Las defensas del «procés» abren el juicio con una arenga separatista y cuestionan al tribunal

[ Sigue en directo la primera jornada del juicio al 1-O ]

En su intervención, el abogado de Junqueras, el letrado Andreu Van den Eynden , ha pronunciado un alegato político y ha calificado el juicio contra los doce líderes del «procés» de «causa general contra el independentismo catalán». El letrado defiende que la causa atenta contra los derechos fundamentales y políticos de las antiguas autoridades de Cataluña y «contra la disidencia política». Para denunciar esa situación, el abogado se ha atrevido a invocar incluso la Constitución española, la Carta Magna consensuada en 1978 que el «procés» ignoró y pasó por encima.

Según este abogado, el plan ilegal de los doce acusados –que incluyó unas leyes de ruptura fuera del ordenamiento constitucional, un referéndum prohibido por la Justicia y una declaración unilateral de independencia- solo fue una actuación política en « defensa del derecho de autodeterminación » amparada por la libertad de expresión. Ahí ubicó el debate Van den Eynde, al asegurar que los siete magistrados del tribunal deberán resolver si el «procés» tiene cabida dentro de esa libertad de expresión (especialmente reforzada en la arena política) o supuso un alzamiento violento para imponer la secesión, la tesis de la Fiscalía, representada en esta primera sesión por Javier Zaragoza y Fidel Cadena .

«El derecho de autodeterminación es la fórmula para que no existan conflictos en el mundo, es sinónimo de paz y no de guerra. Ninguna ley internacional o de la UE impide la secesión de una entidad subestatal», ha manifestado el abogado, que ha llegado incluso a desligar este derecho de las situaciones coloniales, el único contexto en el que este derecho está permitido según el Derecho Internacional.

Van den Eynde ha enumerado las supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales que, según él, la causa por rebelión ha supuesto: el derecho a la protesta, los derechos políticos, el derecho a la deliberación, la separación de poderes, el principio de legalidad, y la presunción de inocencia. «Lo que hacen los catalanes es protestar, porque estamos políticamente excluidos de determinadas decisiones. Si no puedo opinar, tengo que tener derecho a protestar», ha concluido el letrado, que ha aludido en diversas ocasiones (la primera solo seis minutos después de comenzar a declarar) al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, al que los acusados acudirán después de la sentencia. Este tribunal solo puede enjuiciar la vulneración de derechos y no revisar el fallo.

Desde el primer momento, el abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero , se ha desvinculado del marcado carácter jurídico que tuvo la intervención de su compañero. «Esto es un juicio penal, como lo es el de una estafa», ha dicho el letrado nada más empezar a hablar. Y aunque este tema «no lo querríamos nadie en la jurisdicción penal, aquói estamos, y hay que solucionarlo con los instrumentos con los que contamos, que es la ley».

Melero ha recordado que su cliente no está sentado en el banquillo por ser un miembro más del Govern ni por la declaración unilateral de independencia. «No está en este grupo homogéneo de responsabilidad compartida», ha sostenido. Su relación con el 20 de septiembre o el 1 de octubre es porque, según la acusación, «Forn tenía capacidad de dominio sobre la fuerza policial». En este sentido, Melero ha considerado fundamental la acumulación de la causa del Supremo con la que se ha instruido en la Audiencia Nacional contra el «exmajor» de los Mossos, Josep Lluis Trapero , y sus jefes «políticos». Melero ha argumentado que la acumulación de ambos procedimientos no convertiría la causa en «ingobernable», pues el contenido sustancialmente es el mismo.

De igual forma, la defensa ha pedido que testifique el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido al entender que las declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría van a estar plagadas de referencias al titular de Interior en aquel momento. «Ya que vienen políticos este no puede faltar», ha ironizado.

Estas impugnaciones que han abierto el juicio forman parte de las llamadas cuestiones previas de forma , el trámite inicial de la vista en el que las defensas pueden exponer sus alegaciones por vulneración de derechos o cuestiones procedimentales. El presidente del tribunal les ha otorgado un margen de cuarenta y cinco minutos a cada uno de los letrados por acusado, un turno de especial flexibilidad según lo que marca el tribunal de Estrasburgo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tras las defensas, las acusaciones podrán rebatir. Los acusados se han sentado en el habitual banquillo previsto para ellos.

