El Gobierno implica al Congreso en el amaño del concurso para dirigir Protección de Datos

La reducida lista de finalistas elegida por el Gobierno y trasladada al Congreso incluye los dos nombres que pactaron de antemano el PSOE y el PP antes de convocar el concurso. El BOE publicó este martes esos nombres y su traslado al Congreso.

Para rematar, los aspirantes -al menos los 'no oficiales'- no han tenido acceso alguno a las puntuaciones y al preceptivo informe motivado de selección , según ha confirmado a ABC uno de los candidatos. Este diario ha solicitado ese informe al Ministerio de Justicia, pero no lo ha facilitado por entender que no es público. Sin embargo, este mismo martes ha sido filtrado por el diario digital Público , de modo que ha sido así, y no por procedimiento reglado alguno, como los aspirantes se han podido enterar de lo esgrimido por el comité de selección, avalado por la ministra de Justicia, Pilar Llop , y aprobado por el Consejo de Ministros.

Pero el informe filtrado no permite conocer en ningún caso qué puntuaciones específicas ha obtenido cada aspirante. Y los candidatos, hasta la fecha, tampoco han podido saber qué puntuación han obtenido ni el baremo de valoración que se ha aplicado para evaluar los méritos aportados por cada uno de ellos y las entrevistas a las que les sometió el comité de selección. Así lo ha confirmado un aspirante consultado por ABC, que ha subrayado la indignación que cunde entre los candidatos ‘no oficiales’, por estos nuevos pasos que ha dado el Gobierno. «No hemos recibido ninguna resolución, ningún informe de valoración, ni se nos ha notificado ni hemos tenido acceso administrativo al preceptivo informe justificativo del comité de selección», indicó a ABC un candidato que ha pedido mantener el anonimato.

Todo este enmarañado caso empezó hace casi cinco meses, cuando el PSOE y el PP pactaron la renovación de varios órganos constitucionales. El acuerdo lo cerraron, el 14 de octubre, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. A posteriori, Unidas Podemos presumió de haber sido parte activa en ese arreglo y haber dado su visto bueno.

En aquel momento, socialistas y populares dijeron públicamente para quiénes iba a ser la presidencia y el adjunto a la presidencia de ese organismo, pese a que la ley obliga a elegirlos con un proceso selectivo que respete los principios de igualdad, mérito y capacidad. De hecho, el proceso selectivo reglado se convocó un mes después de que el PSOE y el PP proclamaran quienes iban a ser los agraciados con esos cargos.

Ahora, ante el escándalo que ha suscitado el proceso, el Gobierno ha dado una vuelta de tuerca más y ha torcido la ley para repartir la responsabilidad con el Congreso y que sean los diputados de la comisión parlamentaria de Justicia los que consumen los nombramientos, pese a que no le corresponde tal competencia.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este martes el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 22 de febrero, en el que, a propuesta de la ministra Llop, se aprobaron dos ternas: tres finalistas para la presidencia de la AEPD y otros tres para el puesto de adjunto a la presidencia. En ambas ternas aparecen los nombres que en octubre, antes de convocarse siquiera la oposición, el PSOE y el PP decidieron que iban a ser los elegidos: María Belén Cardona Rubert para presidenta y Borja Adsuara Varela como adjunto .

Fuentes jurídicas y aspirantes consultados por ABC han indicado que estas ternas son, en sí mismas, otra irregularidad más. Con ellas, el Gobierno se salta tanto la ley de 2018 que regula el proceso selectivo para la cúpula de la AEPD como la propia orden específica que se publicó en noviembre para convocar dicho concurso de méritos y regular su procedimiento.

Toda esa normativa dice, nítidamente, que el Consejo de Ministros, a propuesta de la titular de Justicia y previo dictamen del comité de selección constituido al efecto, decidirá el nombre para ocupar la presidencia y para ocupar el adjunto a la presidencia. Es decir, el Consejo de Ministros debía decidir un único seleccionado para cada puesto, en ningún caso una terna, y elevar esos dos nombres a la Comisión de Justicia del Congreso para su mera ratificación. Según la ley, el Congreso no debe tener ningún margen de maniobra para elegir entre distintos candidatos.

Sin embargo, con el nuevo paso que ha dado el Gobierno, ahora la pelota la tienen los diputados que componen la Comisión de Justicia del Congreso, que preside el socialista Felipe Sicilia , quien también es portavoz adjunto del grupo parlamentario del PSOE y portavoz de la Ejecutiva federal del partido. Los socialistas ocupan trece de los 38 escaños con voto en esta comisión, y nueve el PP. Es decir, suman holgada mayoría para consumar estos nombramientos de la cúpula de la AEPD.