Cs exige que los letrados del Congreso se pronuncien sobre el amaño para dirigir Protección de Datos

Como desveló ABC ayer martes, el Gobierno pretende implicar a la Cámara Baja en estos enmarañados nombramientos y, así, repartir posibles responsabilidades legales. El Consejo de Ministros decidió esta maniobra en su reunión del 22 de febrero, pero, curiosamente, ocultó ese acuerdo en la reseña que publica habitualmente tras cada sesión del Consejo para dar cuenta de los asuntos tratados en ella. Se ha conocido finalmente por el BOE.

La ley orgánica que regula el funcionamiento de la AEPD obliga a elegir al presidente y a su adjunto con un proceso selectivo que respete los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Sin embargo, el PSOE y el PP pactaron en octubre repartirse esos dos cargos y, un mes antes de convocar el concurso de méritos, dijeron con nombres y apellidos para quiénes van a ser. El enjuague fue bendecido el 14 de febrero por el socialista Félix Bolaños y el popular Teodoro García Egea , a la sazón ministro de Presidencia y secretario general de los populares , respectivamente. Para rematar, Unidas Podemos se apresuró a decir que ellos también habían participado activamente en el acuerdo como socios de Gobierno. El pacto abarcó también la renovación de cargos en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Cuentas, y el del Defensor del Pueblo.

En la parte que queda por ejecutar, el arreglo para dirigir la Agencia de Protección de Datos, ahora está por ver si el amaño lo mantiene en el Congreso el actual PP, que en este momento está descabezado en la práctica por su crisis interna, a la espera de que Alberto Núñez Feijóo sustituya a Pablo Casado al frente del partido, lo que formalmente no ocurrirá hasta abril. Mientras tanto, el Gobierno sigue la hoja de ruta que pactó en octubre con la cúpula popular, y estos días anda ultimando la maniobra, tras una apariencia concurso de méritos carente de baremo conocido ni puntuación objetiva de los aspirantes.

Para repartir responsabilidades, ha torcido la ley y ha decidido implicar al Congreso en este enredado asunto . La ley de la AEPD dice claramente que el Congreso no tiene ninguna capacidad para seleccionar a los aspirantes. Es el Consejo de Ministros quien debe elegir al presidente y al adjunto de la AEPD, ha de hacerlo a propuesta de la ministra de Justicia – Pilar Llop en la actualidad– tras el preceptivo informe del comité de selección convocado al efecto. El Congreso, según la ley de la AEPD, se limita a ratificar los nombres decididos por el Consejo de Ministros.

El Gobierno, ante el amaño que hicieron público en octubre el PSOE y el PP, ha optado por repartir la responsabilidad con el Congreso. Y el Consejo de Ministros, en vez de consumar esa selección amañada, pasa la pelota a la comisión parlamentaria de Justicia , para que sea la que elija entre las ternas que el Gobierno le envía, una para la presidencia de la AEPD y otra para su adjunto. El Ejecutivo se ha encargado de que en cada una de esas ternas estén los nombres de Cardona y Adsuara, los ungidos por el arreglo alcanzado en octubre entre el PSOE y el PP.

Este caso lleva camino de conducir este proceso ante los tribunales y que incluso podría tener recorrido penal si se denuncia por prevaricación ., según han coincidido en indicar a ABC fuentes jurídicas y alguno de quienes han concursado para dirigir la Agencia de Protección de Datos.

A la vista del cúmulo de anomalías que han ido aflorando tras el anuncio de amaño que hicieron el PSOE y el PP en octubre, Cs quiere que los diputados de la comisión parlamentaria de Justicia no participen sin más en esta maniobra y lo hagan previo informe jurídico de los letrados de la Cámara, porque el voto puede resultar comprometedor para esos parlamentarios. Esta solicitud de Cs llega tras polémicas decisiones de la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, en las que se ha visto enredado el cuerpo parlamentario de letrados, como ha sido el caso que ha rodeado a la inhabilitación del diputado condenado de Podemos , Alberto Rodríguez, o la actuación en torno al voto del popular Alberto Casero , con el que el Gobierno salvó su reforma laboral.

La petición de Cs se sustancia en un escrito dirigido a la Mesa del Congreso. La firma el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, que además es abogado del Estado en excedencia.

Exigen ese informe al amparo del artículo 45 del Reglamento del Congreso de los Diputados . El artículo reza así: «Los letrados prestarán en las comisiones y respeto de sus mesas y ponencias el asesoramiento técnico jurídico necesario para el cumplimiento de las tareas de aquéllas» . Y, visto lo grave del embrollo, Cs entiende más que justificado que los letrados informen y que los diputados que van a tener que votar sean plenamente conscientes, política y jurídicamente, del asunto al que se enfrentan.

La comisión de Justicia del Congreso está presidida por el socialista Felipe Sicilia , portavoz adjunto del PSOE en la Cámara Baja y portavoz de la Ejecutiva federal del partido. En esa comisión, el PSOE y el PP suman holgada mayoría, suficiente para sacar adelante esa votación que les ha endilgado el Gobierno.