Con este debate técnico ha comenzado el juicio al procés, una vista histórica que marcará la dimensión de una crisis política que llegó demasiado lejos. La Fiscalía del Supremo considera que los líderes del «procés» asumieron la violencia como un medio inevitable para sus fines ilegales y alentaron una insurrección para lograr la secesión catalana por la vía de los hechos, fuera de los cauces legales. Califica por ello los hechos como un delito de rebelión, uno de los más graves del Código Penal.

Dentro de la estrategia coordinada entre las defensas de los acusados, el letrado Jordi Pina se ha encargado de cuestionar la imparcialidad de los siete magistrados del tribunal que enjuiciarán los hechos y ha planteado la recusación de cuatro de ellos. El abogado defensor, que ha utilizado un tono satírico en ocasiones, considera que los magistrados Manuel Marchena, Andrés Martínez, Ramón Berdugo y Luciano Varela están «contaminados» por su habitual colaboración profesional con el juez que investigó los hechos, el magistrado Pablo Llarena . A Marchena también le ha señalado porque formó parte de la sala que admitió la querella por rebelión de la Fiscalía y ya se adentró por tanto, según él, en el fondo de estos hechos. El Supremo ya ha rechazado en varias ocasiones esta petición de apartar a los jueces.

Al exponer sus argumentos sobre la vulneración de las garantías para un juicio justo, Pina ha aludido al mensaje enviado por la red social Whatsapp del senador del PP Ignacio Cosidó que frustró la renovación del Consejo General del Poder Judicial. «Quizás Cosidó se lo inventó, pero Europa nos dice siempre que las apariencias son muy importantes, y puede que me digan que yo soy imparcial, pero objetivamente con todo lo que les he contado hay una apariencia de falta de imparcialidad», ha manifestado el abogado. La amenaza de Estrasburgo volvió a sobrevolar de nuevo en los alegatos de impugnación de las defensas.

El letrado que representa a Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez aludió a una columna periodística del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes , que alababa el trabajo del magistrado instructor, Llarena. El letrado sugirió que la sensación que le invade es que los magistrados del Supremo actúan en defensa de la unidad de España, dijo, y les ha pedido que sean jueces, «no salvadores de la patria».

Entre sus peticiones, el abogado ha insistido en que se llame a declarar al Rey como testigo, una petición que la sala de enjuiciamiento ya rechazó. Que esté exento por ley no significa que esté prohibido que lo haga, ha alegado. «No quiero importunar a Su Majestad, pero mis mandantes tiene derecho a que se le pueda interrogar sobre lo que dijo el 3 de octubre, pero también sobre lo que no dijo», ha asegurado. También ha pedido que testifique el expresidente catalán Carles Puigdemont, aunque sea «incómodo» que aparezca en «una pantalla desde Bruselas» cuando le corresponde sentarse en el banquillo de acusados.

Al reanudarse la sesión por la tarde, la manida expresión del «derecho penal del enemigo» ha vuelto a sobrevolar el salón de plenos del Supremo, en esta ocasión en boca del abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, cuyo discurso ha sido similar, en lo político, al de Van den Eynde en el sentido de calificar est juicio como político. Salellas ha lamentado que el juicio comience sin la prueba documental completa y, como novedad, ha pedido al Tribunal que expulse a Vox como acusación popular .

«Existe una cierta capacidad del tribunal de filtrar los escritos de acusación, por lo que creemos que el tribunal debería expulsar todos aquellos hechos que suponen una vulneración de derechos». Y es que, a su juicio, el único motivo que ha llevado al procesamiento de su cliente que, como recordó, nunca ha estado aforado, es el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación. «¿Buscar la adhesión a una demanda política de referéndum es un hecho delictivo?», se preguntó el letrado. Y, como el abogado de Junqueras horas antes, también aludió a la Constitución tan pisoteada durante el«procés». «A pesar de que en la Constitución española no hay mandato especifico, todos los ciudadanos debemos defender los derechos fundamentales (…) Si empieza este juicio, el sistema de derechos y libertades habrá entrado en un universo de riesgos irreparables», ha lamentado.

La defensa de Santi Vila, por su parte, ha aprovechado la primera jornada de este juicio para desvincularse del resto de defensas . Pablo Molins, su abogado, ha pedido que su cliente no sea juzgado por el Tribunal Supremo porque, cuando se produjo la DUI, Vila dimitió por no estar de acuerdo con el resto de consejeros. De hecho, no está acusado por rebelión (sí malversación y desobediencia): «A diferencia de los demás, él se desmarcó de las decisiones del Gobierno catalán».