que «la declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes».

Si las alteraciones del orden quedaran controladas antes de lo previsto, el Gobierno podría levantar el estado de excepción mediante Real Decreto.